El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomienda generar un nuevo pacto social, entre otras políticas públicas, en los países de América Latina y el Caribe, para subsanar las profundas desigualdades multidimensionales, agravadas por la pandemia Covid-19, según un nuevo informe publicado por el organismo.

«La crisis de la COVID-19 ha puesto al descubierto las debilidades endémicas de un contrato social fracturado que necesita una reforma de fondo», expresa el estudio en su introducción.

La Crisis de la Desigualdad: América Latina y el Caribe en la Encrucijada es un análisis, de acuerdo con el organismo de crédito multilateral, de las causas profundas que explican el rezago de la región en distribuir más equitativamente los ingresos, el bienestar y las oportunidades. El informe toma en cuenta las medidas tradicionales de ingresos y también indicadores menos tangibles como el rol de la geografía y de la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

El reporte recomienda una serie de políticas públicas para reducir las brechas y salir de la pandemia con cimientos más sólidos que permitan generar un crecimiento futuro más inclusivo, explica en una nota de prensa. Sin embargo, la principal recomendación es generar un nuevo contrato social.

“La desigualdad en América Latina y el Caribe es bien conocida pero no necesariamente bien entendida”, dijo Eric Parrado, economista jefe del BID. “Vemos cómo el contrato social está fracturado en muchos niveles. Los pobres se encuentran más vulnerables al cambio climático, reciben una peor educación y cuidado de salud y los programas gubernamentales para redistribuir los ingresos son menos efectivos en la región que en otras regiones. Como resultado, nuestras escuelas y ciudades están segregadas por ingresos en niveles que no se ven en otras partes”.

“Si no abordamos el reto de la desigualdad de manera multidimensional, la región continuará sufriendo de episodios de malestar social y seguirá siendo vulnerable a choques externos, como deja en evidencia la pandemia”, agregó.

Duro golpe del COVID-19

El reporte enfatiza de que históricamente, América Latina ha tenido dificultades para enfrentar crisis. En el pasado, cuando su PIB ha caído un 5% o más, el impacto en los salarios reales ha sido de un 10% en promedio y en algunos casos llega al 20%.

El desempleo ha subido y el número de empleos formales ha bajado. Por ello, el nivel de pobreza típicamente aumenta entre 3 y 5 puntos porcentuales, aún después de tomar en cuenta los programas de los gobiernos para amortiguar el impacto de las crisis económicas.

La crisis del COVID-19 tiene algunas características que la hacen especialmente regresiva en el corto y largo plazo, destaca el organismo.

Inmediatamente después de que la pandemia golpeara la región, la mayoría de los gobiernos implementaron medidas estrictas para restringir la circulación de las personas fuera de sus hogares, lo que afectó desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos.

De hecho, casi un 65% de las personas en el quintil de menores ingresos conocía a un familiar que había perdido su trabajo, mientras que en el quintil de personas más altos ingresos, esa cifra fue de solo el 22%.

Sociedades más segregadas y con menos poder de recuperación

El desafío, según el informe, es asegurar que la recuperación beneficie a todos los ciudadanos para tener sociedades más inclusivas y resistentes a los choques económicos y climáticos, entre otros.

La región ha avanzado en la reducción de las brechas de ingresos, particularmente durante el boom de las materias primas entre el 2000 y el 2013.

La pobreza se redujo de un promedio del 42,3% en 2002 a un 23,1 % en 2018 y millones de personas se sumaron a una creciente clase media. Además, en 2019 el 10% más rico de los ciudadanos en la región ganaba 22 veces más que el 10% más pobre, mientras que en 2000 la proporción era de 49 veces más.

No obstante, la región está muy rezagada frente a las economías desarrolladas agrupadas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el 10% más rico gana solo 9 veces más que el 10% más pobre. Estos números excluyen los países de América Latina que están en la OCDE.

Las sociedades en América Latina y el Caribe están especialmente segregadas por estatus socioeconómico.   Otros factores que determinan la inequidad son el género y la raza. Las mujeres ganan 87 centavos por cada dólar que gana un hombre.

A pesar de los avances en igualdad de género, persisten normas culturales arraigadas que excluyen a las mujeres de los altos puestos gerenciales mientras trabajan en promedio tres veces más en los hogares que sus parejas. Ajustando por nivel de educación, los afrodescendientes ganan en promedio sueldos un 17 por ciento más bajos que el resto de la población, y la brecha salarial para las personas de origen indígena es del 27%.

Los ingresos determinan la educación

La educación es otro factor que empeora la desigualdad, afirma el estudio. Las diferencias en la calidad de la educación explican una cuarta parte de la inequidad salarial para los trabajadores en América Latina y el Caribe. Si bien es cierto que los pobres tienen un mejor acceso a servicios de educación que antes, existe una importante separación de las escuelas por estatus social.

Hay seis estudiantes de hogares de altos ingresos compartiendo aula con cada alumno de bajos ingresos en América Latina, mientras que la proporción en Estados Unidos es de 3 a 1 y en Noruega es de 2 a 1.

Los individuos de altos ingresos invierten 25 veces más en la educación de sus hijos que los padres de bajos ingresos y, además, más del 40% de los estudiantes en la enseñanza secundaria estudia en colegios privados, comparado con un 10% en países de la OCDE y otros países de ingresos medios.

Según el informe, una de las claves para corregir estas inequidades es introducir mejores políticas fiscales. Sin embargo, por medio de impuestos y gastos fiscales los gobiernos de América Latina disminuyen la desigualdad en -5%, mientras que los países de la OCDE y la Unión Europea lo reducen en un 38%. Dicho de otro modo, los gobiernos de América Latina y el Caribe son ocho veces menos efectivos que sus contrapartes más desarrolladas en la reducción de la desigualdad.

Un obstáculo importante es la alta tasa de informalidad en las economías y su impacto en las pensiones, que son una de las principales herramientas para redistribuir ingresos en la OCDE. Además, algunos programas de gasto social son ineficientes como es el caso de los subsidios a la energía, en los que tres cuartas partes del subsidio van al 60%. Además, la evasión fiscal es más alta en América Latina y el Caribe que en otras regiones más desarrolladas.

El reporte llama a los gobiernos y otros actores sociales a generar un nuevo contrato social.

Los ricos y la clase media-alta gozan de los beneficios del empleo formal y tienen pocos incentivos para apoyar mayores gastos en áreas como infraestructura, educación y seguridad pública, ya que tienen acceso a opciones privadas en la prestación de estos servicios.

Mientras, los individuos pertenecientes a clases bajas y medias-bajas viven en vecindarios diferentes, asisten a escuelas diferentes, visitan clínicas diferentes y a menudo sobreviven con sistemas no contributivos de pensiones y salud que son menos generosos.

Por todo ello, según la informe resulta necesario rediseñar los servicios sociales para hacerlos más inclusivos. Para fortalecer el tejido social es necesaria una mayor protección para los pobres y las clases medias-bajas, mientras se mejoran los servicios públicos para traer a individuos de los hogares de mayores ingresos al espacio de servicios públicos compartidos.