En cuestión de semanas Emilio Lozoya pasó de ser un prófugo buscado por la Interpol en más de 190 países a convertirse en el testigo estrella del gobierno mexicano de Manuel López Obrador.  

Su detención y posterior extradición fue celebrada por todo lo alto por López Obrador y su entorno, conscientes de contar con un personaje clave para desenmascarar la trama de corrupción que inundó de sobornos la relación entre la pasada administración de Ernesto Peña Nieto (2012-2018) y la petrolera estatal.

El pasado 17 de julio, Lozoya aterrizó en México esposado y fuertemente custodiado, pero aún no ha pisado la cárcel. Y probablemente no lo haga nunca.  

En medio del proceso de extradición a México, Lozoya quien estuvo al frente de Pemex entre el 2012 y el 2016, debería enfrentar cargos por soborno, cohecho, fraude, asociación delictiva y lavado de dinero, pero su disposición a colaborar con la fiscalía mexicana le permitiría evitar el juicio y quizá no vaya a la cárcel.

Las primeras revelaciones, que recogió este martes el diario madrileño ABC, se refieren a que Lozoya informó a la justicia mexicana que la empresa brasileña Odebrecht pagó $4 millones que fueron usados en la campaña presidencial de Pena Nieto en el 2012.

Ese dinero fue empleado para pagar consultores extranjeros que Luis Videgaray, coordinar de la campaña del priista, contrató para asesorías electorales. Los primeros $4 millones los depositó en la cuenta offshore Latin America Asia Capital Holding LTDA. 

Modus operandi

El diario ABC -citando al periódico mexicano Reforma como su fuente original- aseguró que Odebrecht pagó, posteriormente, otros $6 millones por el beneficio de un contrato por $145 millones por una refinería que nunca se construyó. Ese dinero era solo una parte de un fondo mucho mayor empleado para sobornar a políticos a fin de garantizar la aprobación de la reforma energética del 2014.

El dinero fue entregado por el director de la empresa brasileña en México, Luis Alberto Meneses Weyll. 

El enlace designado por Peña Nieto para sobornar a legisladores era el priista David Penchyna, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado. 

Peña Nieto pagó sobornos por $5 millones a miembros del opositor Partido Acción Nacional (PAN) para que aprobaran la reforma energética. Lozoya aseguró que entre los que recibieron sobornos estaba el panista Ricardo Anaya, expresidente de la Cámara de Diputados cuando se discutió la reforma energética entre  marzo del 2013 y mayo del 2014. Posteriormente fue secretario general y candidato presidencial del PAN en las elecciones del 2017, que ganó López Obrador.

Según la prensa mexicana, Lozoya aceptó ser extraditado a México desde España porque tiene en su poder 16 horas de video que evidencian cómo varios políticos aceptaron esos sobornos. “Hay información de que hubo sobornos para tener los votos de la reforma energética”, dijo este lunes López Obrador en rueda de prensa. 

De acuerdo a investigaciones de la agencia estadounidense Associated Press, Lozoya robó por lo menos $1.9 millones del fondo destinado a sobornos y los invirtió en la compra de una mansión en el estado de Guerrero. El diario ABC calculó en $5 millones lo que retuvo Lozaya de las sumas destinadas a sobornos.  

El exdirector de Pemex tenía una serie de cajas fuertes para concentrar grandes sumas de dinero en efectivo en distintos departamentos en la capital mexicana. Se abrían bajo las órdenes de Froylán Gracia García, brazo derecho de Lozoya.  

Peña Nieto «estaba al tanto de este tipo de movimientos», confesó  e implicó, además al expresidente panista Felipe Calderón (2006-2012) antecesor del priista. 

Desde la sede del gobierno, Peña Nieto negociaba votos de políticos, gobernadores estatales, diputados, senadores a cambio de recursos presupuestales.

Sobornos para aprobar leyes

Ricardo Monreal, jefe de la bancada de senadores del partido oficialista Morena, dijo al diario mexicano El Universal que Peña Nieto sobornó a los legisladores para que aprobaran no solo la reforma energética, la más emblemática.

