Skip to main content

Etiqueta: Diputados

Porque todos prometen cambiar lo que no van a cambiar

Todos los candidatos despotrican contra los diputados. En los medios, la Asamblea de Diputados se publicita como la más corrupta. Y a su vez, los ojos de la población tal y cual vemos en las redes están puestos en los actos de los diputados. Sin embargo, siguen siendo elegidos por la población. Hay diputados que no se postularán en las próximas elecciones después de tantas veces porque decidieron retirarse o se cansaron de ser diputados. Otros terminarán en la planilla de la Asamblea o de algún diputado. O, si la suerte acompaña al Partido, en alguna posición en el ejecutivo o judicial.

Llámelos lacras, corruptos, mediocres, traidores. Hay algo que si saben hacer. Ganar elecciones.

Y no importa quien sea el candidato a presidente vencedor: cambia el presidente, pero las estructuras permanecen igual. Y escojas al más pulcro, al menos contaminado, al más mentiroso o al menos malo de los candidatos para presidente de la República, en una democracia las agendas públicas encuentran una muralla en la Asamblea de Diputados a menos que sean partícipes del presupuesto nacional. No tanto como presupuesto de la Asamblea sino como partidas circuitales, favores y prebendas, además de las exoneraciones otorgadas por ley.

Cada cinco años, si no se dan cuenta, es el PRD el que gana a una mano o a doble partida. Cuando el presidente es del PRD, la Asamblea gana. Cuando el presidente no es del PRD, también gana el PRD a través de la Asamblea. O alguien tiene dudas de cómo los últimos dos gobiernos han logrado consensuar con la Asamblea en los temas de importancia. Llámese FES, FIS, descentralización o esa famosa oficinita en el MEF desde donde se atendía a todos los diputados.

La hipocresía es la característica principal de nuestra vida política. Y como este es un juego de las mayorías nacionales, los autodenominados químicos puros jamás alcanzaran más del 20% del total de votos emitidos. En nuestro país cada uno toma una posición de honestidad para ganar elecciones y combatir al corrupto que en todas las circunstancias es el epíteto de quien ostenta el poder ejecutivo. Gobernar, entonces, involucra adjudicarse con razón o sin razón, con derecho o sin derecho el epíteto de corrupto hasta tanto la historia se encargue con el tiempo de reconocer logros y triunfos además de borrar u olvidar los pecados.

¿Acaso no son referentes hoy en día muchos de esos que en su momento colaboraron con la dictadura militar?  Esos que ahora tergiversan la historia patria y sus acontecimientos y salen a la luz pública como paladines de la democracia y los derechos humanos.

Si en Panamá, alguien se atreviera a alinear todos estos componentes hacia una dirección determinada, con un plan estratégico que nos incorpore en la comunidad de las naciones como un país a respetar, serio y congruente entre su discurso y su accionar, otro gallo cantaría. Por ahora nos toca esperar ese momento.

La democracia entre la teoría y la realidad

Cualquier democracia saludable descansa sobre el principio fundamental de que el poder reside en el pueblo. Esta máxima, venerada en teoría, encuentra turbulencia en su práctica en Panamá, donde el sistema representativo parece desviarse peligrosamente de su misión original.

Recientemente, los reflectores se posaron sobre las reformas al Código Electoral, que parece más una trama para perpetuar intereses ajenos al bien común que una mejora democrática. ¿Por qué, en una nación que se precia de ser democrática, se toman decisiones que parecen menospreciar la voluntad del pueblo?

Según el Observatorio de Democracia de América Latina, el descontento con la democracia representativa en la región ha crecido en la última década. En Panamá, el 45% de los ciudadanos cree que la democracia no funciona adecuadamente, un alarmante incremento del 12% con respecto a hace cinco años. Además, el Instituto Panameño de Estudios Sociales revela que un 38% de la población considera que los diputados no representan sus intereses.

