El pasado 22 de agosto, durante su intervención habitual de los jueves, el presidente José Raúl Mulino puso en el centro de la discusión un tema que ha suscitado variadas reacciones: el cumplimiento del compromiso de pago de 567 millones de dólares por parte de la empresa Minera Panamá, establecido en el contrato firmado el año anterior.
En comunicados oficiales de la empresa, se anunció en aquel momento: “Minera Panamá cumple su compromiso y realiza el pago de regalías e impuestos de 567 millones de dólares al Estado panameño”. Se subrayó además que esta suma reflejaba la contribución económica de sus operaciones en Panamá durante el ejercicio 2022, la cual alcanzó más de 1,000 millones de dólares.
Este pago puede ser analizado desde dos perspectivas. La primera se centra en el contrato aprobado, las obligaciones cumplidas por la empresa y los efectos derivados de ese cumplimiento, considerando que el contrato estuvo en vigor y generó obligaciones para el Estado. La segunda perspectiva aborda la gestión estatal y las consecuencias de la falta de una planificación adecuada.
En el primer análisis, al aceptar el pago y utilizar esos recursos, se ratifica la formalización de la relación contractual entre el Estado y Minera Panamá. La aceptación de los compromisos por parte del Estado demuestra su buena fe, lo que justifica la disposición de esos fondos.
Este hecho subraya que la empresa ha cumplido con sus obligaciones contractuales. Sin embargo, surge la pregunta: ¿ha cumplido el Estado panameño con sus obligaciones? La respuesta es no, y este incumplimiento debería ser examinado por las autoridades, ya que pone en riesgo al Estado y requiere un diálogo urgente con la empresa minera.
En cuanto al segundo aspecto, la decisión de utilizar esos fondos para fines diferentes a los inicialmente propuestos por el Gobierno genera dudas sobre la confianza ciudadana en las acciones y promesas de las autoridades.
Es crucial reconocer que el Estado no puede permitirse tomar decisiones insostenibles a largo plazo ni inducir a la población a esperar resultados que no se pueden cumplir. Los jubilados continúan en la incertidumbre, luchando por mejorar su calidad de vida, y los recursos actuales no son suficientes para satisfacer todas las demandas ciudadanas.
En un país con tantas necesidades, las autoridades deben ser creativas para generar ingresos y administrar los fondos existentes de manera racional. Por eso, ahora más que nunca, es vital abordar estos temas sin apasionamientos, con una visión de Estado que minimice los riesgos asociados a las decisiones ya tomadas.
