Los propietarios de inmuebles apuestan al proyecto de Ley 583, que propone la devolución de millones de dólares en depósitos de garantía retenidos en el Tesoro Nacional.
José Antonio Díaz, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá, asegura que esta propuesta ayudará a los arrendadores a recuperar al menos el depósito de los inquilinos de inmuebles que se han ido y no han pagado.
El depósito de garantía, corresponde a un mes del canon de arrendamiento, el cual es presentado al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para su custodia. Este dinero debe ser devuelto al arrendador cuando vence el contrato o cuando el arrendatario renuncia a dicho contrato y está moroso en sus pagos o ha causado daños al bien inmueble.
“El problema que hay es que el dinero no se devuelve a tiempo cuando se vencen los contratos. En la administración de Juan Carlos Varela, ese dinero (que no es del Gobierno) fue depositado en la caja común del Estado”, dijo Díaz
Se calcula que entre $15 y $18 millones correspondientes a depósitos de garantía pasaron a las cuentas del Tesoro Nacional. Bajo la administración del presidente Laurentino Cortizo han devuelto $8 millones, pero todavía hay un remanente por entregar.
El representante de la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá explica que con el proyecto de Ley 583 se busca crear una fórmula que permita tener una cuenta específica solo para los depósitos de garantía. “No queremos que se entrometa ninguna actividad del Estado, salvo el Ministerio de Vivienda como regulador, a fin de que el dinero se pueda devolver a tiempo”, dijo.
Mudanzas masivas
Los efectos de la crisis de la Covid-19, han generado cambios en el sector inmobiliario. “Se han producido mudanzas masivas. Muchas personas se están mudando de un apartamento para otro más barato y muchos extranjeros se han ido del país”, asegura el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá.
No obstante, la preocupación para los propietarios de inmuebles sigue siendo que algunas personas con empleo se aprovechen del estado de emergencia para no pagar el alquiler.
“Se han reportado algunas demandas precisamente de arrendatarios que no han cumplido con sus pagos y nos hemos visto obligados a demandarlos. Sin embargo, no hay un registro debido a que no son demandas abusivas”, dijo.
En lo que respecta a la morosidad en los pagos de alquiler se mantiene hasta un 45% entre viviendas y locales comerciales. Hasta la fecha hay menos morosidad por parte de los arrendatarios de viviendas en comparación con los locales comerciales.
“Los arrendamientos comerciales se están llevando la peor parte. Un gran número de locales se están alquilando o vendiendo como pan caliente debido a que muchas actividades han cerrado y hay un clima de incertidumbre sobre el futuro económico”, dijo Díaz.
Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (contabilidad, jurídica e inmobiliaria), representaron 6% de la composición del producto interno bruto en 2020.
