El aumento de los delitos de tipo sexual en la República de Panamá, ha llevado a los diputados a explorar nuevas disposiciones que impidan que el delincuente sexual, ejecute sus actos delictivos en detrimento de los miembros de la sociedad.
Una de estas propuestas ha vuelto a la discusión: la castración química. Y como era de esperar, el debate entre quienes favorecen o desaprueban la aplicación de este método contra los delincuentes sexuales es ahora más profuso y áspero.
En el mes de julio del año 2021, la diputada Fátima Agrazal del partido Cambio Democrático, presentó un anteproyecto de Ley, proponiendo la modificación del artículo 175 de la Ley 14 de 2007, que crea el Texto Único del Código Penal de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones: castración química obligatoria para violadores.
La propuesta tiene sus favorecedores, que han vuelto a levantar sus voces, tras anunciarse que un sacerdote de 58 años, investigado por delitos de violación sexual agravada, actos libidinonos y exhibición, en perjuicio de un menor de 5 años de edad en la provincia de Chiriquí, deberá comparecer a un juicio oral el próximo lunes 13 de febrero.
Y por otra parte, un ciudadano de nacionalidad peruana de 33 años, fue imputado por el presunto delito Contra La Libertad e Integridad Sexual, en la modalidad de violación agravada, en perjuicio de una joven de 14 años, tras hechos registrados en San Francisco y Betania.
Estos eventos reavivaron la discusión sobre la adopción de la castración química contra personas que resulten culpables por estos delitos.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, no está de acuerdo con que se llegue a aprobar la castración química contra personas condenadas por delitos sexuales en el Código Penal.
Según Leblanc, la castración química «es un trato cruel e inhumano», que «como Defensor del Pueblo» rechaza categóricamente.
«Insto a las autoridades a establecer políticas públicas que permitan prevenir el delito y castigarlo con todo el peso de la Ley», señaló el funcionario, agregando que en la Asamblea Nacional deben promoverse estas iniciativas.
