La falta de rendición de cuentas en Panamá ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciando una mentalidad antidemocrática que socava los cimientos de nuestra nación. El caso de los millonarios desembolsos de la descentralización es un ejemplo flagrante: de 754 juntas comunales y alcaldías, solo 38 han presentado informes a la Autoridad Nacional de Descentralización.

Esta negligencia no solo es un insulto a la transparencia, sino un delito que debe ser perseguido con todo el peso de la ley. La impunidad no puede ser una opción para superar la mentalidad “caciquista” que ve las arcas nacionales como un botín personal.

Urge una acción decisiva: los responsables deben comparecer ante la justicia, rindiendo cuentas y asumiendo sus responsabilidades. El llamado para la entrega de documentos es un paso necesario, pero insuficiente. Necesitamos un cambio de paradigma que erradique la cultura de opacidad y establezca la transparencia como norma inviolable en la gestión pública panameña.

El futuro de nuestra democracia depende de ello. Es hora de que Panamá exija y obtenga cuentas claras.