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Etiqueta: derechos humanos

Panamá presenta logros en la protección de la niñez ante las Naciones Unidas

Desde el año 2012, Panamá ha establecido una Comisión Nacional Permanente encargada de supervisar los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos

Panamá sustentó ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, el Primer Informe del Segundo Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, abordando la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

La delegación panameña fue liderada por la ministra de Desarrollo Social (MIDES), María Inés Castillo, quien en su presentación resaltó la importancia de un diálogo transparente y enriquecedor con el Comité de los Derechos del Niño, con el objetivo de recibir recomendaciones destinadas a fortalecer la aplicación del Protocolo.

Explicó que desde el año 2012, Panamá ha establecido una Comisión Nacional Permanente encargada de supervisar los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, lo que ha permitido cuantificar logros e identificar desafíos. Por medio de esta Comisión de Derechos Humanos, el gobierno panameño, con el compromiso en el cumplimento de los derechos humanos, la transparencia y rendición de cuentas, ha presentado siete informes nacionales ante los órganos establecidos en virtud de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como cuatro informes ante el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de Derechos Humanos.

Igualmente, se ha atendido a cuatro llamamientos urgentes de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y se ha recibido la visita de tres expertos independientes.

Además, se ha fortalecido el marco jurídico con la Ley 79 de 2011, sobre trata de personas y actividades conexas, que establece políticas integrales para combatir este flagelo.

Entre los avances presentados -indicó la ministra Castillo- se destacan la creación de la Ley 171 de 2020, sobre la Protección Integral a la Primera Infancia; y la Ley 285 de 2022, que instituye el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, entre otras.

Panamá también ha fortalecido su capacidad institucional con la creación de Comités Provinciales y Comarcales de Niñez y Adolescencia, Mesas Municipales de Protección de la Niñez y Adolescencia, y un Observatorio contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.

También se han implementado medidas para mejorar la atención a niños migrantes no acompañados, la salud de la niñez y adolescencia, y la identificación y atención de niños refugiados y con necesidad de protección internacional.

La ministra Castillo enfatizó que Panamá reafirmó su compromiso con los estándares internacionales de derechos humanos y su apoyo a iniciativas multilaterales, para erradicar la violencia y la discriminación contra la niñez.

“Panamá espera continuar trabajando en colaboración con la comunidad internacional para construir un futuro más justo y humano para las generaciones venideras”, dijo ministra Castillo.

Bragi Gudbrandsson, experto del Comité y Coordinador del Grupo de Trabajo para Panamá, afirmó que, aunque la legislación del Estado sobre protección de niños y adolescentes era exhaustiva, faltaba legislación sobre el acoso de niños. También preguntó si se había considerado introducir legislación para abordar la explotación sexual en línea y el acoso de menores.

La ministra Castillo destacó la importancia del diálogo para enriquecer las políticas nacionales y gestionarlas en función del interés superior del niño. La ratificación del Protocolo Facultativo demostró el interés de Panamá en prevenir y procesar el delito de la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil.

La delegación afirmó que la ley de acoso sexual de jóvenes se aplicaba en casos de acoso en línea. El acoso en línea de los niños podría ser castigado con hasta 15 años de prisión. Además, el Estado panameño estaba llevando a cabo una campaña de concienciación sobre seguridad en línea y trabajando para proteger a los niños migrantes en el tapón del Darién.

En esta reunión, la ministra Castillo estuvo acompañada de la embajadora Carmen Ávila, de la Misión de Panamá en Ginebra; la magistrada Ariadne

García y expertos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) de la Comisión de Trata; Ministerio de Educación; la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES); Ministerio Público; Servicio Nacional de Migración y Cancillería de la República de Panamá.

El Comité de los Derechos del Niño concluyó este viernes 10 de mayo de 2024, su consideración del informe inicial de Panamá bajo el Segundo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil.

Defensoría solicita a Coordinadora de Pueblos Indígenas solidaridad con el pueblo

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, solicitó a los miembros de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, (COONAPIP) un gesto de solidaridad en beneficio del pueblo ante las afectaciones por los cierres de la vía Interamericana como la escasez de medicamentos y de alimentos.

La Institución Nacional de Derechos Humanos, desde el 3 de noviembre a través de su regional de San Félix, ha mantenido conversaciones con todos los grupos que lideran los cierres de las vías en Chiriquí a fin de lograr la apertura y promover el clima de paz.

El Ombudsman durante la reunión con COONAPIP, explicó a sus integrantes que hay seis camiones con medicamentos varados en los bloqueos, los cuales podrían deteriorarse en las próximas horas, cuyo destino final son las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé

Igualmente, Leblanc les compartió un informe sobre el estado crítico de los seis hospitales de Chiriquí y Bocas del Toro, en cuanto a insumos y medicinas, donde el 50 % de los pacientes del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía son pacientes Ngäbe y en el hospital Raúl Dávila Mena de Changuinola el 60% también son de la comarca.

En el encuentro en la sede principal asistieron: Julio De Gracia director de Protección de los Derechos Humanos (PRODH), Anna Karina Salerno directora de Unidades Especializadas (DUE), Bolívar Rodríguez director de Asuntos Ambientales y Diego Almanza director de Atención al Ciudadano.

Se realiza en Panamá el Segundo Foro sobre Defensores Ambientales de América Latina

Desde ayer martes 26 hasta el próximo jueves 28 de septiembre tiene lugar en la capital panameña el Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe. El evento es organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en cooperación con agencias de Naciones Unidas y el apoyo del Banco Mundial.

Según la información difundida, el foro busca abordar la situación de riesgo que enfrentan los defensores ambientales en la región, compartir buenas prácticas para su protección e impulsar la discusión en torno al Plan de Acción contemplado en el Acuerdo de Escazú sobre derechos humanos y ambiente.

Entre los objetivos específicos del encuentro están reflexionar sobre la problemática de esta población vulnerable, conocer los mecanismos existentes para su defensa y recabar propuestas ciudadanas para enriquecer el Plan de Acción.

El evento contempla actividades como paneles, mesas redondas y testimonios para visibilizar la situación de los defensores ambientales. También incluirá mesas de trabajo focalizadas en los ejes del Plan de Acción.

Según la CEPAL, organismo a cargo de la Secretaría del Acuerdo de Escazú, el foro contará con la participación de Estados Parte de dicho acuerdo, expertos, actores claves y público interesado, con énfasis en grupos vulnerables.

El evento es presencial, con transmisión vía streaming, y tendrá interpretación al inglés. Si bien el cupo presencial está cerrado, el público podrá participar de manera virtual en las mesas de trabajo del 28 de septiembre.

Cabe recordar que el Acuerdo de Escazú sobre Derechos Humanos y Ambiente entró en vigor en abril de 2021 y busca garantizar el derecho a un ambiente sano y la protección de defensores ambientales mediante la creación de obligaciones para los Estados Parte.

Hasta la fecha, once países han ratificado este histórico tratado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

Litigios climáticos se duplican desde 2017 y logran fallos históricos por la justicia climática

El litigio en materia de cambio climático está creciendo rápidamente en el mundo y ha contribuido a obtener resultados históricos que promueven la justicia climática, de acuerdo con un informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia.

El número total de casos judiciales relacionados con el cambio climático se ha más que duplicado desde 2017, pasando de 884 a 2,180 en 2022, según el informe. Si bien la mayoría se han presentado en Estados Unidos, alrededor del 17 por ciento ocurren ahora en países en desarrollo, incluidos pequeños Estados insulares. «Las personas recurren cada vez más a los tribunales para combatir la crisis climática y convertir los litigios en un mecanismo clave para la acción y la justicia climáticas», dijo Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA.

