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Etiqueta: Gobierno

La transición del gobierno ha llegado

El 7 de mayo, el presidente Laurentino Cortizo Cohen recibió en la Presidencia de la República al presidente electo José Raúl Mulino, y dialogaron sobre temas de importancia nacional y establecieron la coordinación para iniciar el proceso de transición ordenada y democrática del gobierno nacional.

Están pendientes tareas importante como lograr mantener las características físicas y químicas del entorno, garantizar la seguridad de las infraestructuras y, como alta prioridad, la exportación del material del concentrado de cobre que permanece hace 8 meses en una galera en el puerto de Punta Rincón.

En nota de prensa del Ministerio de la Presidencia informó lo relacionado a esta reunión:

“Estamos preparados para iniciar formalmente la transición que empezará con una reunión formal el próximo 3 de junio del 2024”, declaró el presidente Cortizo Cohen, y adelantó que su administración ya tiene preparados los informes de seguridad, economía y finanzas para dicho proceso.

Se destacó la importancia de ponerse de acuerdo en este periodo porque significa conocer la realidad de la nación en asuntos delicados y sin interrupción alguna, que es la transparencia ideal e indicada como se deben manejar los temas del Estado.

A escasos días de culminar la gestión de este gobierno, seguimos a la espera de lograr un acuerdo o al menos una hoja de ruta sobre el proyecto minero Cobre Panamá. Están pendientes tareas importantes como lograr mantener las características físicas y químicas del entorno, garantizar la seguridad de las infraestructuras y, como alta prioridad, la exportación del material del concentrado de cobre que permanece hace 8 meses en una galera en el puerto de Punta Rincón, que con el pasar del tiempo, se ha convertido en un potencial riesgo ambiental y del personal que aun labora en el proyecto dentro del marco de Preservación y Gestión Segura. Además, que la empresa ya ha expresado que con la venta producto de ese concentrado se implementara dicho plan.

No podemos detener el tiempo y pensar que otros resuelvan las situaciones que en diferentes comunicados se ha comprometido el Gobierno Nacional desde el mes de diciembre de 2023 a realizar. Con responsabilidad, Minera Panamá ha recibido las indicaciones que han surgido del gobierno y ha acatado las solicitudes, presentando un Plan de Preservación y Gestión Segura con su posterior actualización, resultado de las interrogantes solicitadas por la Comisión Intergubernamental.  Además, se recibió la visita de la Comisión Intergubernamental de Fiscalización Minera, que ya rindió su informe, el cual está disponible en la página web del Ministerio de Comercio (https://mici.gob.pa/). Asimismo, se publicó el Plan de Preservación y Gestión Segura presentado por Minera Panamá, S.A.

También está quedando pendiente lo relacionado a la Auditoria Integral de la Gestión Minera.

Me pregunto: ¿Seguiremos así? ¿Se logrará la salida del concentrado?; ¿podremos vender y lograr tener de esta manera parte del dinero que se requiere para abordar los aspectos ambientales, sociales y económicos?; ¿se hará la licitación para la contratación de la auditoría integral de la gestión minera? Son muchas preguntas y el tiempo ya tiene fecha de cumpleaños. Debemos seguir construyendo un país que sea garante de las políticas públicas, transparencia y guardián de la seguridad jurídica, que tanto se requiere y por lo cual la ciudadanía ha mostrado una esperanza de que se logre.

¿En tan corto tiempo, podremos cumplir con estas tareas? Se requiere voluntad y decisión. Ya pasó el torneo electoral y ya sabemos quiénes serán los próximos dirigentes de nuestro destino en el escenario mundial, construyamos puentes y no vados, vemos con detenimiento cuales son las mejores alternativas y proyectémonos como un país seguro para la inversión extranjera, muchos están a la espera de un nuevo ciclo de 5 años, no los defrauden.  

Renovación y sobrevivencia

La crisis social que se vivió en Panamá hace apenas un par de semanas fue un evento de gran magnitud que sacudió a la sociedad panameña. Las protestas, que se extendieron por más de 30 días, dejaron un saldo de decenas de heridos y detenidos, así como cuantiosos daños materiales, sin olvidar a los que perdieron la vida en los aciagos eventos.

