Con 44 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 1100, que contiene el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá.
Prácticamente, no hubo discusión por parte de los diputados. Algunos de la bancada independiente hicieron señalamientos sobre la gravedad que resulta de darle luz verde a esta iniciativa, por los daños a la ecología que aún persisten, a su juicio, en el documento.
De igual forma, la diputada del PRD y candidata presidencial por libre postulación Zulay Rodríguez, fustigó en duros términos a sus copartidarios, a los que tildó de «traidores a la Patria», anunciando que se producirán demandas contra el proyecto, debido a los daños medioambientales «que son irreversibles», señaló la diputada.
Del bloque oficialista, el diputado presidente de la comisión legislativa de Comercio, Roberto Ábrego, señaló que ahora el proyecto pasará a manos del Órgano Ejecutivo, para su debida sanción, en vista de que fue aprobado tal cual fue remitido al pleno legislativo.
La discusión de este documento ha traído en los últimos días una serie de manifestaciones por parte de miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), quienes han cerrado varias de las principales arterias de circulación vial en la ciudad capital y algunos puntos de interior del país.
Los cierres han afectado considerablemente la economía del país, de acuerdo con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, quien estima en más de 10 millones de dólares las pérdidas producidas por estas manifestaciones en donde se impide el movimiento terrestre de los vehículos.
«El cierre de vías no es una práctica democrática, está fuera de los contornos de la democracia, porque hay afectaciones severas a la sociedad», manifestó el líder empresarial.
Entretanto, trabajadores de la empresa Minera Panamá salieron a las calles del distrito de Penonomé en la provincia de Coclé, en defensa del proyecto minero y sus puestos de trabajo. Nitzia Oggliby de Recursos Humanos dijo que los empleados de la minera, más de 7 mil 500, no quieren sumarse a los más de 40 mil desempleados del país.
