El ex presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, no se cansaba de repetir a todo el que quisiera escucharle que “la clave de la reducción de la pobreza y del desarrollo sostenible no era la economía, sino la educación”. En lo que coincidía -palabras más, palabras menos- con otro ex presidente, el colombiano César Gaviria, para quien “el problema de la desigualdad en Latinoamérica no es un problema de crecimiento económico, sino de educación”.
Cuando la Universidad de Panamá solicitó un presupuesto de 377 millones para la vigencia del 2023, sufrió a cambio un tijerazo que redujo sus aspiraciones. En la casa de Méndez Pereira temen que la historia vuelva a repetirse para la próxima vigencia presupuestaria, lo que afectaría el acondicionamiento de laboratorios, las tareas de investigación y la construcción de la nueva facultad de medicina, entre otras cosas. Y ante el aumento del número de nuevos estudiantes provocado por la migración desde universidades privadas, un nuevo recorte agudizaría la crisis.
La educación y la salud conforman la dupla fundamental en los destinos de cualquier nación. Ambos sectores merecen todo el apoyo y los recursos que se requieran para funcionar adecuadamente; al igual que la Universidad de Panamá, por el crucial papel que desempeña en el desarrollo de la nación. Pero, a cambio, resultaría saludable abrir sus puertas para rendirle cuentas al país y a la comunidad a los que sirve, sin parapetarse ni esconderse tras artilugios ni autonomías mal comprendidas. Porque, como bien expresara el periodista argentino Andrés Oppenheimer, “las grandes universidades latinoamericanas, blindadas contra la rendición de cuentas a sus respectivas sociedades gracias a la autonomía institucional de la que gozan, muchas veces parecen estar a salvo de cualquier crítica, por más fundamentada que sea. Son las vacas sagradas de América Latina”.