Los litigios buscan exigir responsabilidades a gobiernos y empresas por la falta de acción frente al cambio climático y sus impactos. También apuntan a detener proyectos incompatibles con las metas del Acuerdo de París y denuncian la falta de adaptación ante los efectos del calentamiento global.

Entre los casos destacados, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Australia violó leyes internacionales al no proteger los derechos humanos de los habitantes de las Islas del Estrecho de Torres. Por su parte, la Suprema Corte de Brasil dictaminó que el Acuerdo de París es un tratado de derechos humanos con estatus supranacional. Y un tribunal en Países Bajos ordenó a Shell reducir sus emisiones de CO2 en 45% para 2030, en línea con París. «Existe una alarmante brecha entre la acción climática global necesaria y las medidas concretas de los gobiernos», dijo Michael Gerrard, del Sabin Center. «Esto provocará más litigios climáticos».

Según el informe, 34 demandas han sido presentadas en nombre de niños, niñas y jóvenes. También destacan casos en nombre de mujeres mayores y pueblos indígenas, grupos afectados de manera desproporcionada por la crisis climática. Se prevé un aumento en demandas por migración climática y por daños tras eventos climáticos extremos. Los pequeños Estados insulares están liderando solicitudes de opiniones consultivas sobre cambio climático en cortes internacionales.

«Los tribunales están encontrando vínculos fuertes entre derechos humanos y cambio climático, brindando mayor protección a los más vulnerables», explicó Inger Andersen del PNUMA. El informe será un recurso valioso para quienes busquen resultados positivos en litigios climáticos y para comprender los alcances de la vía legal en la crisis climática, concluyó.

El Gobierno de Chile homenajea a los periodistas ejecutados durante la dictadura

El Gobierno de Chile ha rendido este martes homenaje a los periodistas ejecutados durante la dictadura de Augusto Pinochet en un acto celebrado en el palacio de La Moneda y en el que han destapado una placa conmemorativa.

La Portavoz del Gobierno Camila Vallejo ha indicado que con este acto buscan honrar la memoria de los 37 periodistas ejecutados entre 1973 y 1990 en el país latinoamericano. «Recordamos en La Moneda a periodistas y trabajadores de las comunicaciones asesinados y desaparecidos en dictadura», ha señalado en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha destapado en un acto al que han asistido miembros de organizaciones a favor de los Derechos Humanos y familiares de las víctimas una placa conmemorativa en ‘La Copucha’, la sala de prensa de la sede del Gobierno. En ella se pueden leer los nombres de las víctimas.

«A 50 años del golpe de Estado, desvelar sus nombres es un acto de reparación y memoria para los familiares de las víctimas y una forma de mantenerlos siempre presentes en nuestra historia», ha aseverado Vallejo.

La ceremonia se enmarca en una serie de actos conmemorativos organizados por el Gobierno de Boric tras cumplirse 50 años del inicio de la dictadura tras el bombardeo de La Moneda en septiembre de 1973.

La Eurocámara reclama sanciones contra Daniel Ortega por crímenes contra la humanidad en Nicaragua

El Parlamento Europeo ha condenado los abusos sistemáticos de los Derechos Humanos en Nicaragua, que equipara a crímenes contra la humanidad, y ha instado a la UE a adoptar sanciones contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y miembros de su núcleo duro, así como contra jueces y fiscales que favorezcan la persecución de la disidencia.

Los eurodiputados han dado luz verde a una resolución en la que consideran que los abusos, que se remontan a las protestas opositoras de 2018, no son hechos aislados, sino que buscan «desmantelar la separación de poderes y las garantías democráticas y concentrar todo el poder en las figuras del presidente y la vicepresidenta» Rosario Murillo, que es también esposa de Ortega.

En la resolución, la séptima contra el régimen de Ortega en lo que va de legislatura, se condena de forma específica la deportación de más de 200 presos políticos y la retirada de su nacionalidad, ya que considera que se trata de medidas contrarias al Derecho Internacional. Asimismo, los eurodiputados reclaman la liberación «inmediata» de quienes siguen aún entre rejas y piden una prueba de vida del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión.

Esperan que la cumbre de julio con países latinoamericanos, la primera en ocho años, sirva de «oportunidad» para relanzar los mensajes en favor de los Derechos Humanos. Plantean incluso que haya una declaración en la que se exija el respeto de derechos y libertados tanto en Europa como en América Latina.

RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas que contempla la resolución incluye desde la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica a un llamamiento para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) examine si Nicaragua ha violado la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Además, propone a los Estados miembro que hagan uso de la jurisdicción universal para abrir sus propios procesos, tomando como referencia las pruebas que han recopilado los expertos de la ONU y que acreditan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y actos de tortura física y psicológica.

Ministro Pino y su equipo de trabajo realizan gira de seguridad para verificar situación migratoria en área fronteriza.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, realizó una gira de trabajo en Darién, como parte del compromiso del Gobierno Nacional, de dar seguimiento a la situación migratoria en atención a los acuerdos y convenios internacionales sobre derechos humanos firmados por Panamá.

Durante la gira de seguridad, en la que estuvo presente la directora de Migración Samira Gozaine, la subdirectora, María Isabel Saravia y el director del Servicio Nacional de Fronteras, Oriel Ortega, el equipo llegó hasta la comunidad fronteriza de Cañas Blancas, ubicada a dos kilómetros de la línea fronteriza con Colombia, en donde conversaron con varias familias migrantes que acababan de ingresar a territorio panameño luego de atravesar la peligrosa selva del Darién, muchas de ellas mujeres acompañadas de niños y niñas pequeñas, incluso en brazos.

“Durante nuestra gira de trabajo conversamos con migrantes, en su mayoría venezolanos, quienes nos señalaron que tras el anuncio de Estados Unidos, muchos de ellos tomaron la decisión de regresar a su país, sin embargo, otros continúan la travesía”, explicó el ministro.

El titular de Seguridad Pública, indicó que los delitos contra los migrantes han disminuido, luego que se reforzó la seguridad con más unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el cordón fronterizo de Darién.

El ministro Pino indicó que se tiene programado conversar con autoridades de Colombia y Costa Rica para llegar a un acuerdo ante la situación migratoria en la región.

Actualmente han pasado por Panamá 187 mil 644 migrantes y en lo que va del mes de octubre han pasado 36 mil 62, en su mayoría de Venezuela”, añadió el ministro.

En tanto, la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), Samira Gozaine, informó que actualmente más de 9 mil migrantes se encuentran en los campamentos de recepción en la provincia de Darién.

“Panamá continúa dándole alimentación, alojamiento y atención de salud, hay muchos niños que vienen en estas travesías y no podemos dejar de atenderlos”, indicó la directora Gozaine. Próximamente el SNM habilitará módulos que albergará a más de 300 familias.

Por su parte, el director del Senafront, Oriel Ortega, informó que a través de la operación “Wana Jumarada” se ha reforzado la selva de Darién, tal como lo anunció el ministro Pino en su última gira de trabajo en la región, en donde se detuvo a 78 coyotes y se rescató a 688 migrantes.

“En lo que va del año hemos aprehendido a 136 personas por delitos contra migrantes; de estos, 85 son nacionales y 56 extranjeros”.

Más de cien ONG instan al Consejo de DDHH de la ONU a renovar el mandato de su misión en Venezuela

Más de cien ONG instan al Consejo de DDHH de la ONU a renovar el mandato de su misión en Venezuela

«Si se renovara el mandato, los expertos podrían continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de Derechos Humanos que todavía se cometen, (en Venezuela). Podrían reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias», han señalado en un comunicado conjunto.

Así, las ONG firmantes, entre las que figuran Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), han señalado que la misión es necesaria por la falta de implementación de las recomendaciones de la misión por parte de las autoridades, así como por las condiciones estructurales de impunidad o la falta de mecanismos internos de reparación.

