De acuerdo con un informe de auditoria de la Contraloría, se registró una supuesta lesión de $12,308,107.67
Un acuerdo de culpabilidad alcanzado entre Mario Martinelli, uno de los imputados en el “caso granos”, donde el Ministerio Público investigó una lesión patrimonial por $12.3 millones de dólares en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), ha puesto en evidencia la presión ejercida por un sistema judicial que arrastra múltiples falencias.
El acuerdo alcanzado entre Martinelli y el Ministerio Público involucra una sentencia que puede ser conmutada, así como la retención de $2.4 millones distribuidos en cinco cuentas bancarias. Pero el jurista Basilio González afirma que el mismo debió haber sido rechazado por el juez.
“No existe el delito de peculado. Esta persona fue liberada por el Tribunal de Cuentas, que es el especialista, no por el derecho penal que persigue delitos”, aseguró el abogado durante una reciente entrevista en un medio televisivo.
De acuerdo con González, el Tribunal de Cuentas ordenó el cese del procedimiento seguido a Martinelli y a otros imputados por el supuesto delito de peculado.
El audito en cuestión, según el abogado, también contemplaba la devolución de los bienes cautelados.
González comenta que este caso es un ejemplo del “agotamiento” al que un sistema de justicia con “fallos zigzagueantes” somete a los procesados, en casos cuyo resultados dependen, en varias ocasiones, de factores políticos.
Añade que Martinelli es un “sobreviviente de cáncer, con diabetes, con más de 70 años”, que ofreció cumplir cierta cantidad de tiempo como condena y devolver una cantidad de dinero, para así terminar un proceso que podría extenderse por “cinco años más”. “Sales inocente pero ya estás muerto”.
“Si fuese cliente mío, yo renuncio al poder y le digo que yo no voy a llegar a ese arreglo de pena, porque usted es inocente. Aunque la moledora te triture, te mate, pero vas a crear un mal precedente”, subrayó.
De acuerdo con un informe de Contraloría, los granos fueron adquiridos a través del PAN, para ser distribuidos a nivel nacional, en escuelas ubicadas en áreas remotas y vulnerables.
En 2022, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales llamó a juicio a 49 imputados por el presunto delito de peculado; mientras que nueve fueron imputados por supuestos delitos contra la administración pública.