Estas manifestaciones, impulsadas por el arraigado descontento popular vigente, ponen de manifiesto la necesidad de un cambio en el aparato de gobierno: la población ha perdido la confianza en las instituciones estatales y en quienes las dirigen, haciendo obligatorio que se tomen medidas para recuperarla. La renovación del gabinete ministerial y de todas aquellas instituciones que comparten responsabilidad con lo ocurrido, es una medida necesaria si a lo que se aspira es a trabajar y cerrar el quinquenio con una última buena impresión.

Estos cambios no serían suficientes para resolver los graves problemas de fondo que aquejan a la nación, pero, permitiría introducir nuevos liderazgos en la administración del Estado y volver a contar, siquiera, con una pequeña cuota de credibilidad que permita culminar, sin tantos sobresaltos, lo que resta del período presidencial. Y evitaría, por otra parte, las suspicacias como las provocadas por el anuncio del equipo que se encargará de ejecutar el Plan Nacional para enfrentar el cambio climático y el fenómeno del Niño. Entre las instituciones encargadas estarán el IDAAN, el Ministerio de Ambiente, el de Desarrollo Agropecuario, la Autoridad de los Servicios Públicos y el Ministerio de Salud, todas ellas con un común denominador: no cuentan con la confianza ciudadana porque han fracasado rotundamente en cumplir con las tareas que por deber le corresponden.

No hace falta esgrimir más razones para dejar establecido que la renovación del gabinete y de algunas otras instituciones, es una medida necesaria para la recuperación de Panamá.

Con las luces apagadas

La campaña electoral en Panamá para las elecciones de 2024, hasta ahora, se ha caracterizado por una inquietante falta de ideología por parte de los partidos políticos y la ausencia de planes de gobierno concretos de los aspirantes. Los candidatos, como acostumbran desde hace mucho tiempo ya, han estado recurriendo a la retórica y a los cantos de sirena que dicta el más crudo populismo, sin aterrizar en propuestas sólidas y específicas con las que abordar los desafíos urgentes que el país enfrenta.

Esta falta de planes políticos, claros y detallados, afecta seriamente la capacidad de los votantes para tomar decisiones informadas. Sin una visión estructurada de cómo los candidatos planean manejar áreas fundamentales como la economía, la educación, la salud, la seguridad y la corrupción, los ciudadanos actúan a ciegas al momento de decantarse por cualquiera de las opciones que aspiran a tomarse el poder. Para rectificar esto, se debe presentar planes de gobierno precisos y detallados; ofrecer, además, un desglose específico de las estrategias y tácticas propuestas, e indicar cómo las acciones resultarán en mejoras tangibles en la vida diaria de los ciudadanos.

Por otra parte, una ideología política clara resulta fundamental porque cuando los candidatos son transparentes acerca de sus valores y creencias dominantes, y cómo estos influirán en su liderazgo y en sus políticas, los votantes cuentan con un marco de referencia para comprender mejor la visión general de los candidatos y, por lo tanto, se facilita la creación de un consenso en torno a objetivos importantes para todos.

Los candidatos deben esforzarse por entablar un diálogo significativo con los ciudadanos, aclarando sus dudas y dando a conocer sus ideas y sus propuestas, explicando consistentemente cómo las mismas beneficiarán al país en su conjunto. De esta forma, se podría reforzar la confianza en el proceso electoral y garantizar un futuro más sólido para Panamá.

Degeneración política

Una ideología política resume el conjunto de ideas, valores, creencias y opiniones que dan forma a una visión particular del modo como se debe organizar la sociedad y de la manera de ejercer el poder político. La misma establece las pautas para el debate y, además, sirve de brújula al momento de tomar decisiones.

Generalmente las ideologías han caminado de la mano con los partidos, dentro de los cuales definen los objetivos, dan forma a las políticas que se llevan a cabo y definen el enfoque de la gestión de gobierno cuando se accede al poder. En definitiva, hasta hace muy poco la identidad de los partidos era definida por la ideología profesada.