«Los gobiernos latinoamericanos deberían encabezar nuevamente esta iniciativa para promover medidas de rendición de cuentas y los esfuerzos de monitoreo en curso, además de urgir a todos los estados miembros de la ONU a renovar el mandato», han dicho.

«Frente a un gobierno venezolano que no responde seriamente a las recomendaciones, la misión ha avanzado en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones», han agregado.

Las ONG han argumentado que, en vistas a las elecciones presidenciales de 2024, así como las legislativas y regionales de 2025, la misión puede tener un «papel clave» para disuadir la represión gubernamental, que en los últimos períodos electorales «ha alcanzado niveles máximos».

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció este mecanismo para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.

Bukele asegura que El Salvador es ahora el país más seguro de América Latina

Bukele asegura que El Salvador es ahora el país más seguro de América Latina

«Del país más peligroso del mundo al más seguro de América Latina», ha manifestado Bukele en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, en el que ha compartido además una estadística de los homicidios diarios a lo largo de julio.

Así, ha defendido las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a las pandillas que operan en el país y ha recalcado que las autoridades «siguen adelante». «Si analizamos el mes de julio, la tasa sería de 2,19 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes», ha aseverado, antes de aclarar que en comparación con 2021, el país sería por mucho el más seguro de toda América Latina».

Bukele impuso un estado de excepción a finales de marzo en respuesta a una de violencia desatada por varias pandillas, una medida que fue ampliada el 20 de julio por el Parlamento. Según datos de la Presidencia, desde que se decretó el estado de excepción han sido detenidos casi 48.500 pandilleros y se han incautado 1.198 armas de fuego.

«Los resultados obtenidos por la implementación del régimen de excepción permitirán que los salvadoreños disfruten de las vacaciones más seguras de las últimas seis décadas. Gracias a esto, ahora podemos ir a cualquier rincón de nuestro país, a cualquier hora del día, sin ser víctimas de la delincuencia», ha sostenido.

En este sentido, ha recalcado que «para asegurarnos de ello» se han desplegado «miles de soldados, policías y guardias de seguridad en todos los sitios turísticos, pueblos, volcanes, playas, lagos, parques, eventos religiosos, deportivos y culturales» del país. «Paso a paso, seguimos construyendo el país seguro que todos soñamos», ha añadido.

Sin embargo, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han alertado de que el estado de excepción restringe determinadas garantías constitucionales y propicia violaciones de Derechos Humanos, detenciones arbitrarias y tortura, entre otras.

El Gobierno de El Salvador solicita una cuarta prórroga del estado de excepción para combatir a las pandillas

El Gobierno de El Salvador solicita una cuarta prórroga del estado de excepción para combatir a las pandillas

«Este día vamos a recibir al gabinete de Seguridad otra vez, en la Asamblea, para prolongar una vez más el estado de excepción, que vence este domingo 24 (…) El pueblo salvadoreño debe tener certeza de que vamos a seguir apoyando prolongar régimen de excepción», ha indicado el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernestro Castro, en declaraciones recogidas por el diario salvadoreño ‘El Mundo’.

Ahora la prórroga será sometida al escrutinio del Parlamento salvadoreño, que ya la ha aceptado con anterioridad hasta en tres ocasiones. El Artículo 30 la Constitución de El Salvador establece que el plazo de suspensión de las garantías constitucionales «no excederá de 30 días», y que transcurrido tal plazo podrá prolongarse «si continúan las circunstancias que la motivaron».

Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones, según ha detallado el citado diario.

El ministro del Interior, Gustavo Villatoro, ha justificado la prórroga del estado de excepción detallando alguno de los datos que ha brindado la medida en estos casi 120 días el estado de excepción, como más de 46.000 detenciones, 1.103 armas decomisadas, 1.314 vehículos incautados, o 49.105 «porciones» de droga incautadas.

El estado de excepción, que con esta nueva prórroga alcanzará 150 días, durará hasta que «todos los pandilleros de El Salvador estén entre rejas», tal y como aseguró en junio el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

«Vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que es desatar la fuerza del Estado a estos criminales», explicó.

Una nueva caravana de cerca de 2.000 hondureños parte rumbo a Estados Unidos

Una nueva caravana de cerca de 2.000 hondureños parte rumbo a Estados Unidos

Según Platero, este grupo tiene previsto reunirse con otras casi 5.000 personas, en su mayoría hondureños y venezolanos, que se encuentran ya en México, tal y como recoge la emisora local Radio América

«Estos son movimientos que están naciendo en Honduras; el país sigue siendo utilizado para el tráfico, tránsito y reclutamiento de niños, niñas y mujeres», ha lamentado la defensora de Derechos Humanos hondureña.

Por otro lado, Platero ha alertado de que en la capital, Tegucigalpa, hay cerca de mil personas que ya están dispuestas a partir, muchos de ellos núcleos familiares entre los que existe un alto porcentaje de niños y menores de edad.

La funcionaria hondureña ha mostrado su preocupación por el hecho de que, según ella, muchas de estas personas no son conscientes de los peligros a los que se pueden enfrentar en su travesía, incluido toparse con mafias dedicadas al tráfico de personas.

En este punto, ha incidido en que las bandas secuestran a migrantes en los albergues, y que incluso llegan a amenazar a los dueños de estos, lo que está provocando que no quieran aceptar a población migrante en sus instalaciones.

Petro contacta con el Gobierno de Venezuela para reabrir la frontera

Petro contacta con el Gobierno de Venezuela para reabrir la frontera

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles que se ha puesto en contacto con el Gobierno de Venezuela para abrir las fronteras y restablecer «el pleno ejercicio de los Derechos Humanos», después de que el saliente Iván Duque pusiera fin a las relaciones diplomáticas en febrero de 2019.

El anuncio del futuro inquilino de Casa de Nariño forma parte de una de sus promesas durante la campaña electoral, en la que remarcó la necesidad «urgente» y «prioritaria» de restablecer relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela.

«Lo óptimo sería normalizar del todo nuestras interacciones bilaterales, lo sensato y tal vez lo viable, dado su deterioro actual, es empezar con lo que es más factible, es decir, lo consular, y trabajar hacia la restauración plena de relaciones», expuso Petro.

«Solo tenemos tres opciones: cooperar, agredir o aislarnos. Nuestro gobierno no será uno de aislamiento ni de agresiones. Colombia será conocida como potencia mundial para la vida. Nuestro gobierno mantendrá canales de comunicación abierta con el gobierno democráticamente elegido de Venezuela», subrayó.

Tras la confirmación de los resultados del domingo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue uno de los primeros líderes de la región en apresurarse a celebrar y dar la enhorabuena a Gustavo Petro y Francia Márquez por su «histórico» triunfo. «Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano, que salió a defender el camino de la democracia y la paz. Nuevos tiempos se avizoran», festejó.

Posteriormente, algunas figuras del chavismo, como el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, señalaron que confían en que no uno, sino «muchos representantes de Venezuela» acudan a la toma de posesión de Petro, prevista para el 7 de agosto.

Día Mundial de los Refugiados, en datos y gráficos

La cifra de desplazados forzosos superó en 2021 el umbral de los 89 millones de personas, según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El año 2021 acabó con 89,3 millones de personas fuera de sus hogares debido a la persecución, situaciones de conflicto o violaciones de Derechos Humanos. De ellas, 53,2 millones correspondían a desplazados internos, 27,1 millones a refugiados y 4,6 millones a solicitantes de asilo. Esta cifra incluye, además, a 4,4 millones de venezolanos desplazados.

El número global de desplazados forzosos ha ascendido con respecto a los últimos años.

Cifras de refugiados

El número de personas refugiadas constituye un récord. Los que se encuentran bajo el paraguas de ACNUR ascienden a 21,3 millones, mientras que los que los que se encuentran bajo la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ascienden a 5,8 millones. Esta cifra supone un incremento respecto a los últimos años.

