Las recientes multas impuestas a Naturgy y ENSA, por 14 millones y 7.3 millones de dólares respectivamente, marcan un hito en la regulación del sector eléctrico panameño. Estas sanciones, aplicadas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), responden a años de deficiencias en el servicio que han perjudicado a los ciudadanos y al desarrollo del país.

El suministro eléctrico es fundamental para el progreso económico, social y tecnológico. Impulsa industrias, sostiene infraestructuras críticas y mejora la calidad de vida. Sin embargo, el mal servicio de estas empresas ha obstaculizado este desarrollo, afectando especialmente a los más vulnerables.

Estas multas envían un mensaje claro: la negligencia en la prestación de servicios públicos esenciales no será tolerada. Representan una victoria para los consumidores, largamente frustrados por un servicio deficiente que parecía burlarse de sus derechos.

Es un precedente que debería incentivar mejoras significativas en la calidad del servicio. Además, advierte a otras empresas que mantienen o aspiran a mantener relaciones con el Estado que la excelencia en el servicio no es negociable.

Esperemos que estas acciones marquen el inicio de una nueva era de responsabilidad corporativa y servicios públicos de calidad en Panamá.