El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre dijo que ya se inició una investigación para deslindar responsabilidades en torno al caso del menor de 15 años que falleció el pasado domingo por dengue hemorrágico.
La familia del menor prácticamente realizó un periplo en diferentes instalaciones de salud en tres provincias en busca de atención médica, que concluyó con su muerte en el hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, provincia de Coclé.
“El Ministerio de Salud (MINSA) lamenta el hecho, toda vez que el equipo ha quedado en la expectativa ante el fallecimiento del niño y en segunda instancia ya hemos solicitado una investigación al respecto, comenzando por una auditoria de expedientes, que es por donde debemos arrancar, para deslindar responsabilidades y saber cuál ciertamente fue el recorrido que realizó la madre del niño”, explicó el titular de salud.
El menor fue atendido en el centro de salud de San Carlos y luego en el Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, donde se le realizaron algunos exámenes y pruebas, pero luego fue llevado por sus familiares a otras instalaciones de mayor nivel de atención. Paralelamente el equipo de Epidemiología de la Dirección General de Salud aún realiza las pruebas para determinar con certeza cuál fue la causa real de la muerte del menor, detalla el comunicado del Minsa.
Ante este caso, la Defensoría del Pueblo también abrió una queja contra el Minsa y la Caja del Seguro Social, el Hospital del Niño y el Hospital Santo Tomás por la evidente vulneración de derecho a la vida y acceso a la salud.
La Defensoría del Pueblo instó a las máximas autoridades de salud a rendir un informe pormenorizado ante la pérdida de la vida del adolescente, al tiempo que exige una auditoría médica para evitar que estos hechos se repitan.
También advirtió que se violentó la Ley 285 que crea el sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del 15 de febrero de 2022, en sus artículos 30 y 31 sobre el derecho a la salud y a la atención médica respectivamente y en especial el artículo 32 y 33 que establecen la obligatoriedad de la asistencia médica de urgencia.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo de Panamá solicitó al Ministerio Público inicie las investigaciones pertinentes para dar con los responsables penalmente por acción y omisión y resalta la importancia que se utilicen y apliquen los protocolos de atención de salud ya existentes para la atención de los niños, niñas y adolescentes que salvaguarde una atención digna.