Si bien las elecciones ofrecen a los ciudadanos una oportunidad para seleccionar a sus representantes, una vez electos, estos parecen desconectarse de sus electores. Las decisiones, como la reforma al Código Electoral, son percepciones claras de cómo se ignora el clamor popular. Para preservar la salud democrática de la nación, Panamá necesita una revisión profunda de su sistema representativo. Es imperativo que el pueblo exija mayor transparencia, representatividad y mecanismos de rendición de cuentas. La democracia representativa en Panamá está en una encrucijada, que obliga a cuestionar, exigir y, sobre todo, participar activamente en el proceso democrático.

La verdadera esencia de la democracia no radica en el acto de votar, sino en el constante diálogo entre los ciudadanos y quienes juraron representarlos. Es hora de que Panamá redefina lo que significa una democracia realmente representativa y que trabaje para la gente.

Planillas en la Asamblea: herencia de corrupción.

En medio del brote de descontento social en Panamá, los reclamos contra la corrupción son agobiantes; y, en la lista de quejas, los diputados de la Asamblea Nacional llevan la delantera.

Los parlamentarios se han convertido en una suerte de casta privilegiada que goza de una serie de beneficios a los que se le encuentra poca lógica. Por ejemplo: cada diputado recibe mensualmente 7 mil dólares, pero su salario es apenas la modesta suma de 1,800. Los otros $5,200 se desglosan en 3,200 de “gastos de representación”, otros 1000 para “combustible”, y mil dólares más en concepto de “dietas” por la participación en las comisiones legislativas a las que acuden como parte de su labor parlamentaria.

A esa lista se le suma una serie de exoneraciones de impuestos y la posibilidad de acceder a millonarios fondos para nombramientos: se calcula que anualmente son unos 100 millones de dólares.

Planillas que crecen solas.

Ese dinero se presupuesta a través de las conocidas planillas 080, 002 y 172 de la Asamblea. Cada una asigna millones de dólares en personal “transitorio”, cuyas funciones resultan cada vez menos claras. Las explicaciones, auditorías y la información al respecto del uso de estos dineros son casi inexistentes.

Pero no siempre han tenido una asignación tan generosa de fondos. “A nosotros nos daban 4 mil dólares para nombrar todo el personal”, cuenta el exlegislador Camilo Brenes, que representó al circuito 4-1 de Chiriquí entre 1990 y 1994. “Con ese dinero debíamos designar el personal para atender las oficinas en la Asamblea y en nuestros circuitos”, explica Brenes.

En 2014, esa suma para nombramientos creció de 4 a 30 mil dólares para cada diputado. Reportes basados en información de la Contraloría General de la República, dan cuenta de que la planilla 172, reservada para contratación de “servicios especiales”, ha ido creciendo de 300 mil dólares en 2014 hasta alrededor de 100 millones en 2022.

Reelección, la palabra clave

¿Cómo se explica ese crecimiento?  ¿Qué hace el personal que se nombra con esos fondos? ¿Por qué casi ningún diputado habla de su eliminación?  La clave de la respuesta parece estar en una sola palabra: “reelección”.

Todo indica que con los fondos de estas planillas se están financiando activistas de campaña. Al menos eso piensa el ex subcontralor de la República, José De los Santos Chen Barría: “Esos son los activistas de cada diputado en su circuito, son los que van a promover que ese político se reelija”, dice el también docente universitario, al tiempo que señala: “el contralor (actual) lo sabe” …

Para los diputados reelegirse ha sido siempre un tema principal en la agenda. El asunto es que el peligro de parecer desconectado de la comunidad desde una curul en la Asamblea es alto. De ahí que la necesidad de hacerse notar entre sus electores les ha preocupado siempre.

Un poco de historia

Antes del golpe militar de 1968 y la posterior dictadura que instauró Omar Torrijos, los diputados tenían la posibilidad de proponer la inclusión en el presupuesto de la nación, de las obras o la inversión pública que determinaban necesarias para las comunidades de sus electores. Tras el golpe, la Asamblea se disolvió y cuando Torrijos se hace con el control del país crea “La Asamblea de Representantes de Corregimientos”.