SiriaVenezuela y Afganistán encabezan las personas desplazadas de sus fronteras por país de origen.

Por otro lado, por país de acogida, el 39% de las personas desplazadas se concentran en cinco países: Turquía (3,8 millones), Colombia (1,8 millones), Pakistán (1,5 millones), Uganda (1,5 millones) y Alemania (1,3 millones).

Cifras de desplazados internos

El número de desplazados internos volvió a aumentar en 2021 hasta situarse en los 53,2 millones

Cifras de solicitantes de asilo

Las peticiones de asilo ascendieron a 4,6 millones en 2021.

Estados Unidos, Alemania y México encabezaron las peticiones de asilo en 2021.

Encuesta de Ipsos sobre la percepción de los refugiados en varios países

Ipsos ha realizado con motivo del Día Internacional del Refugiado, que se celebra este lunes 20 de junio, una encuesta a nivel mundial para el que se entrevistaron a 17.997 adultos de 18 a 64 años de edad en los Estados Unidos, Sudáfrica, Turquía y Canadá, y de 16 a 64 años de edad en todos los demás países sobre la percepción de los refugiados y el derecho a buscar refugio en otros países

Sin embargo, casi un 60% de los encuestados de todos los países creen que la mayoría de los refugiados que hay en su país no lo son realmente, sino que quieren instalarse allí por razones económicas o para beneficiarse de los servicios de salud u otras ventajas del estado de bienestar

Gaza

HRW denuncia que el bloqueo a Gaza es parte del «apartheid» de Israel contra los palestinos

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que el bloqueo impuesto hace 15 años a la Franja de Gaza forma parte de los crímenes de «apartheid» contra millones de palestinos y ha destacado que la situación «ha devastado la economía» del enclave y ha contribuido a la fragmentación del pueblo palestino.

«Israel, con la ayuda de Egipto, ha convertido Gaza en una prisión al aire libre», ha dicho el director de HRW para Israel y Palestina, Omar Shakir. «Mientras mucha gente alrededor del mundo viaja de nuevo dos años después del inicio de la pandemia de coronavirus, los más de dos millones de palestinos de Gaza siguen bajo lo que equivale a un confinamiento de 15 años», ha argumentado.

Así, la organización ha resaltado que el bloque impide que la mayoría de los residentes gazacíes viajen a Cisjordania o al extranjero, lo que limita su derecho al trabajo y a la educación, una situación exacerbada por las restricciones impuestas por las autoridades egipcias en el cruce fronterizo de Rafá, incluidos retrasos innecesarios y malos tratos a los viajeros.

«El bloqueo a Gaza impide que personas talentosas y profesionales, con mucho que dar a su sociedad, persigan oportunidades que personas en otras zonas del mundo asumen como garantizadas», ha dicho Shakir. «Impedir que los palestinos de Gaza se muevan libremente en su patria socava sus vidas y subraya la cruel realidad de apartheid y persecución a millones de palestinos», ha señalado Shakir.

Por ello, HRW ha reclamado a las autoridades israelíes que pongan fin a la prohibición general de viaje a los residentes de Gaza y que autorice una libertad de movimiento sometida como mucho a inspecciones personales por motivos de seguridad.

La ONG ha indicado que entre febrero de 2021 y marzo de 2022 entrevistó a 20 palestinos que intentaron salir de Gaza a través de los cruces de Erez –con Israel– y Rafá y ha agregado que escribió a las autoridades de ambos países para solicitar su versión de las conclusiones, sin haber recibido respuesta en el momento de la publicación del informe.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Israel han prohibido desde 2007, con escasas excepciones, que los palestinos abandonen el enclave a través del paso de Erez, al tiempo que impiden que las autoridades palestinas operen el aeropuerto y el puerto de Gaza y limitan drásticamente la entrada y salida de bienes de la Franja, controlada desde ese año por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Esta situación, derivada de las preocupaciones de seguridad de Israel en torno a las actividades de Hamás, considerado un grupo terrorista por parte de las autoridades israelíes, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), ha supuesto graves limitaciones a la libertad de movimiento y a los derechos laborales y de educación de los residentes en la Franja.

Dificultades para obtener permisos

HRW ha resaltado que durante su investigación ha entrevistado a siete personas que afirmaron que las autoridades israelíes no respondieron a sus peticiones para viajar a través del paso de Erez, mientras que otras tres han resaltado que Israel rechazó sus permisos por no encajar en los estrictos criterios fijados.

Ualaa Sada, una cineasta de 31 años, ha desvelado que se postuló para los permisos para participar en un curso de cine en Cisjordania en 2014 y 2018 tras pasar años intentando convencer a su familia para que la permitiera viajar sola, si bien Israel no respondió a sus solicitudes.

La imposibilidad de participar en los cursos, que requerían presencialidad y trabajar en estudios, hicieron que su participación por vía remota quedara descartada. Así, Sada ha relatado que «el mundo se estrechó» cuando recibió la respuesta de Israel y ha agregado que sintió que «estaba atrapada en una pequeña caja».

«Para nosotros, en Gaza, las manecillas del reloj se detuvieron. La gente de todo el mundo puede reservar un vuelo y viajar de forma rápida y fácil, mientras nosotros morimos esperando nuestro turno», ha lamentado.

La situación se ha visto ahondada por el impacto del cierre de Rafá por parte de las autoridades egipcias y, si bien desde mayo de 2018 han procedido a reaperturas más regulares, los palestinos siguen haciendo frente a numerosos obstáculos para viajar al país vecino, que requiere esperar semanas para recibir permisos para el viaje a menos que paguen cientos de dólares a compañías con lazos con el Gobierno egipcio.

En este sentido, Sada ha manifestado que también tuvo la oportunidad de participar en un curso en Túnez en 2019, pero no pudo permitirse pagar los 2.000 dólares (cerca de 1.915 euros) que le pedían por pagar los servicios que le garantizarían que podría viajar a tiempo. Finalmente, el turno le fue concedido seis semanas después, cuando el curso ya había terminado.

Oportunidades perdidas

Raed Isa, un artista de 42 años, ha apuntado que las autoridades israelíes no respondieron a su solicitud para un permiso de viaje a principios de diciembre de 2015 para participar en una exhibición en una galería de arte en la ciudad cisjordana de Ramala que tenía como objetivo destacar la situación en Gaza tras la guerra de 2014.

Así, ha apuntado que el Comité de Asuntos Civiles Palestinos siguió identificando su estatus como «enviado y a la espera de respuesta» hasta el inicio de la exhibición, en la que finalmente participó por videoconferencia, lo que impidió promover su trabajo y dañó las ventas de sus obras, según ha explicado en declaraciones a HRW.

Ashraf Shauiil, de 47 años y presidente de la junta de directores del Centro de Gaza para el Alto y la Cultura, ha reconocido que los artistas gazacíes frecuentemente no reciben respuesta tras pedir permisos israelíes. El hombre, que es pintor, ha presentado siete solicitudes entre 2013 y 2022, si bien en todas las ocasiones quedó sin respuesta o fue rechazado.

La situación es similar para los atletas de Gaza, que no reciben permisos para competir contra equipos de Cisjordania a pesar de que las normas del Ejércitos israelí identifican específicamente la entrada de «deportistas» como parte de las autorizadas pese al cierre.

Hilal al Ghauash, de 25 años, ha dicho que su equipo de fútbol, Jadamat Rafá, no pudo acudir al partido en julio de 2019 contra el cisjordano Balata Youth Center para la final del Club Palestina, cuyo ganador da permiso de representación a Palestina en la Copa de Asia. Pese a que se pidió permiso para los 22 futbolistas y trece miembros del equipo, las autoridades sólo dieron permiso a cuatro, incluido un jugador.

