El tema se analizó durante el foro “Nombramientos Transparentes: Instituciones Fuertes”
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción y el Día Mundial de los Derechos Humanos, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana en alianza con Panamerican Development Foundation, realizaron el foro “Nombramientos Transparentes: Instituciones Fuertes”.
Expertos analizaron el tema de los nombramientos de altos funcionarios para la independencia judicial y la lucha contra la comparación y apostaron por la transparencia en estas designaciones, en especial para los cargos de fiscales y procuradores.
Para la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez, plantea cambiar la necesaria presentación de los procuradores designados ante la Asamblea Nacional, porque allí todo se basa en lobby. “Los diputados no se preocupan de conocer a las personas designadas y hay que ir a buscar el voto”.
“Una institución para tener independencia y autonomía, se necesita recursos y una forma de controlar a un procurador es limitándole los recursos”, dijo Gómez.
El diputado independiente Luis Duke indicó que la realidad política es que en la Asamblea, hay 51 diputados que llegaron a este Órgano del Estado a través de un partido político mientras que los 20 restantes son independientes, por ende las decisiones que se toman dependerá de cómo se llega un consenso.
El diputado es de la opinión de que los requisitos para designar a un alto funcionario como un procurador no son tan robustos, lo cual deja las tuercas sueltas.
Uno de los mecanismos concretos que según Duque se debe implementar para la escogencia de estos funcionarios, es que a la hora de la votación de los diputados establecer una mayoría que no sea ni la simple ni la absoluta, sino que esté en un intermedio y se escoja las dos terceras partes de los diputados que están, porque eso lleva a que si no tienen la mayoría allí entra ese juego, por lo que se tendrá que negociar con todos los grupos.
En Panamá, el presidente de la República es el encargado de designar a los procuradores General de la Nación y el de la Administración. Luego la Asamblea Nacional los ratifica.