Lo que antaño fueron grupos impulsados por una poderosa vocación de servir al bienestar general, terminaron convertidos en clubes donde una minúscula élite impone sus ambiciones e intereses particulares. Las expectativas de construir una sociedad en constante proceso de perfeccionamiento, degeneraron en un desmesurado apetito por ejercer el poder en beneficio propio, a expensas del desarrollo y de las esperanzas de las mayorías.

Los valores y las ideas quedaron atrás, al igual que la vocación de servir a los demás; en el presente, los partidos caminan abrazados al más obsceno oportunismo, lo que da lugar a espectáculos tan repulsivos como una danza de millones de dólares que no se refleja en las comunidades; o el de patéticos personajes que, sin dignidad alguna, ruegan por cariños expresados mediante generosas billeteras.

El hastío subterráneo

Winston Churchill era un convencido de la democracia. No dudaba en tildarla como la mejor forma de gobierno porque daba voz a los gobernados, el consentimiento de los cuales la convertía en el sistema político más estable que pudiera ser posible. No cerraba los ojos a sus defectos, sin embargo. Creía que podía ser manipulada por intereses particulares, además de lenta e ineficiente; y que también podía resultar vulnerable a los burdos tejemanejes de los populistas y los demagogos.

Los desafíos globales que afronta el sistema democrático hoy día son muchos: desde el auge del populismo y el resurgimiento de líderes autoritarios, hasta la crisis institucional- pasando por la falta de confianza en el gobierno, la desinformación con fines aviesos, la desigualdad social y los retos planteados por el cambio climático. A la democracia panameña hay que agregarle la remarcada polarización política y social, además de la desbocada corrupción que pudre todos los pliegues de la vida nacional, para tener la radiografía detallada de la situación imperante. Situación que, por cierto, adquiere ribetes riesgosos ante la perversa desconexión existente entre los gobernados y quienes- en teoría- representan sus intereses. Cuando estos supuestos “representantes” de los intereses populares viven en la opulencia más obscena mientras sus “representados” apenas sobreviven en las más difíciles condiciones, el terreno está abonado para los peligrosos extremismos populistas que ya han dejado un rastro funesto a lo largo del paisaje latinoamericano.

Insistir en una gobernanza sostenida sobre la descomposición ética y política reinante, no augura mejores días para la nación. Dicha obstinación solo conseguirá alimentar el descontento, de manera creciente, hasta que, superados los límites de la paciencia popular, la explosión llevará al país por cauces que todos sufriremos y lamentaremos. No podemos esperar que sea tarde para hacer las correcciones pertinentes.

Cuando gobiernan los ladrones

La situación resulta insostenible. Durante décadas los ciudadanos se han hecho de la vista gorda indiferentes a la amenaza que significa para la seguridad, la prosperidad y para el sistema democrático tanto local como mundial. La cleptocracia, que significa “gobierno de ladrones”, socava peligrosamente la democracia porque permite que un grupo de líderes y funcionarios corruptos se apoderen de las riquezas del Estado, lo que erosiona la confianza pública en el gobierno provocando inestabilidad y un creciente descontento que bien pueden terminar en incontenibles explosiones sociales. Por otra parte, los cleptócratas desvían y se apoderan de los recursos nacionales en beneficio de una reducida élite en desmedro de las condiciones de vida de las mayorías populares.

En un informe publicado en el 2019, el Banco Mundial estimó que entre el año 2000 y el 2017, la corrupción privó de 2.6 billones de dólares a los países en desarrollo. Latinoamérica, según revela la institución, pierde anualmente entre 150 mil millones y 200 mil millones de dólares por causa de la cleptocracia. Esto representa el 10 por ciento del Producto Interno Bruto de la región.