Posteriormente, las autoridades israelíes dieron once permisos –incluidos seis jugadores– tras una apelación ante un tribunal de Jerusalén y reseñaron que los otros 24 fueron rechazados por motivos de seguridad sin especificar. Finalmente, la Federación Palestina de Fútbol canceló la final ante la incapacidad del equipo gazací de desplazarse para el partido.

Por todo ello, HRW ha recordado que Israel, como potencia ocupante, tiene obligaciones bajo el Derecho Humanitario para garantizar el bienestar de la población en la Franja de Gaza y ha incidido en que las restricciones vigentes no cumplen los requisitos de proporcionalidad.

Asimismo, ha señalado que, si bien las obligaciones legales de Egipto son más limitadas, al no ser potencia ocupante, las autoridades deberían trabajar para hacer que las Convenciones de Ginebra se respetan «en todas las circunstancias», incluida la entrega de protección a civiles que viven bajo ocupación militar y que no pueden viajar debido a las restricciones impuestas.

Amnistía Internacional denuncia la crisis de derechos humanos de Bukele en El Salvador

Amnistía Internacional denuncia la crisis de derechos humanos de Bukele en El Salvador

Las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de Derechos Humanos, entre las que destacan detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, así como el fallecimiento de cerca de una veintena de personas bajo la tutela del Estado, ha explicado AI al presentar las conclusiones de una investigación realizada en el país centroamericano.

Estos crímenes se enmarcan dentro del régimen de excepción aprobado el 27 de marzo, prorrogado dos veces, y vigente actualmente por el auge de homicidios presuntamente cometidos por pandillas.

«En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia», ha explicado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Asimismo, ha pedido justicia «de forma urgente»: «Ésta solo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva».

El régimen de excepción, junto a las reformas penales, han limitado los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente. De esta forma, AI informa de que ha encontrado miles de casos de detenidos sin el cumplimiento de los requisitos legales, sino «únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno».

Entre los casos analizados, las personas detenidas han sido privadas de libertad al presentar tatuajes, vínculos con una pandilla o vivir en zonas con altas tasas de marginación y abandono que están controladas por estos grupos.

Las organizaciones de Derechos Humanos han denunciado las vulneraciones de derechos de las personas investigadas, pero informan de que los procesos no presentan avances.

«Es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de Derechos Humanos e incluso crímenes de derecho internacional», ha explicado Erika Guevara Rosas.

«Estigmatización del periodismo»

Amnistía ha entrevistado a periodistas locales que han tenido que cambiar de domicilio o país debido al hostigamiento. En el contexto de estado de excepción, se han aprobado reformas legales que criminalizan a quienes informan sobre las pandillas.

Asimismo, funcionarios públicos y medios oficialistas han acusado «públicamente y sin pruebas» a periodistas e investigaciones de tener vínculos con pandillas para «estigmatizar y cohibir» la profesión.

Bukele, además, ha insultado a investigadores para desacreditar aquellos informes que señalan posibles negociaciones secretas entre el gobierno y las pandillas.

«Detención de sindicalistas»

Igualmente, AI ha documentado la detención de cuatro sindicalistas. Una de ellas, Dolores Almendares, trabajadora de la alcaldía de Cuscatancingo y secretaria general del sindicato SETRAMUC, fue detenida acusada por agrupación ilícita, pero sus familiares y compañeros creen que la detención podría tener algún vínculo con su defensa de los derechos laborales.

«La magnitud de las violaciones a los Derechos Humanos demanda una respuesta contundente e inmediata de la comunidad internacional», ha afirmado la activista Guevara. A su vez, ha solicitado que se permita el acceso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU.

Bukele afirma que el Gobierno de El Salvador está "a punto de ganar la guerra contra las pandillas"

Bukele afirma que el Gobierno de El Salvador está «a punto de ganar la guerra contra las pandillas»

«En tres años hemos arrebatado el poder a los poderes fácticos y lo hemos dado al pueblo y la gente ya siente cómo es vivir sin actividad de pandillas», ha recalcado Bukele ante 79 parlamentarios en la Asamblea Nacional de El Salvador.

Así, ha afirmado que el país latinoamericano «está cerca de una realidad que fue negada» y que se atrevería a decir que hasta hace pocos meses «muchos salvadoreños se preguntaban si algún día lo lograrían».

En este sentido, el mandatario ha culpado a los partidos de la oposición de ser responsables de la proliferación de la violencia ejercida por las pandillas y ha mencionado que más de 120.000 personas han sido asesinadas, «sin contar desaparecidos».

Asimismo, ha subrayado que la bajada de asesinatos durante su administración se debe al éxito del ‘Plan Control Territorial’ iniciado 20 días antes de su Gobierno, en 2019.

Bukele ha enviado un mensaje a los «amigos y no tan amigos» de la comunidad internacional: «Quienes quieran apoyarnos son bienvenidos a construir este sueño con nosotros, pero los que no mejor apártense, no vamos a permitir que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o darnos órdenes», ha aseverado.

«Queremos ser amigos, socios, aliados, pero no colonia ni patio trasero. Nuestras puertas están abiertas de par en par pero no vamos a permitir que vengan a decirnos lo que debemos hacer», ha agregado el presidente.

Este mensaje ha sido emitido debido a que El Salvador ha recibido constantes solicitudes de organismos internacionales para respetar y garantizar la defensa de los Derechos Humanos.

Así, ha recalcado que su Gobierno no es una «dictadura», es un «liderazgo democrático» y ha precisado que no se tendrán en cuenta los asesinatos de pandilleros durante enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad. «El Salvador se habría convertido en mayo en el país más seguro de América Latina», ha remachado.

«El Salvador, que por muchos años fue de las pandillas, al fin es nuestro y la victoria está lista y seguimos», ha sentenciado.

Comisión mexicana de derechos humanos critica actuación de la OMS y la acusa de ser instrumento político

Comisión mexicana de derechos humanos critica actuación de la OMS y la acusa de ser instrumento político

“Después de millones de muertes, de destrozar la economía mundial y de servir para limitar las libertades de miles de millones de personas en el mundo, hoy nos encontramos en un escenario que nos permite analizar lo sucedido, en cuyo contexto observamos situaciones sin explicación, carentes de algún beneficio y absurdas por demás”, afirmó el presidente de la CMDH y exprocurador mexicano René Bolio Halloran.

Bolio Halloran destacó que una de las “malas decisiones de la OMS” fue no dejar que Taiwán ingresara a dicho organismo, “con lo que no se afectó esta nación”, aseguró el también exsenador, sino que se perdieron grandes avances, investigaciones y resultados que obtuvo Taipéi desde el inicio de la pandemia.

Actualmente, Taiwán continúa invirtiendo en el desarrollo tecnológico y tiene avances que Bolio Halloran califica de “espectaculares”, como un fármaco que previene la difusión del virus y puede detener la pandemia.

Asimismo, dijo, la nación asiática también cuenta con una “eficiente vacuna” que ha sido aceptada y usada con éxito en una decena de países, pero que, sin embargo, no se ha masificado por la negativa de la OMS.

“El gobierno taiwanés quiso colaborar en la pandemia, teniendo mucho que aportar de sus exitosas experiencias, sin embargo, China comunista vetó su ingreso a la OMS e impidió que estos conocimientos pudieran ser compartidos y difundidos. El veto no tuvo argumentos, ya que no los hay. Prefirieron que se expandiera la mortalidad antes que aceptar la participación de quien pudo domar la pandemia desde su inicio”, añadió.

Para el activista, toda la información recabada y analizada por Taiwán durante la pandemia ha sido puesta a disposición de la OMS. No obstante, se han negado a incluirla en los análisis que se hacen de los demás países, de manera absurda.

