El brutal y desvergonzado despojo bajo el que se encuentran las tierras de la nación resulta ofensivo para las grandes mayorías del país. Y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) ha desempeñado un destacado papel en esta larga cadena de tropelías, sin importar el personaje que sea designado para dirigirla: terminar envuelto en los continuos escándalos que salpican a la institución parece constituir un requisito obligado para encabezarla.
En el último de éstos que sacude al país, una diputada fuertemente vinculada a poderes políticos pasados y presentes, acaba de adquirir 20.2 hectáreas tituladas por la burlesca suma de 120 dólares. Pero, no es la primera vez que resulta beneficiada con estas gangas: en enero de 2010 se hizo con 185 mil 500 metros cuadrados a menos de 4 centésimos cada metro cuadrado, en la península de Majagual, distante unos 40 minutos del centro de Capira. Pero este no es un caso único, el asalto ha sido constante a lo largo de las últimas décadas, sin importar partidos ni personajes en el poder. Desde diputados hasta ministros, pasando por cualquier otro funcionario con poder o cercano a él, se han beneficiado con descomunales extensiones de tierras estatales desembolsando una bicoca por ellos.
Y hasta ahora, lo único constante además del despojo ha sido la absoluta impunidad en todos estos casos. Los indicios apuntan a que nada cambiará, porque en una primera prueba para la recién estrenada ley de conflictos de intereses o Ley 316 de 2022, como es costumbre en esta nación, la misma además de inoperante resultará otro cero a la izquierda. ¡Las explicaciones sobran cuando los hechos hablan tan contundentemente!