Panamá no es ajena al perverso fenómeno. Según un informe dado a conocer en el 2022 por la OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), la cleptocracia criolla le ha costado al país unos 28 mil millones de dólares desde 1990. ¿Cuántos hospitales oncológicos, cuántas escuelas, cuántos hospitales con equipamiento y atención de primer mundo pudieron construirse con esa fortuna atracada? La indiferencia, a estas alturas, raya en complicidad. Urge a cada ciudadano tomar consciencia que cuando un funcionario atraca las arcas del Estado, está metiendo la mano en su bolsillo y privándole de mejores infraestructuras públicas, de servicios de salud de calidad y de una educación de óptimo nivel tanto para él como para sus hijos y sus futuros nietos. Cada gobernante que atraca al erario atenta contra el desarrollo y la prosperidad general y no sólo se roba el dinero de todos: se roba el futuro de la nación.

El golpe mortal

Dos puntales medulares sobre los que se asienta la democracia son la legitimidad y la confianza. La primera apunta al reconocimiento y a la aceptación, por parte de los ciudadanos, de la autoridad de un gobierno o institución. La confianza, por su parte, es la expectativa que se tiene respecto a que una persona, institución u organismo cumpla con las obligaciones o funciones que le corresponden dentro de un orden determinado. Nadie lo ha expresado mejor que el ex primer ministro del Reino Unido, Harold Wilson, cuando señaló- por allá por la década de los 70- que “la confianza es el pegamento que une a los gobiernos y a los ciudadanos”.

Sin confianza, por tanto, no puede esperarse destino distinto a la degradación de la democracia. El sistema deja de funcionar cuando lo que impera es el reinado absoluto de la desconfianza; cuando las instituciones y quienes gobiernan no cuentan con un ápice de credibilidad, cuando se desconfía de los organismos, de las normas, del Estado, de los funcionarios, del resto de quienes conviven alrededor.

En Panamá, según las cifras del Latinobarómetro del 2020- que son las últimas disponibles- el 84.6 por ciento de la población no confía en la mayoría de las personas; mientras que el 34 por ciento dijo tener poca confianza en las instituciones, y el 38.1 por ciento expresó no tener ninguna. Un preocupante 37.6 por ciento tiene poca confianza en el Poder Judicial, mientras que 34.9 por ciento no le tiene ninguna. Luego de los eventos de los últimos tres años, esperar cifras mejores es pecar de ingenuos.

La polarización social se encuentra instalada en todos los rincones de la nación, y el estratégico “divide y vencerás” que ha definido desde siempre a la política criolla, hoy rinde sus amargos frutos en un país donde el divisionismo y la incapacidad para superar las diferencias amenazan el futuro cercano.

Comunicado a la Nación.

El día de hoy, el Presidente de la República de Panamá informará al pueblo panameño acerca de los esfuerzos del Gobierno Nacional para suscribir un contrato con Minera Panamá sobre la operación de la Mina de Cobre Panamá.

El pasado 14 de noviembre, el Gobierno fijó la fecha límite del 14 de diciembre de 2022, para que Minera Panamá concretara la firma de dicho contrato, sobre la base del acuerdo alcanzado entre las partes en enero de 2022. Bajo dicho acuerdo, la empresa pagaría a Panamá un mínimo de $375 millones anuales, mejoraría las condiciones laborales de nuestros trabajadores, proveería protecciones más sólidas para nuestro ambiente, y promovería el bienestar de las comunidades locales por medio de obras sociales.

Como muestra de nuestra voluntad y compromiso de firmar un contrato final, el Gobierno de Panamá puso 24/7 un equipo de negociación a disposición de Minera Panamá en las últimas cuatro semanas. Lamentablemente, durante este período la empresa Minera Panamá manejó la situación con discusiones prolongadas, presentando exigencias irrazonables que, en vez de acercarnos a los puntos originales del acuerdo alcanzado en enero, nos han alejado más de ellos.

A la medianoche de ayer venció el plazo, no obstante, en buena fe, el equipo del Gobierno mantuvo discusiones con la empresa hasta las 6:00 am de hoy. Aun así, la empresa no accedió a firmar el contrato propuesto por el Gobierno que reflejaba el acuerdo de enero de 2022. Por el contrario, la empresa envió a las 6:16 am una nueva propuesta que, entre otras cosas, cambiaba fundamentalmente aspectos económicos como, por ejemplo, una modificación al régimen de regalías previamente acordado. Esta conducta es lamentable.

