En Panamá no existe una crisis política como sucede actualmente en los demás países de la región. La pandemia puso en evidencia nuestra debilidad institucional. Y si bien es cierto que la crisis sanitaria y el cierre económico fueron un duro golpe para el país, también podemos señalar que se ha estimulado el debate y las conversaciones para definir el rumbo y devenir de nuestro país. Ciertamente, la falta de liderazgo y la ineficacia en la toma de decisiones a nivel de las autoridades hacen que resurja la idea de que tenemos vacío de poder, debilitamiento político y ausencia marcada del mandatario. Pero la verdad es que lo que hay es una urgente necesidad para refundar la República a través de un modelo de desarrollo que sea inclusivo y reanime la urgencia de una nueva Constitución para generar eficiencia al Estado.
Igualmente, el modelo económico actual está estructurado casi en su totalidad hacia una economía de servicios, banca y logística, y además de estar desgastado, aporta grandes riesgos para el país. Economistas de diferentes vertientes han confirmado que el objetivo de los próximos años debe ser aumentar la competitividad del país y sacarle provecho a las demás áreas que en la actualidad son vulnerables y han estado abandonadas por años.
El pésimo estado de nuestro sistema de salud debe ser atendido con urgencia. Sabíamos que estaba mal, pero nunca al punto en que es imposible la toma de decisiones. Y no solamente por la evidente carencia de equipos y personal especializado en hospitales y centros de salud, sino porque no se puede siquiera garantizar el mínimo estándar de procedimientos y sistemas para cumplir con funciones y responsabilidades básicas de salud.
Igualmente, en catorce meses desde que inició la crisis sanitaria en Panamá, hemos visto la incapacidad de las autoridades para reorganizar el sistema de transporte público, a todas luces el principal foco de contagios y contaminación viral. No vimos distanciamientos en plazas ni paradas; solamente vimos una patética dedicación de tomar medidas correctivas y restrictivas absurdas, sin diseñar sistemas preventivos en aspectos estructurales y estratégicos fundamentales. Y esto en el fondo es lo que impidió tomar las mejores decisiones.
Por eso, sin un proceso de transformación con mirada en el futuro, el país está secuestrado por la improvisación. Por supuesto que la economía había que abrirla en mayo del año pasado, pero en ausencia de instituciones fuertes, sin sistemas ni procedimientos debidamente diseñados y puestos a prueba, el país corrió la surte de aquellos que fracasaron porque sus autoridades tomaron decisiones en base a variables desconocidas e incontrolables.
Tenemos que mirarnos en el espejo de esta cruda realidad y decidir qué queremos hacer con el país. Pero para eso se necesita un estadista, no un político. Y por supuesto de instituciones fuertes. Desafortunadamente, no tenemos ni uno ni las otras. Por eso, cuando escuchamos al ministro del MEF, Héctor Alexander, que se necesitan $6 mil millones más en deuda para cubrir gastos corrientes, se nos viene a la mente el pensamiento de que vamos rumbo al despeñadero.
Por supuesto que una cosa es que las finanzas públicas sean el punto débil del gobierno y otra es que el gobierno requiera endeudarse para pagar su planilla. Con razón vinieron las calificadoras y bajaron el grado de inversión. Ahora queda ordenar las finanzas públicas o que nos sigan bajando las calificaciones.
Por eso el gobierno tiene una sola salida y es enfrentar sus problemas con la cara en alto. Y para ello debe resolver dos problemas básicos: el desastre de las finanzas de la Caja del Seguro Social y la bajísima recaudación de impuestos. Un gobierno con caudal político y alta credibilidad hubiera llamado hace rato a debatir sobre estos dos problemas, pero el gobierno se ha estado manejando políticamente y no siempre siguiendo las líneas de la razón y la prudencia. Solamente habría que mirar cada vez que un ministro acude a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional a presentar su presupuesto para darse cuenta que, por un lado el Ejecutivo tira una línea y por el otro el Legislativo decide lo contrario, dando a entender que existe una fuerza suprema que manda más que el presidente.
Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Lo primero es entender el tema y la gravedad del asunto. El economista Marcos Fernández lo dijo el año pasado: tenemos que reinventarnos, tanto estructural como estratégicamente. Y frente a esta coyuntura, lo más sensato es martillar sobre un solo clavo: reactivar la economía a un nivel productivo y facilitar para que los trabajadores regresen a sus puestos de trabajo.
El gobierno por su parte deberá buscar mecanismos para revertir la cifra de un 35% menos en recaudación. Y la única salida es aumentar el ITBMS, un impuesto fácil de cobrar.
Entendamos que esta sería la decisión menos traumática, pero necesaria. La estructura fiscal de Panamá ronda alrededor del 6% de la economía, mientras que en otros países de la región está entre 12 y 15%. Que se hayan robado los tributos anteriormente, eso es otra cosa y de eso escribiremos en otro momento. Por ahora, el país no puede seguir trabajando solamente con los ingresos no tributables, es decir el Canal. De allí que debemos hacer un esfuerzo para coadyuvar con el ordenamiento de las finanzas públicas y sacar adelante al país.
Los próximos dos años deben ser de acción. Acción pero con prudencia y mucha sabiduría. Llegó la hora de la verdad.
El autor es empresario
