Una votación de 56 votos a favor y una abstención se produjo en el pleno de la Asamblea Nacional, para aprobar en segundo debate el proyecto de ley N° 23 que pone un alto a la concesión de indemizaciones a funcionarios que ocupen altos cargos en empresas estatales.
El documento, sobre el que hace una semana no había un acuerdo para su discusión en el pleno legislativo, recibió esta vez el voto casi unánime de los diputados. Antes de que esto ocurriera, el proyecto pasó por un proceso consultivo en una mesa técnica, la cual emitió sus consideraciones acerca de la conveniencia o no de dar indemnizaciones a funcionarios estatales de alto perfil, una vez terminen sus servicios.
Parte del análisis de la comisión técnica estableció que solo en cargos como gerente y subgerente general, y el auditor interno, nombrados de acuerdo con la legislación vigente, tendrán derecho al pago de vacaciones proporcionales y el décimo tercer mes proporcional, al terminar el período para el cual fueron nombrados, «en condición de servidores públicos de libre nombramiento y remoción»
De acuerdo con la diputada Ariana Coba, proponente del proyecto, en este documento queda establecido que esta categoría de funcionarios no tiene derecho a una indemnización, ya sea por despido, renuncia o término del período de nombramiento.
«Este tipo de servidores públicos no puede ni debe recibir indemnización, ya que sus cargos son de libre remoción, y en caso de terminar su período, no se les debe considerar para el pago de indemnización, como sucede en el sector privado», apuntó la proponente.
El caso de quien fuera gerente general de Etesa, Carlos Mosquera, detonó los señalamientos contra el pago de indemnizaciones a funcionarios de alto perfil, tras recibir más de 249 mil dólares en concepto de liquidación al terminar su período al frente de la empresa estatal.