De acuerdo a la Constitución Política de Panamá, “Las concesiones para explotación del suelo y el subsuelo . . . se inspirarán en el bienestar social y el interés público”. En ese sentido, el Gobierno Nacional ha trabajado incansablemente bajo la orientación del Presidente, para celebrar un contrato que haga justicia a nuestro país por la utilización de sus recursos naturales en beneficio del pueblo panameño.

El Presidente ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Gabinete en la cual se acordarán las medidas pertinentes. El Presidente de la República dirigirá un mensaje a la nación en el día de hoy.

Donde sobran las palabras.

El lenguaje verbal, en la política, no siempre revela: por el contrario, es la herramienta perfecta para maquillar y desvirtuar realidades. Es el gesto el que pone al descubierto lo que se piensa o pretende y que, muchas veces, las palabras intentan ocultar. No en vano se dice que la palabra miente, no así el inconsciente.

Pero no abonamos aquel gesto definido como “movimiento de una parte del cuerpo, especialmente de la cara o de las manos, con el que se expresa algo”. La atención apunta al gesto político concebido como una decisión o actuación bajo las cuales subyacen los valores y las intenciones de quien los suscribe o lleva a cabo. Es ahí, definitivamente, en la lectura de estos gestos convertidos en símbolos reveladores donde radica la verdadera motivación de la política, ¡de cualquier política!

Que el pasado jueves, en la agenda legislativa, el proyecto de ley 531, que hasta entonces estaba de séptimo, fuera bajado al punto 10, demuestra claramente que en la Asamblea Nacional los esfuerzos en contra de cualquier tipo de corrupción no son prioritarios. Porque el mencionado proyecto de ley procura inhabilitar “de manera permanente para contratar con el Estado a las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por corrupción o que hayan pactado acuerdos de colaboración o pena”.

La constancia con que ese órgano del Estado se niega a contribuir con leyes efectiva e inmediatas para hacer frente a la corrupción imperante resultan nocivas para la estabilidad y la buena marcha del país. Y pintan descarnadamente el menosprecio que profesan con respecto al adecentamiento reclamado por los miles de ciudadanos que se lanzaron hace poco a las calles hartos, entre otras cosas, de tanta podredumbre en la gestión de gobierno.

Economistas de la Universidad de Panamá recetan regulación y planificación para salir de la crisis.

Expertos en economía de la Universidad de Panamá advierten la consolidación de un proceso que está generando “el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población”. Lo anterior se desprende de un comunicado distribuido por la Facultad de Economía de esa casa de estudios que resume, además, una serie de medidas que estiman algunos de sus expertos, harán falta para salir de la actual crisis.

Según el documento, el país vive un “descontento generalizado” con raíces en las medidas de corte “neoliberal” de los últimos 25 años que terminan por “favorecer las grandes empresas, (nacionales y extrajeras)” con exoneraciones tributarias, al tiempo que desmejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Una serie de políticas neoliberales que “equivocadamente asumen que el mercado lo puede todo”, acrecentando “el deterioro de las condiciones de vida de la población, incluyendo los estratos medios; agudizándose la desigualdad del ingreso y la concentración de la riqueza en unos pocos que la controlan.”

“Se trata de problemáticas que la Pandemia puso en evidencia, y además pasó a agravarlas todas”, establece el documento, que manifiesta su preocupación, también, ante el hecho que “el empleo informal y los trabajos mal remunerados, aumenta, así como el deterioro del poder adquisitivo del ingreso de los panameños”.

Sin dejar de señalar como detonantes de la convulsión al “aumento exorbitante de los precios del combustible” y la “alta inflación de la canasta básica y medicamento”, incluye como causales del descontento a la “institucionalidad desgastada y desacreditada socialmente, por los altos niveles de corrupción, falta de transparencia e impunidad, vicios desastrosos que ya alcanzan a todos los sectores y órganos del estado (judicial, ejecutivo, legislativo, electoral y la Contraloría General de la República)”.