La reforma energética fue una promesa electoral del PRI y suponía la entrada en el mercado de empresas extranjeras que romperían el monopolio energético de Pemex, cuyos ingresos en aquel momento representaban una tercera parte de todo el presupuesto del gobierno federal.

La destreza de Lozoya para captar fondos ilícitos fue recompensada por Peña Nieto, tras su victoria electoral, con la dirección de Pemex.

 “Me temo que hubo recursos en la reforma laboral, en la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma de telecomunicaciones.  En todas hubo bonos, pagos indebidos, que eran tendientes al voto en favor de ellas”, aseguró Monreal.

“Esto que está apareciendo en la última semana es la punta del iceberg –añadió-, la punta del iceberg de la corrupción, de las redes de la corrupción institucionalizadas que llegaron a arraigarse en los gobiernos pasados”.  

Operador de Peña Nieto 

Videgaray, el insigne operador político de Pena Nieto, sale muy mal parado en toda esa urdimbre corrupta. Este economista, de 52 años, tiene vínculos familiares muy cercanos al expresidente Calderón.

Inició sus vínculos con Peña Nieto en la década de 1990  y posteriormente fue su secretario de Finanzas cuando el expresidente ganó en el 2005 la gobernación del estado de México.

Abandonó el cargo en el 2009 para convertirse en legislador y presidir la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Fue coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto en el 2012, donde conoció a Lozoya. Logrado el triunfo, Videgaray fue el coordinador general para la transición gubernamental y luego secretario de Hacienda de Peña Nieto. 

Debido a sus grandes habilidades como operador político, fue el principal interlocutor con los legisladores durante la negociación de la reforma fiscal y diseñó el presupuesto general del Estado del  2013 y el 2014 e instrumentó la reforma financiera. 

En el 2016 Peña Nieto lo nombró como Secretario de Relaciones Exteriores por sus vínculos cercanos con Jared Kushner, el yerno y principal asesor del presidente estadunidense Donald Trump. 

Una vez en el cargo otorgó a Kushner la Orden del Águila Azteca, el galardón de más alta distinción de México a personalidades extranjeras, lo que generó una acalorada polémica.  

En las redes sociales se publicaron miles de comentarios que cuestionaban que se reconociera públicamente a un alto miembro de un gobierno que calificó de «violadores» y «delincuentes» a los mexicanos y que inició la construcción de un muro en la frontera. 

Jugada de López Obrador 

De los 19 gobernadores priístas que compartieron mandato con Peña Nieto, 10 están detenidos o prófugos de la justicia. El actual presidente del PRI, Alejandro Moreno, trató esta semana de desligar a su formación de Lozoya alegando que «nunca militó en el partido», pero en México nadie duda de que su detención podría abrir la caja de pandora de la corrupción endémica que intoxicó el país durante tanto tiempo. 

Los exgobernadores del PRI buscados por la justicia han ido cayendo uno a uno. La captura más reciente es la de Cesar Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien hace un par de semanas fue detenido en Miami, y sobre quien pesan 21 órdenes de aprehensión por delitos como peculado agravado,  enriquecimiento ilícito, narcotráfico y lavado de dinero.  

Su captura, en espera de extradición, es considerada junto con el caso de Lozoya como un duro golpe contra Peña Nieto. Duarte, acumuló tanto poder durante el sexenio pasado, que  llegó a ser considerado como el “vicepresidente” de México. 

Ahora el cerco alrededor de Peña Nieto es cada vez más estrecho.  Y es que en su lucha por tratar de poner fin a la corrupción en México, López Obrador ve al caso Odebrecht como el hilo idóneo del que tirar para desmontar la red clientelar creada por el PRI en todas las estructuras del Estado mexicano.  

México y Venezuela son los dos únicos países donde no hay condenados por la trama corrupta de Odebrecht. Y López Obrador ha puesto al PRI en el ojo del huracán. 

La cadena estadunidense CNN, informó que los acontecimientos representan un duro golpe para los partidos opositores. Citó declaraciones de Guadalupe Correa Cabrera, investigadora en la Universidad George Mason, así como del director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez. Ambos coincidieron en que el escenario puede prestarse a dudas de si la investigación se hace con el fin de lograr la justicia o si el presidente López Obrador la está usando con fines políticos de cara a las elecciones intermedias del 2021.