Ante tanto revuelvo que hay alrededor del expresidente Ricardo Martinelli, esta semana vuelve a dar de que hablar cuando miembros de su equipo de abogados (Alejandro Pérez, Alfredo Vallarino, Alma Cortés, Carlos Carrillo, Jamis Acosta, Jessica Canto, Luis Eduardo Camacho González, Niurka Palacios, Ronier Ortíz, Sidney Sittón y Shirley Castañeda) han interpuesto unas denuncias al Colegio Nacional de Abogados (CNA), debido a una serie de acciones que atentan contra ellos.
La nota fue entregada al presidente del CNA, Juan Carlos Araúz, en donde estipulan que gran parte de grupo de abogados que protegen el entorno del expresidente Martinelli han sufrido acciones que atentan con su seguridad, puesto que los mismos buscan intimidarlos, difamarlos y perseguirlos, a través de robos, seguimientos y escuchas telefónicas ilegales.
Además, destacan que han tenido el conocimiento que el Consejo de Seguridad ha realizado ha realizado escuchas telefónicas no autorizadas, seguimientos ilegales y buscando información personal, profesional y financiera de los abogados sin su consentimiento y como consecuencia, su violación a la ley.
Dentro de los actos tenemos el caso de los abogados Alejandro Pérez y Niurka Palacios, a quienes le han robado expedientes y documentación muy valiosa, las cuales llevan información de Ricardo Martinelli; los abogados Jessica Canto, Shirley Castañeda y Alfredo Vallarino han sido objetos de ataques cibernéticos y han recibido constantes amenzas y ataques a su imagen por medio de videos sin su consentimiento con el fin de difamarlos. También, el abogado Ronier Ortíz fue víctima cuando se le fue instalado un dispositivo de seguimiento en su vehículo, el cual puso la denuncia en su momento; al igual que Alma Cortés, cuando fue detenida en el momento que llevaba la coordinación del equipo de defensa del expresidente.
En consecuencia a los actos delictívos hacia los abogados que representan al expresidente Ricardo Martinelli han solicitado al presidente del CNA que denuncie los hechos y darles la razón para que tengan conocimiento de los mismos al Procurador General de la Nación, Javier Caravallo; al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Remón Fábrega y al Presidente de la República, Laurentino Cortizo.
