Un buen sistema de infraestructuras públicas es esencial para el bienestar social y el desarrollo económico. Carreteras, puentes, sistemas de transporte, redes de agua y energía, y servicios de telecomunicaciones facilitan la movilidad, conectan mercados y aseguran el acceso a servicios esenciales. Estas infraestructuras mejoran la calidad de vida al reducir tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad, impulsando el crecimiento económico al atraer inversiones y fomentar la creación de empleo. Una infraestructura eficiente reduce costos logísticos, mejora la competitividad y contribuye a la equidad social al proporcionar acceso equitativo a servicios básicos.

Por otro lado, un sistema de infraestructuras deficientes genera numerosos problemas. Carreteras en mal estado, sistemas de transporte ineficientes y redes obsoletas aumentan los costos de operación y mantenimiento, disminuyen la productividad y limitan el acceso a oportunidades económicas y educativas. La falta de infraestructura adecuada frena el desarrollo y atenta contra la calidad de vida de los ciudadanos perpetuando las desigualdades sociales y económicas.

En Panamá, la falta de fiscalización efectiva permite que empresas incumplan requisitos y obligaciones, resultando en obras deficientes como el puente de interconexión de Burunga, la ciclovía de La Chorrera y las obras que se ejecutan en la comunidad de La Pintada, en Coclé y tantas otras que permanecen ocultas a la opinión pública.