Destacó que Taiwán avanzó a pasos acelerados desde que tuvo noticias del virus, a pesar de que China comunista trató de ocultarlo, y con ello se desaprovecharon oportunidades muy valiosas de conservar la salud y la vida de millones de personas.

Finalmente dijo que “los gobiernos democráticos del mundo deben poner los intereses de sus ciudadanos por encima de las amenazas de la dictadura china y aceptar de una vez a Taiwán como parte de la comunidad internacional, en especial en las organizaciones responsables de la salud humana”.

Bukele responde a Amnistía Internacional que El Salvador "seguirá" con la guerra contra las pandillas

Bukele responde a Amnistía Internacional que El Salvador «seguirá» con la guerra contra las pandillas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha respondido este miércoles a la ONG Amnistía Internacional (AI) que las autoridades salvadoreñas pretenden «seguir» con la llamada guerra contra las pandillas, después de que la organización haya vuelto a censurar sus consecuencias.

En su cuenta de la red social Twitter, Bukele ha resaltado que la Policía salvadoreña ha detenido a un total de 27.831 «terroristas» en los 46 días que lleva vigente el estado de excepción en el país centroamericano, impuesto para luchar contra la ola de homicidios.

«Seguimos», ha trasladado Bukele en un mensaje en el que se hace eco del lanzamiento de la acción urgente de Amnistía Internacional, que ha advertido al mandatario salvadoreño que «el mundo está mirando».

«Detenciones arbitrarias, malos tratos a presos, muertes bajo custodia y ataques a periodistas», lamentó AI. En su acción urgente, AI ha pedido garantizar los derechos de los presos y un trato justo y censura, entre otras cosas, que no haya derecho a la defensa jurídica.

Además, y entre otros aspectos, se opone a que se realicen juicios sin presencia de los acusados, algo que viola el Derecho Internacional, y censura la estigmatización y el acoso a los periodistas y defensores de los Derechos Humanos.

El Gobierno salvadoreño reconoció el lunes la muerte de al menos once personas detenidas en el marco del estado de excepción, impuesto a finales de marzo y ampliado recientemente.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la ampliación del estado de excepción declarado para combatir a las pandillas después de una petición por parte del presidente, Nayib Bukele, por lo que la medida estará vigente 30 días más.

Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones «defienden a los pandilleros». Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.

República Checa

ONU cubre con República Checa la vacante de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos

La propuesta checa, la única que existía para cubrir una vacante que corresponde al este de Europa, ha recibido 157 votos a favor en la Asamblea General, donde están representados todos los Estados miembro de la organización. República Checa se garantiza presencia en el Consejo hasta diciembre de 2023.

El primer ministro checo, Petr Fiala, ha agradecido la «oportunidad» de poder defender los Derechos Humanos en el foro de la ONU, tras una votación cuyo resultado también ha celebrado el ministro de Exteriores, Jan Lipavski.

La ONU apartó a Rusia del Consejo de Derechos Humanos el 7 de abril, también mediante una votación de la Asamblea General, si bien la versión oficial de Moscú pasa por esgrimir que ya había decidido retirarse antes de la expulsión.

El Salvador

El Salvador reconoce más de una decena de muertos entre los detenidos en el estado de excepción

«Entre diez u once eventos de letalidades», ha confirmado Villatoro en una entrevista en la televisión salvadoreña, donde no obstante ha calificado el dato de «positivo» dada la cantidad de detenciones durante el régimen de excepción, que suma ya más de 26.700 arrestados. La cifra arroja una media de 500 detenciones diarias.

«Esto habla muy bien del profesionalismo de las fuerzas del orden, que han sido respetuosas de los Derechos Humanos pero sobre todo profesionales», ha hecho hincapié el ministro, que no ha detallado si los fallecidos eran pandilleros o si murieron durante enfrentamientos con los agentes o en custodia, ha recogido el diario salvadoreño ‘El Mundo’.

El ministro ha destacado que el grupo de edad de 18 a 30 años es el que concentra el mayor porcentaje de detenciones, lo que coincide con las edades de los «homeboys –nombre por el que se conoce a los miembros de pandillas– y colaboradores», mientras que entre los 41 y los 60 se ubican algunos de los líderes históricos de estas estructuras.

Asimismo, Villatoro ha defendido que «todos» los delitos se han visto reducidos de forma «significativa» en el país centroamericano, lo que a su juicio demuestra que el principal problema de seguridad en El Salvador «era todo lo que generaba la actividad multicrimen de estas estructuras terroristas», en alusión a las pandillas.

Por otra parte, según extractos de la entrevista difundidos en la red social Twitter por el Ministerio que encabeza, Villatoro ha informado de que, de los 15 cabecillas nacionales de la Mara Salvatrucha, la más grande del país, las autoridades salvadoreñas han detenido ya a seis, al tiempo que han dañado la financiación de la pandilla y el flujo de droga que mueven.

El ministro también ha defendido que las autoridades han percibido un «apoyo fuerte» de la población al estado de excepción, porque «ya no quiere estar sometida ante estas estructuras terroristas y, definitivamente, ya no quiere a estos delincuentes en las comunidades».

«Vamos a desarticular completamente a estas estructuras, todas las reformas legales que se han presentado son para eso, queda claro que como salvadoreños este tipo de grupos terroristas ya no tienen cabida dentro de nuestro territorio», ha agregado.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la ampliación del estado de excepción declarado para combatir a las pandillas después de una petición por parte del presidente, Nayib Bukele, por lo que la medida estará vigente 30 días más.

Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones «defienden a los pandilleros». Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.

Nicaragua

ONU insta a Nicaragua a reabrir organizaciones, medios y partidos cerrados «arbitrariamente»

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se ha mostrado «profundamente preocupado» por las reformas legales que limitan en Nicaragua el margen de maniobra de la sociedad civil y ha instado al Gobierno de Daniel Ortega a permitir la reapertura de organizaciones, medios y partidos cerrados «arbitrariamente» durante estos últimos años.

La ley que entró en vigor el viernes nace con el pretexto de prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, pero para la ONU lo único que hace es «profundizar la represión del espacio cívico», con nuevas obligaciones que dejan a la organizaciones a merced de los dictámenes del Gobierno.

La reforma obliga a detallar las fuentes de financiación y las actividades e impide a las ONG cualquier mínimo vínculo con política. Establece, además, un máximo del 25 por ciento de miembros extranjeros, en aras supuestamente de la no injerencia exterior en cuestiones internas nicaragüenses.

«Tememos que estas restricciones tendrán como efecto coartar la libertad de expresión y asociación de cualquier organización que quiera ser crítica hacia el Gobierno», ha advertido la portavoz del Alto Comisionado, Liz Throssell, en un comunicado.

La nueva ley coincide además con el cierre de unas 50 organizaciones, lo que resulta «aún más preocupante», en palabras de Throssell. Desde 2018, cuando se registraron unas movilizaciones sin precedentes, Nicaragua ha cerrado al menos 209 organizaciones, 137 de ellas este año, y ha asumido el control de doce universidades.

Para la oficina que encabeza Michelle Bachelet, «es crucial que las autoridades nicaragüenses cesen las indebidas cancelaciones y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente».

La cifra de refugiados salidos de Ucrania supera ya los 6 millones

ONU confirma la muerte de unos 2.830 civiles en Ucrania, entre ellos 205 niños

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha elevado a 2.829 el balance provisional de civiles muertos en Ucrania como consecuencia de la ofensiva militar de Rusia, entre ellos 205 niños, si bien asume que la cifra real sería «considerablemente mayor».

La ONU ha podido constatar, además, 3.180 heridos, incluidos 303 menores de edad, según un recuento que sitúa a la mayor parte de las víctimas en territorios controlados por las fuerzas leales al Gobierno de Ucrania.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos echa en falta más información de algunas zonas donde sigue habiendo «intensos» combates e incluye en este grupo el área de Mariúpol, situada en el sureste de Ucrania y escenario de un intenso asedio por parte de las fuerzas rusas.