“El pueblo observa un gobierno desconectado de la realidad socioeconómica y política; que ha acrecentado el endeudamiento del país sin saber en qué se ha utilizado, que derrocha los ingresos públicos y permite la corrupción, que hace exoneraciones a los millonarios, mientras que es indolente a las necesidades del pueblo”, señala el llamado de atención a la vez que sugiere algunas opciones aplicables al largo y mediano plazo, combinadas con otras de carácter inmediato que “deben ser consistentes con las primeras”.

Entre las primeras figuran la regulación de precios, reformas profundas en materia institucional, modificación de la estructura tributaria y una nueva estrategia para atender el endeudamiento público donde no falte la transparencia. Y entre las inmediatas, rebajar el precio del combustible y “romper con el monopolio del abastecimiento y de la distribución, actualmente controlada por las compañías petroleras internacionales y grupos de distribución”; también “controlar los precios de la canasta básica” y de los insumos agropecuarios, “rebajar Los precios de los medicamentos y enfrentar el oligopolio que hasta la fecha ha impuesto los precios a la CSS y al Ministerio de Salud y a los consumidores”, además del “control del gasto público”, entre otros.

“La finalización de la presente crisis aún está en incertidumbre, ésta no se vislumbra cercana para el año 2022”, esclarece el comunicado. “De manera que es obligante que el gobierno formalice un plan integral frente a las situaciones críticas, y que el mismo sea transparente, participativo y legitimado por la sociedad”, termina advirtiendo el documento de la Facultad de Economía.

Justifican represión por paso de corredor humanitario

Justifican represión por paso de corredor humanitario

En un comunicado, la Policía Nacional justificó el uso de la fuerza contra manifestantes en Santiago de Veraguas, señalando que se quería dar paso al un corredor humanitario, a más de 500 vehículos articulados con alimentos, insumos médicos y combustible, que se mantenían varados en la vía Interamericana.

«Se procedió a despejar la vía a la altura de la ciudad de Santiago de Veraguas, para permitir el abastecimiento de nuestra población», apuntó el comunicado.

Sin embargo, este miércoles la situación de paso para el convoy alimentario no es diferente. Unos 70 camiones con alimentos y productos del campo están detenidos en el sector de Horconcitos en Chiriquí.

Los camiones transportan, productos perecederos, hortalizas, frutas y otros insumos alimenticios, que corren el riesgo de perderse, si no se habilita el paso.

Entretanto, la Policía Nacional ha reiterado que se mantiene «persistente en el llamado al diálogo», y el respeto que tiene todo ciudadano a la libre circulación, el derecho a la vida, la salud y la alimentación».

El Gobierno de Perú declara la alerta sanitaria ante el aumento de casos de viruela del mono en el mundo

El Ministerio de Sanidad peruano ha anunciado el inicio de una alerta sanitaria a partir del viernes por el aumento de casos de viruela del mono en el mundo, si bien ha incidido en que Perú aún no ha reportado contagios.

Así lo ha confirmado este jueves el ministro de Sanidad, Jorge López, en una rueda de prensa en la que ha incidido en la necesidad de «prevenir cualquier eventualidad» pese a que Perú aún no registre casos, según recoge la emisora RPP.

López ha anunciado también que las autoridades peruanas están evaluando la adquisición de vacunas para hacer frente al virus, y ha abogado por mantener los «cuidados» necesarios mientras el Gobierno «monitorea» a la población.

La viruela símica o viruela del mono es una enfermedad rara, provocada por un virus transmitido de los animales a las personas, cuya tasa de letalidad ha variado mucho en las distintas epidemias que se han producido hasta el momento, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien ha advertido de que siempre ha sido inferior al diez por ciento.

POSIBLE NUEVA OLA DE COVID-19

Por otro lado, respecto a una nueva posible ola de contagios de coronavirus, López ha avanzado que las autoridades están evaluando la posibilidad de reinstaurar algunas de las medidas para frenar las infecciones.

Así, López ha apuntado a la posibilidad de restablecer el uso obligatorio de mascarillas en espacios exteriores en aquellas regiones del país donde se notifiquen repuntes en los casos positivos de COVID-19.

