La creación de un sistema nacional de registro y consulta de agresores sexuales que mantengan la información actualizadas de las personas condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de menores de edad pasó a segundo debate, sin embargo esta sería la tercera vez en los últimos años que la Asamblea Nacional intenta llevar a buen puerto este proyecto de ley.
Y es que durante la pasada legislatura (2014-2019), este proyecto se presentó dos veces, y en las dos ocasiones fue vetado por el Ejecutivo. Así lo explicó la exdiputada Athena Athanasiadis, impulsora de esa propuesta de ley, que calificó como “polémica”.
Athanasiadis dijo que la aprobación de este proyecto de ley fue difícil porque luego del esfuerzo que se hacía para aprobarlo en los tres debates, cuando lo remitían al Ejecutivo para su respectiva sanción, era vetado. Esto dijo sucedió en dos ocasiones.
Por qué, sucedía esto, de acuerdo con la exdiputada, “habían personas que estaban interesadas en que ese proyecto no se aprobara”.
“No entendemos porque no quieren que un proyecto que existe en otros países y es normal en otros países, también sea ley aquí en Panamá. Cuál es el problema que todo el mundo sepa quiénes son las personas que cometen todos estos delitos”, advirtió.
Ya este 13 de agosto, la Comisión de Gobierno aprobó en primer debate esta propuesta que de acuerdo con su proponente, la diputada Zulay Rodríguez, busca contar con un registro que mantenga la información personal de todo aquel nacional o extranjero, mayor de edad, que se encuentre en el territorio nacional, y que haya sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por los delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual en perjuicio de Menores de edad; y la posibilidad de su consulta mediante el Ente Responsable de su mantenimiento, previo al cumplimiento de requisitos y características por parte del solicitante.
Además explicó que esta herramienta se ha venido implementando cada vez más en diversos países de Europa, América Anglosajona y Latinoamérica para la prevención y protección de los niños contra la explotación y cualquier tipo abuso sexual.
A través de esta propuesta, la diputada del PRD dijo que se “pretende garantizar los derechos fundamentales que tiene todo menor de edad, previstos en los distintos Instrumentos Internacionales; de protección contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, explotación y abuso sexual , así como la implementación de todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias”.
En tanto, el diputado Crispiano Adames, durante el primer debate señaló que la ley aplicará para toda persona extranjera mayor de 18 que se encuentre en el territorio nacional y que haya sido condenada en cualquier otro país, por cualquiera de los delitos contra la integridad sexual en perjuicio de un menos de edad.
Durante el primer semestre de 2020, de acuerdo con informes del Ministerio Público, se contabilizaron 2,369 denuncias a nivel nacional de delitos relacionados con la libertad e integridad sexual. Solo en el delito de acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años se reportaron 875 denuncias.
En tanto que se dieron 118 casos en los delitos incluidos dentro de la categoría de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.
En el mismo periodo del 2019, en el país se han registrado 3,184 delitos contra la libertad e integridad sexual, que incluye los corrupción de personas menores de edad, se denunciaron 1,126 casos.
