En Panamá, como en muchos otros países, las redes sociales se han convertido en un ágora digital donde las personas ejercen su libertad de expresión, intercambian ideas, organizan movimientos sociales y participan en el debate público. Sin embargo, esta misma libertad en el espacio digital ha llevado a ciertos sectores políticos a pretender establecer formas de censura y control sobre las redes sociales, motivados por diversos intereses políticos.
Uno de los principales intereses detrás de estas iniciativas es la preservación del poder político. Los actores políticos, conscientes del impacto que las redes sociales pueden tener en la opinión pública y en los resultados electorales, ven en el control y en la censura una herramienta para silenciar las críticas, dominar la narrativa y minimizar las campañas de oposición. Se esgrime la regulación de las redes sociales bajo el pretexto de combatir la desinformación o el discurso de odio, cuando la verdadera intención es reprimir las voces disidentes y limitar la pluralidad de opiniones en el espacio público digital.
Otro factor importante es el interés económico y corporativo. Los políticos y partidos con fuertes vínculos con el sector empresarial pueden buscar regular las redes sociales para proteger intereses económicos específicos, restringiendo denuncias que puedan afectar negativamente a ciertas prácticas que distorsionan el mercado, establecen ventajas y conceden privilegios que rayan en la corrupción.
Finalmente, el control de las redes sociales también se ve impulsado por el deseo de manipular la percepción pública y moldear la cultura política. A través de la censura y el control de la información en línea, los actores políticos buscan influir en los valores, actitudes y comportamientos de la ciudadanía, promoviendo una cultura que favorezca sus intereses políticos y limitando el debate nacional a temas y perspectivas que les sean favorables.
En resumen, con cada nueva campaña electoral surgen las propuestas para establecer la censura y el control de las redes sociales en Panamá, motivadas por una combinación de oscuros intereses políticos y económicos. Estas acciones plantean serios desafíos para la democracia y la libertad de expresión, elementos fundamentales para el desarrollo de una sociedad plural, informada y participativa.
