Una elevada deuda pública afecta la capacidad del Estado para brindarle al ciudadano servicios prioritarios como la salud, educación y los de infraestructuras. Además, señala el informe Deuda pública y restricciones para el desarrollo en América Latina y el Caribe, aumenta la vulnerabilidad ante las crisis financieras y económicas tanto internas como las del exterior, crea una mayor dependencia a los mercados de financiamiento, y reduce la capacidad estatal para atender las necesidades más urgentes del país.

La publicación propone trabajar en políticas que impulsen el crecimiento económico sostenible, además de mejorar el manejo de la deuda, y aumentar la rendición de cuentas y la transparencia en todo lo referente a ella. No hace falta señalar lo necesario que resulta el fortalecimiento de los sistemas fiscales y de tributación.

En Latinoamérica y el Caribe la deuda no ha hecho sino aumentar desde el año 2010. La disminución de los ingresos y las medidas ejecutadas para mitigar los demoledores efectos causados por la pandemia del coronavirus la llevaron a niveles alarmantes: el citado informe revela que del 67.9 por ciento en 2019, pasó a representar el 77.4 por ciento del PIB en el 2020.

Se precisa que quienes llevan el timón del país adquieran conciencia de las potenciales e inevitables consecuencias de una deuda cuyos servicios comprometan los recursos que se requieren para cumplir con las necesidades básicas de la población y que, además, establezca insalvables restricciones para “invertir” en el desarrollo que anhela cada uno de los ciudadanos.