La vida de 20 menores de edad ha sido transgredida. Una inocencia que ya había sido lastimada, terminó con heridas aún más profundas y que serán difíciles de cicatrizar. Lo aterrador es que quizás, más niños hayan vivido momentos oscuros en albergues amparados por el Estado que debieron ser seguros, pero fue todo lo contrario.
La tragedia de los albergues tiene ya las primeras estadísticas oficiales a casi un mes de haberse destapado esta olla de presión que ha salpicado al Estado y evidenciado las vejaciones más horrendas hacia menores inocentes.
El Procurador encargado Javier Caraballo, al frente del Ministerio Público desde hace 10 días anunció ayer que hasta la fecha la institución ha detectado al menos 20 víctimas identificadas, luego de inspeccionar 56 albergues de niños, niñas y adolescentes; además se realizan 18 investigaciones paralelas.
«Se han cubierto la casi totalidad de los albergues, ya que hay uno de los sitios, que se encuentra con personas contagiadas de COVID19», detalló, el Procurador Caraballo, y agregó que hasta la fecha hay cinco personas detenidas por peculado, maltrato y violación a menores, de las cuales cuatro se mantienen con detención preventiva.
¿Error de la Senniaf?
A inicios de la pandemia, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), envió a 11 menores de edad (niños, niñas y adolescentes) a un centro donde se rehabilitan adultos con problemas de drogadicción. Se trata del Hogar Vida Libre, localizado Las Garzas. Una decisión que sorprende a toda la sociedad y que hoy genera consecuencias lamentables.
Dos de los menores que terminaron en ese centro de rehabilitación fueron objeto de abusos, acoso y amenazas por parte de un hombre de 23 años, que estaba en rehabilitación. Pese a que la denuncia por estos acosos se interpuso desde agosto de 2020, no fue hasta el lunes 8 de marzo que se detuvo al responsable.
Con las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, se pudo conocer como el descuido de quienes debían garantizar la protección de los menores, los llevó a estar cara a cara frente a su verdugo. A pesar de la advertencia del encargado del centro de rehabilitación, la dirección de la Senniaf, decidió enviar a los menores y exponerlos a una situación de peligro.
«Es una irresponsabilidad absoluta y una vulneración de los derechos más fundamentales de esos menores. Qué sentido tiene llevar a esos niños que están en riesgo social a estos lugares donde hay personas en rehabilitación?», señaló ante este suceso la abogada y defensora de los Derechos Humanos Suky Yard.
Agregó que la responsable de elegir los albergues es la Senniaf y que es fundamental hacer una total transformación de la institución, donde no haya cabida para la política y donde los profesionales sean los mejores. «Esto se resume en algo, en todo este tema, los albergues deben ser la última opción».
70% de los albergues sin personal idóneo
En tanto, un informe de la Defensoría del Pueblo señala que, de 44 albergues inspeccionados, el 70% no cuentan con personal idóneo y tampoco tienen las condiciones adecuadas.
Los albergues se encuentran en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas.
«Entre los hallazgos encontrados por el equipo multidisciplinario de la Defensoría del Pueblo, se determinó que el 70% de estos albergues visitados no cuentan con personal idóneo (trabajo social, personal de salud, psicólogo, nutricionistas entre otros) de atención para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes de estos centros», detalló la entidad.
«De los 44 centros visitados a nivel nacional pudimos constatar que el 70% presentan notables deficiencias en sus infraestructuras, deterioro, filtraciones de agua, y se requiere adecuar las rampas existentes para la población con discapacidad. Otro de los hallazgos importantes que revela este informe preliminar, es que el acceso a la educación es limitado».
El informe indica también que solo el 17% de los albergues visitados prepararon los alimentos para los niños acorde a requerimientos especiales, el resto de los centros no cuentan con apoyo de nutricionistas para la definición de un menú.
Los albergues visitados cuentan con una población de 976 menores, en la cual se identificaron personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, adultos y población migrante.