Las autoridades locales estiman que sólo en Mariúpol hay miles de muertos más y también temen que haya cientos de fallecidos sin registrar en zonas bajo control militar ruso, tal como quedó de manifiesto en áreas cercanas a Kiev que durante semanas fueron inaccesibles.

República Checa anuncia su candidatura para sustituir a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

«República Checa quiere reemplazar a Rusia en el Consejo de los Derechos Humanos, por lo que acabamos de presentar una candidatura al puesto. La promoción de los Derechos Humanos es una prioridad del Gobierno checo», ha explicado el Ministerio de Exteriores checo en Twitter.

El Gobierno de República Checa considera a Rusia como responsable de «la agresión, el sufrimiento y la destrucción en Ucrania», por lo que aplaude la suspensión de la membresía rusa del Consejo de los Derechos Humanos la ONU, al que el Ejecutivo checo quiere unirse.

En una carta dirigida a Naciones Unidas, República Checa se ha comprometido a trabajar para «el avance de los Derechos Humanos» de manera «justa y equitativa», así como a dar «respuestas adecuadas» a las violaciones y los abusos se estos derechos «dondequiera que ocurran».

«En el Consejo de Derechos Humanos, República Checa colaborará de manera transparente y de buena voluntad con todos los Estados de todas las regiones, así como con la sociedad civil y los defensores de los Derechos Humanos», ha asegurado el Ejecutivo checo en el escrito.

Asimismo, el Gobierno de República Checa ha detallado en este texto que adoptará una «postura activa» contra la violencia infligida a las mujeres y las niñas, incluyendo la violencia sexual en los conflictos armados.

La Asamblea General de la ONU votó el pasado 7 de abril a favor de suspender a Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos, una propuesta que salió adelante con 93 votos a favor y 24 en contra, mientras que 58 Estados miembro se abstuvieron y varios más directamente no se pronunciaron.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, celebró la aprobación del texto, alegando que «los criminales de guerra no tienen cabida en órganos de la ONU destinados a proteger los Derechos Humanos». En este sentido, agradeció a los países que han «elegido el lado correcto de la historia».

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia tildó la resolución como «un paso ilegítimo y políticamente motivado» cuyo objetivo es «castigar» a un Estado miembro de la ONU por sus «políticas independientes».

pandilleros detenidos en El Salvador

Ya son más de 12.000 los pandilleros detenidos en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha destacado que superan ya los 12.000 los pandilleros «terroristas» detenidos en los 21 días que dura la campaña contra los grupos delictivos lanzada por las autoridades salvadoreñas y muy cuestionada por ONG y defensores de los Derechos Humanos.

«Más de 12,000 terroristas capturados en solo 21 días. Seguimos… #GuerraContraPandillas», ha publicado Bukele en Twitter citando un mensaje previo de la Policía Nacional.

«Hasta las 20.00 horas de este viernes 15 de abril hemos capturado a 466 terroristas en el país. Con esta cantidad, el total de capturas desde que inició la #GuerraContraPandillas es de 12.036. Y todavía faltan 4 horas para cerrar el día», ha indicado la Policía Nacional Civil en su mensaje.

En el marco de esta ofensiva contra las bandas se han suspendido los derechos a la libertad de asociación y reunión y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso, lo que ya ha generado críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

Human Rights Watch (HRW) ha pedido al Gobierno salvadoreño que adopte «medidas respetuosas de los Derechos Humanos» para proteger a la población de la «atroz violencia» de las pandillas, ya que cree que las aprobadas recientemente «violan las garantías básicas del debido proceso y los derechos de los niños».

Amnistía Internacional denuncia la crisis de derechos humanos de Bukele en El Salvador

Rusia cierra las oficinas de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otra docena de organizaciones

Rusia ha anunciado este viernes la expulsión de la oficina de Amnistía Internacional (AI) en Moscú, así como las de otras catorce ONG como Human Rights Watch (HRW) o Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) de su lista de organizaciones internacionales extranjeras por «violaciones a la legislación rusa».

«El cierre de Amnistía en Rusia es solo el último de una larga lista de organizaciones que han sido castigadas por defender los Derechos Humanos y decir la verdad a las autoridades rusas», ha denunciado la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

«En un país donde decenas de activistas y disidentes han sido encarcelados, asesinados o exiliados, donde los medios independientes han sido calumniados, bloqueados o obligados a autocensurarse, y donde las organizaciones de la sociedad civil han sido proscritas o liquidadas, algo deben estar haciendo bien si el Kremlin intenta callarte», ha expresado Callamard.

Además de las organizaciones antes mencionadas también han tenido que cerrar, entre otras, las alemanas Fundación Friedrich Ebert –con oficina en San Petersburgo–, Fundación para la Libertad Friedrich Naumann y Fundación Konrad Adenauer, con sede en Moscú; la suiza Fundación Aga Khan y el estadounidense Instituto para la Educación Internacional.

«Las autoridades están profundamente equivocadas si creen que al cerrar nuestra oficina en Moscú detendrán nuestro trabajo de documentar y denunciar las violaciones de Derechos Humanos», ha insistido la secretaria general de AI

«Nunca dejaremos de luchar por la liberación de los presos de conciencia (…). Continuaremos defendiendo la capacidad del periodismo independiente para informar hechos reales, libres de la intervención del Gobierno ruso», ha enfatizado Callarmad, quien ha prometido luchar para que los responsables de cometer graves violaciones, «ya sea en Rusia, Ucrania o Siria», se enfrenten a la justicia.

 

Guatemala

Guatemala expresa su «total rechazo» a la resolución crítica del Parlamento Europeo

La Eurocámara denunció el jueves la supuesta presión a jueces, abogados y fiscales que persiguen actividades corruptas y, además, la persecución de activistas y periodistas. El ministro de Exteriores guatemalteco, Mario Búcaro, ha lamentado que no se haya escuchado la «versión» del Gobierno de Alejandro Giammattei.

Búcaro ha señalado en una declaración que la resolución «no es vinculante» para Guatemala ni tampoco implica sanciones, pero sí que ha apuntado que condicionará un futuro diálogo «de alto nivel» con la Unión Europea.

El jefe de la diplomacia guatemalteca ha admitido que sigue habiendo «desafíos» en Guatemala, pero ha subrayado que «hay democracia y hay Estado de Derecho». En este sentido, ha señalado que existe «una política clara y transparente de la lucha contra la corrupción y la impunidad».

La resolución de la Eurocámara cuestiona, entre otras cosas, las medidas emprendidas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía contra personas que persiguen estructuras delictivas vinculadas a altos cargos del Estado o grandes empresas.

Los eurodiputados han denunciado amenazas contra operadores de justicia implicados en casos de corrupción, así como contra defensores de los Derechos Humanos y periodistas. Perciben también una campaña de descrédito sobre medios de comunicación.

Con su resolución, la Eurocámara emplaza a las autoridades del país centroamericano a garantizar el pleno respeto de la separación de poderes, por ejemplo favoreciendo la transparencia en la elección de jueces, y a investigar cualquier medidas de presión ejercida al margen de la ley.

Borrell se muestra positivo ante el posible visto bueno de la misión de entrenamiento al Ejército ucraniano

UE pide a Rusia escuchar a Naciones Unidas tras su expulsión del Consejo de Derechos Humanos

«La resolución fue adoptada por un margen muy claro y expresa las graves preocupaciones por la crisis humanitaria y de Derechos Humanos actual en Ucrania, en particular las informaciones de violaciones flagrantes y sistemáticas de Derechos Humanos y Derecho Humanitario Internacional por parte de Rusia», ha valorado el Servicio de Acción Exterior, que dirige Josep Borrell, en un comunicado.

