El último censo de población y vivienda realizado recientemente lo dejó muy claramente establecido: el país alcanza los 4 millones 202 mil 572 habitantes. De esa cifra 1 millón 911 mil 824 están afiliados a la Caja de Seguro Social, lo que representa el 45.5 por ciento de los panameños. El resto, 2 millones 290 mil 748 ciudadanos -el 54.5 por ciento-, depende del sistema de salud pública patrocinado por el Estado. Sin embargo, a ninguno de los dos grupos se le brinda una atención médica que cumpla, siquiera, con los requisitos mínimos de calidad.
Sin embargo, mientras los servicios de salud nacionales apenas funcionan con presupuestos paupérrimos y una absoluta carencia de los más básicos insumos, el infame proceso de descentralización ha consumido en los últimos nueve años alrededor de mil 200 millones de dólares, sin que se rinda cuentas claras del destino de tan obscena fortuna. La administración de gobierno anterior dilapidó 994 millones, mientras que la presente ya ha derrochado otros 250 millones. Evidentemente, la principal lección de la pasada pandemia sobre el papel central del sistema de salud en la vida nacional se echó en saco roto; y la próxima crisis sanitaria sorprenderá a un país desprotegido porque sus servicios médicos son poco menos que deplorables. Estos son los escenarios resultantes cuando la codicia, la corrupción y el desprecio a la vida humana se imponen sobre cualquiera otra consideración.
