Toda persona, por el sólo hecho de existir, cuenta con una serie de derechos y libertades fundamentales que les deben ser respetados sin consideraciones de raza, color, sexo, nacionalidad, religión, lengua, edad, creencias políticas, condición social, cultural o económica. Ningún poder, ya sea de tipo civil o gubernamental, tiene autoridad para negar esos derechos que son universales, indivisibles e interdependientes.
La plena vigencia y el respeto incondicional a esos preceptos permiten la creación de las condiciones que resultan indispensables para que los seres humanos vivan dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz.
Con esa idea en mente fue que el 10 de diciembre de 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas plasmó en una lista de 30 artículos los derechos considerados fundamentales y que dio vida a uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad: La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces, convertido en un faro para la civilización, este documento se ha constituido en la guía- más allá de las fronteras y cualquier diferencia- para solventar conflictos y regir la conducta y las relaciones del género humano.
Con el respeto de dichos mandatos universales como objetivo, la Policía Nacional, respaldada por la Defensoría del Pueblo, iniciará un estricto plan de docencia para fortalecer a sus integrantes en el conocimiento de estos derechos. Según la Defensoría, en este momento se manejan 35 denuncias de abusos cometido por las unidades policiales. Aún perduran en el recuerdo de la ciudadanía algunos recientes casos de mala gestión y de dichos abusos, destacando, en uno de ellos, el uso imprudente de una pistola eléctrica y las deficiencias para manejar situaciones extremas.
Cualquier iniciativa para corregir estas fallas resulta bienvenida, sobre todo en estos momentos en que se auguran algunas perturbaciones sociales a consecuencias del descontento incubado por la pandemia y sus secuelas económicas.