Las autoridades sanitarias de Perú han confirmado cerca de 3,6 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, gran parte de ellos a comienzos de 2022 cuando, provocado por la variante ómicron, la nación andina llegó a sumar más de 50.000 casos diarios. Además, se han lamentado cerca de 213.000 muertes a cuenta del virus.

Transportistas y Gobierno se acercan. No habrá paro

La dirigencia de la Cámara de Transporte de la provincia de Panamá y una representación de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) lograron un entendimiento sobre tres temas considerados vitales en el sector.

Los transportistas decidieron no ir a paro este martes 3 de mayo, tras reunirse con personal de la ATTT y establecer una serie de puntos sobre los cuales continuarán dialogando en busca de soluciones.

Omar López, representante de los transportistas de la provincia de Panamá, señaló que este gremio respetará los acuerdos establecidos entre el Gobierno Nacional y la Cámara Nacional de Transporte, en temas puntuales como el actual costo del combustible, el costo de los repuestos para los vehículos del transporte público y la regulación del servicio en las plataformas electrónicas.

López se mostró confiado en que se lograrán soluciones a las demandas de los transportistas, pero enfatizó la necesidad de darle un alto al transporte de pasajeros que realizan personas que no cuentan con permisos ni certificaciones que se los permitan.

FOTO: Internet. Los transportistas de Panamá no irán a paro este martes.

Puso como ejemplo la situación en la terminal aérea de Tocumen, donde los transportistas legalmente autorizados para brindar el servicio tienen serios problemas con personas inescrupulosas, que se dedican a quitarles los pasajeros.

Aprueban proyecto para pago de Décimos retenidos

La comisión legislativa de Trabajo aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 727, que ordena el pago de intereses por mora, como derecho derivado de la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes de los años 1972 a 1983, a los servidores públicos y a trabajadores del sector privado en todo el país.

Tras escuchar el informe presentado por una subcomisión que efectuó el análisis del proyecto, el cual estableció la viabilidad del pago de estos intereses retenidos a unos 600 mil trabajadores promedio entre 1972 y 1983, los comisionados dieron luz verde a la iniciativa.

Para el vocero del Movimiento de Jubilados y Pensionados Victoriano Lorenzo, José Luis Moreno, la aprobación representa un paso importante en una aspiración que en el pasado gobierno no fue honrada.

Moreno indicó que en el gobierno de Juan Carlos Varela, la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley 768, que establecía el pago de intereses por mora, derivados de la retención de la segunda partida del Décimo Tercer mes, entre los años 1972 y 1983 fueran pagados a servidores públicos y trabajadores del sector privado.

«El anterior gobierno no sancionó este proyecto y murió en el escritorio del Presidente; esperamos ahora que la Asamblea Nacional apruebe este proyecto 727, y que el presidente Cortizo no lo guarde en la gaveta de abajo de su escritorio», señaló el dirigente.

Vigil, de cuestionada gestión, se toma vacaciones

Cuestionado por declaraciones sobre su trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (Unachi), y a la vez en el Gobierno Nacional, Francisco Vigil anunció que se tomará dos meses de vacaciones de su cargo como director nacional de la Descentralización.
Vigil ha sido duramente cuestionado por tratar de justificar el cobro de salario en el Gobierno Nacional, y además como docente en la Unachi, de donde dice estar «en licencia sin sueldo».
La doble función del que en su momento fuera Alcalde del distrito de David fue el foco de atención en los momentos en que se discutían en la Asamblea Nacional una serie de cambios a la ley de la Unachi, que finalmente desembocaron en la aprobación de la reelección por períodos adicionales del rector de este centro de estudios superiores.
En su momento, el director de Descentralización dijo tener el aval de la Contraloría General de la República para ejercer tanto este cargo, como su posición de docente en la Unachi, a pesar de ser evidente el cobro de dos salarios en el Estado.
Mientras Vigil esté de vacaciones, Edward Mosley Ibarra asumirá el cargo al frente de la Dirección Nacional de Descentralización.