Para la UE, la suspensión de los derechos como miembro del Consejo de Derechos Humanos es «necesaria» para mantener la integridad del órgano y demuestra la voluntad de la comunidad internacional de actuar ante la situación en Ucrania.

«Es hora de que el Gobierno ruso escuche la voz de la Asamblea General de Naciones Unidas y las peticiones del secretario general y pare esta guerra y ponga fin inmediatamente a este sufrimiento humano sin sentido», ha recalcado la diplomacia europea.

En este sentido, ha subrayado que las violaciones cometidas por Rusia en el país vecino piden una respuesta internacional unida y las últimas votaciones en Naciones Unidas muestran la «clara determinación de la comunidad internacional de que Rusia rinda cuentas».

La iniciativa salió este jueves adelante con 93 votos a favor y 24 en contra, mientras que 58 miembros se abstuvieron varios más directamente no se han pronunciado.

El Kremlin ha replicado que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU «pierde» con la expulsión de Rusia. «No le da ningún valor agregado al Consejo. Al contrario, pierde en esta situación», ha asegurado en rueda de prensa, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Peskov ha aludido a los países considerados «amigos» de Rusia que votaron a favor de la expulsión, como Serbia y Hungría, y ha matizado que el Kremlin «simpatiza» con ellos.

expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos

ONU debatirá este jueves la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos

La Asamblea General de Naciones Unidas debatirá este jueves la posible expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, en línea con la petición de varios países, liderados por Estados Unidos, que consideran inaceptable que siga formando parte de dicho organismo tras los abusos cometidos sobre la población de Ucrania.

La sesión de emergencia arrancará a las 10.00 (hora local), según ha confirmado a Europa Press la portavoz de la presidencia de la Asamblea General, Paulina Kubiak.

La Asamblea General, que ya ha condenado en dos ocasiones la invasión rusa sobre Ucrania, contempla en sus estatutos expulsar a un Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos si comete abusos «graves y sistemáticos». Tendrían que estar de acuerdo dos terceras partes de los países.

El respeto por los Derechos Humanos no es condición ‘sine qua non’ para acceder al Consejo y, de hecho, con cada periodo de renovación surgen críticas en torno a los candidatos que aspiran a entrar.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya aprobó a principios de marzo la creación de una comisión independiente para investigar los presuntos abusos cometidos en Ucrania desde que Rusia lanzó su ofensiva militar el 24 de marzo, en una primera derrota para Moscú. Sólo Rusia y Eritrea votaron ‘no’.

ONU denuncia abusos en El Salvador

ONU denuncia abusos en El Salvador por el estado de excepción para contener la violencia

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se ha mostrado «profundamente preocupado» por los efectos colaterales que estaría teniendo el estado de excepción impuesto en El Salvador para combatir la violencia de las pandillas, ya que sospecha que la Policía está haciendo un uso excesivo de la fuerza y se estarían cometiendo malos tratos sobre detenidos.

El estado de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 27 de marzo y estará en vigor en principio durante un mes. El presidente, Nayib Bukele, lo defiende como una herramienta necesaria para contener la violencia tras decenas de asesinatos, si bien este régimen genera dudas por las derivadas que supone para el respeto de libertades y derechos.

La portavoz de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Liz Throssell ha advertido de que, «supuestamente», los policías y los militares están excediéndose en su actuación, con detenciones masivas –Bukele estima que son ya 6.000 en nueve días– sin una orden de arresto y un trato «cruel, inhumano y degradante» sobre los sospechosos.

La ONU reconoce los «retos» que puede suponer la violencia de las pandillas en El Salvador, pero al mismo tiempo recuerda que, independientemente de la situación, las autoridades salvadoreñas están obligadas a respetar el Derecho Internacional.

«Recordamos a El Salvador que el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas, el principio de juicio justo y la presunción de inocencia (…) se aplican en todo momento, también en estados de emergencia», ha señalado Throssell, que ha hecho hincapié «especialmente» en el caso de menores de edad.

Reforma legal

La portavoz ha enfatizado también su preocupación por la enmiendas que puedan hacerse a nivel legal para, entre otras cuestiones, elevar las condenas contra los pandilleros, ya que genera dudas en cuanto a la magnitud de estas penas y al «debilitamiento» del debido proceso, por ejemplo con la eliminación del límite de dos años en prisión preventiva y con juicios ‘in absentia’ o donde la identidad del juez sea confidencial.

Los adolescentes vinculados con grupos armados podrían ser condenados como adultos y cumplir la pena en una cárcel al uso. Para quienes tengan entre 12 y 16 años, las reformas plantean elevar las sentencias de siete a diez años, mientras que asciende a 20 en el caso de acusados de entre 16 y 18 años.

Estado de excepción de El Salvador

Estado de excepción de El Salvador cumple una semana

«Hoy en El Salvador: 8.30 am: Bukele pidió por Twitter que se investigue al juez Godofredo Salazar porque ordenó la liberación de presuntos pandilleros. 2.30 pm: la Corte Suprema ordenó el traslado del juez Salazar a otro juzgado. El Estado de derecho ha muerto en el país», ha publicado en Twitter el investigador para las Américas de HRW Juan Pappier.

Así, HRW denuncia que Bukele «intimida abiertamente a los jueces que no deciden cómo a él se le antoja». «Una demostración más de su desprecio absoluto por el Estado de derecho», ha espetado.

En respuesta, Bukele ha publicado en Twitter la frase «Homeboys Rights Watch», en referencia a una de las pandillas más importantes del país. Para Bukele, HRW busca «ver a nuestro pueblo desangrarse, ese es su negocio», ha informado el diario salvadoreño ‘El Mundo’.

Esta es la segunda ocasión en apenas una semana en la que Bukele y HRW intercambian mensajes de denuncias y acusaciones. El jueves, la directora en funciones de Human Rights Watch para las Américas, Tamara Taraciuk, «condenó» y reclamó por lo que consideró «ataques infundados por el presidente Bukele contra defensores de derechos humanos que se pronuncian sobre sus abusos» después de que el mandatario señalara a la organizaciones defensoras de Derechos Humanos porque «no se interesan por las víctimas. Solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre».

Taraciuk señalaba los comentarios de Bukele, que «evidencian el nivel de intolerancia de Nayib Bukele y su descarado esfuerzo por cerrar espacios democráticos».

Falta de garantías judiciales

También la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha reprochado a Bukele en una carta abierta que se estén incumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos.

«Sin duda, la crítica situación de violencia que ha enfrentado el país por años, demanda acciones urgentes que protejan la vida y la integridad de las personas frente a la criminalidad», apunta Guevara. «Sin embargo, muchas de las acciones que las autoridades salvadoreñas han implementado hasta el momento son inadmisibles y de ninguna forma están justificadas», denuncia.

En concreto, Amnistía considera que las normativas aprobadas «contienen preceptos que violan de forma flagrante los derechos al debido proceso y las garantías judiciales».

Los cambios permiten sentencias sin presencia de imputados, un tipo de juicio que considera injusto. Una persona puede quedar privada de libertad a la espera de una decisión sin que se compruebe su culpabilidad y permiten que los juicios se lleven a cabo desconociendo la identidad de los jueces.

Asimismo establece penas de 20 a 30 años de prisión para personas que «reciban provecho directa o indirectamente de las relaciones de cualquier naturaleza con tales organizaciones», lo cual no cumple requisitos del principio de legalidad.

Según la organización internacional, este régimen impide que los detenidos puedan impugnar las acusaciones y que tengan un juicio justo. Esto, señala, podría impedir que las víctimas tengan justicia.

«Las violaciones de derechos humanos no pueden ser la solución a la violencia, solo profundizan la grave situación, generando un contexto de abusos y arbitrariedades, del cual no hay retorno», ha remachado Guevara.