La justicia panameña se tambalea mientras la corrupción avanza sin control. Nuestro país está al borde de un colapso institucional. ¿Cómo hemos llegado a esta situación límite? Es hora de reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Los indicadores evidencian el deterioro. En la última década, los casos de coimas a funcionarios se han multiplicado, mientras que las sospechas y las dudas acompañan a un gran número de licitaciones públicas. Pero lo más grave es la ineficacia de la justicia: de los cientos de denuncias por corrupción presentadas en los últimos 5 años, un muy bajo porcentaje culminaron en sentencias.
Esta realidad resulta insostenible. La corrupción desmedida distorsiona la economía y las instituciones. Sin tribunales independientes no puede existir Estado de derecho. Y sin aquél, los derechos individuales y las libertades públicas están en riesgo. ¿Cómo atraer inversiones y talento a un país donde priman el compadrazgo y el amiguismo? ¿Cómo hablar de igualdad cuando el acceso a la justicia depende de los contactos o de otros requerimientos ajenos al campo legal? No hay soluciones mágicas, pero sí medidas urgentes. Lo primordial es fortalecer la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público. Se requieren jueces y fiscales probos e incorruptibles. También es clave transparentar el financiamiento de los partidos políticos e implementar una verdadera rendición de cuentas. Asimismo, es necesario recuperar la ética tanto en el sector público como privado.
Ha llegado el momento de actuar. Solo con decisión política y una ciudadanía activa lograremos rescatar el estado de derecho y la brújula moral. De lo contrario, el país seguirá hundiéndose en el pantano de la corrupción y la impunidad; pantano desde el cual el futuro no luce muy prometedor.
