La Comisión de Asuntos Agropecuario de la Asamblea Nacional aprobó el informe técnico del proyecto 131 de la ley general de Pesca, Acuicultura y Actividades Conexas de la República de Panamá.

El documento fue redactado por una subcomisión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, «tras una amplia consulta en todo el país con líderes de comunidades pesqueras, acuicultores y voceros del sector industrial, artesanal y de la modalidad deportiva».

La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea ha declarado sesión permanente y el jueves 22 de octubre retomará la discusión del primer debate del proyecto de Ley 131.

Esta norma actualizará la pesca, la acuicultura y las actividades conexas de la República de Panamá, y sustituirá la Ley básica de pesca Nº17 de 9 de julio de 1959.
·La nueva ley protegerá y promoverá el uso equitativo de los recursos marinos del país.

Flor Torrijos, administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), manifestó que esta ley ha sido ampliamente consultada en Panamá y tuvo una activa participación de todos los sectores ligados a la pesca.

“Antes de haber presentado el documento en esta Asamblea se realizaron 14 consultas a nivel nacional, 9 de ellas con los pescadores artesanales a lo largo y ancho del país”, recordó Torrijos.

Además, por petición de la Arap, se creó una subcomisión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios. En este cuerpo colegiado se realizaron en un principio seis reuniones -siete con la adelantada hoy-, en las que se tomaron en cuenta las observaciones de los pescadores, en especial de los artesanales, con el fin de robustecer el documento, acotó Torrijos.

En tanto el diputado Eric Broce, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, indicó que una vez recibido y aprobado el informe técnico de la subcomisión, se distribuyó el documento entre los representantes del sector pesquero para iniciar el primer debate el próximo jueves 22 de octubre.

“Este proyecto de ley es de suma importancia para Panamá y aparentemente, según los pescadores, quedan algunos temas que no están lo suficientemente claros; y hemos acordado que antes de entrar en la votación del primer debate, daremos la oportunidad para escuchar nuevamente a los gremios de pescadores”, detalló Broce.
Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario, indicó que Panamá demanda una ley de pesca moderna.

Con el proyecto de ley de pesca se busca una fórmula de consenso que se ajuste a los intereses de la gran mayoría de los actores de la actividad, de tal manera que todos coexistan y se vean beneficiados, dijo el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama.

El ministro hizo énfasis en que el proyecto se ha discutido a nivel nacional con los diferentes sectores y tiene como  único propósito cambiar una ley anacrónica que tiene más de 60 años, debido a que la industria pesquera necesita actualizarse para seguir siendo una generadora de empleos y riquezas.

Explicó que existen reglamentaciones internacionales para garantizar el ejercicio de la pesca de una forma segura y sostenible, luego este proyecto de ley se adapta al ámbito mundial para que se reconozca que Panamá desarrolla la actividad de una forma seria y responsable.

José Miranda, representante de los pescadores artesanales de Coclé, manifestó que el sector al que representa hará una revisión en conjunto con miembros de la ARAP, para llegar el jueves a un primer debate con el documento consensuado.

La administradora de la Arap aprovechó la oportunidad para reiterar que la norma no impone nuevas prohibiciones de captura de especies marinas, ni tampoco reglamenta su armado.

De igual manera, no fija nuevas prohibiciones en artes de pesca, como tampoco declara nuevas zonas, períodos o temporadas prohibidos para la actividad. Y subraya que no se regularán nuevos costos de licencias y que se trata de una ley con un marco amplio y preciso de reglamentación.

La actualización de la ley que rige la pesca en Panamá es necesaria para fortalecer este sector productivo y cumplir con las regulaciones internacionales en las que se requiere que el país adecue su actividad pesquera en beneficio de las comunidades dedicadas a esta actividad, por lo que debe garantizarse su sostenibilidad.