La aplicación de los derechos humanos es a menudo un requisito previo para ciertos contratos internacionales. Ayer, Nicaragua recibió el rechazo de Estados Unidos sobre el Tratado de Comercio con Centramérica.
No menos de 18 congresistas demócratas y republicanos de Estados Unidos han pedido que se revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Norteamérica y Centroamérica.
El principal motivo de esta tensa negativa es la falta de respeto a los derechos humanos en Nicaragua.
La consultora estadounidense María Elvira Salazar considera que la no aplicación de los derechos humanos por parte de Nicaragua, y en particular del régimen de Daniel Ortega, son la justificación de esta negativa.
Además, el encarcelamiento de opositores políticos a la presidencia acentúa la reticencia de Estados Unidos al Tratado.
Los legisladores estadounidenses han subrayado que «el comercio con Estados Unidos es un privilegio, no un derecho».
La diputada Salazar dijo que Nicaragua se está convirtiendo en «una tierra de opresión».
Los legisladores indicaron en un informe ayer que “Daniel Ortega se ha embarcado en una violenta represión contra la democracia y encarceló a los candidatos de la oposición que se postulan para presidente. Está desmantelando las instituciones democráticas, socavando activamente los intereses de Estados Unidos y violando los derechos del pueblo nicaragüense. Revisar el cumplimiento de Nicaragua con el Tratado no solo es necesario, sino urgente”.
Señala el deseo de Nicaragua de disfrutar de comodidades y oportunidades económicas mientras oprime a su pueblo. Para ella, es una forma de demostrarle a Ortega que esa no es la forma de adquirir un privilegio.
Si se confirma esta suspensión de Nicaragua, el golpe económico será difícil para el régimen de Ortega que depende mucho de los intercambios económicos con Estados Unidos.
Según información del gobierno estadounidense, las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos han aumentado un 70% desde la aplicación del tratado en 2006.
Estados Unidos impuso la semana pasada sanciones financieras a tres altos funcionarios nicaragüenses cercanos al presidente Daniel Ortega, así como a la hija del jefe de Estado, Camila Antonia Ortega Murillo, tras una serie de detenciones de opositores cuya liberación ha exigido Washington de forma «inmediata».
La iniciativa estadounidense llega un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) acordara que los 26 países condenaran «inequívocamente la detención, hostigamiento y restricciones arbitrarias impuestas a candidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes» en Nicaragua y exigieran la «liberación inmediata de todos los presos políticos».