Este nuevo legislativo, lógicamente se enfocó en resolver temas comunitarios. La realidad de una dictadura no deja espacios a parlamentos independientes que fiscalicen y propongan. Pero en 1984, tras la muerte de Torrijos y una reforma constitucional, se reabrió la Asamblea y pronto los integrantes de entonces, llamados “legisladores”, idearon la figura de la “partida circuital”; una estrategia “para que el legislador se viera en su comunidad”, planteó en su momento el proponente Ovidio Díaz. Es decir, “se viera” elevando sus posibilidades de reelegirse.

Sin embargo, después de la invasión a Panamá que acabó con la dictadura, se destaparon una serie de escándalos relacionados al uso de estos fondos. “Entre 1990 y 1994, no se utilizaron partidas circuitales”, aclaró el ex subcontralor Chen Barría. Pero, al final de ese periodo se aprobó una nueva norma que le dio vida al esquema que ya antes había servido para la corrupción.

Todo volvió a empezar por la asignación de fondos para proyectos en las comunidades: una relación inocente en la que ningún parlamentario tenía acceso a los fondos; su papel era de proyección como agente de gestión, pero en algún momento entre 1993 y 1998 eso cambió a la entrega de fondos directos al legislador.

Tanto fue así que entre los lemas de la campaña de Mireya Moscoso a la Presidencia de la República, en 1999, figuraba la eliminación de las partidas circuitales. Moscoso ganó las elecciones, pero en la Asamblea resultó electa una mayoría adversa al nuevo gobierno. Por lo que semanas antes de entregar el poder, el legislador del PRD, Gerardo González, para entonces presidente de ese Órgano del Estado, propuso una ley para que la Asamblea administrara su propio presupuesto, incluyendo las partidas circuitales.  Esto porque la bancada de su partido era la mayor de la Asamblea y les parecía garantizado el control del parlamento y ahora el manejo del presupuesto.

Sin embargo, la historia fue otra: al inicio del nuevo periodo constitucional, en septiembre de 1999, el PRD no controló la Asamblea y Moscoso no eliminó las partidas circuitales. La nueva presidenta logró una mayoría legislativa, favorable a su gestión, por apenas un voto de diferencia.

Esa frágil mayoría no resistió mucho. Un año después, Laurentino Cortizo se convirtió en presidente de la Asamblea, encabezando un pacto de partidos en oposición, quedando en control del presupuesto y las partidas. Pero Moscoso no se quedó de brazos cruzados y, en 2002, recortó 49.6 millones de dólares al presupuesto de la Asamblea, de los cuales 38 millones eran de la partida circuital, que se convirtió en un arma de negociación y extorsión de ida y vuelta entre Legislativo y Ejecutivo.

De partida circuital a planilla millonaria

Ese desgaste entre figuras de la clase política terminó con una reforma constitucional en 2004, que cambió el nombre a la Asamblea y a sus miembros: volvieron a llamarse diputados.  Ese refrescamiento de imagen incluyó que los dineros de las partidas circuitales se manejaran a través del Fondo de Inversión Social (FIS), creándose uno de los más dramáticos escándalos de corrupción en el que el FIS, una oficina en la Presidencia de la República, pasó a ser un brazo ejecutor de las inversiones de los diputados de cara a incrementar sus posibilidades de reelección utilizando fondos públicos.

Entre 2009 y 2014, el desprestigio del FIS obligó a cambiar el nombre de la institución, pero no el esquema de utilización de fondos. Se creó el Programa de Ayuda Nacional (PAN), que al igual que su antecesor no era más que un apéndice de las oficinas de campaña de los diputados en sus aspiraciones reeleccionistas. Solo que ahora había mucho más dinero y el Ejecutivo participaba más activamente en la operación mercantilista que, en esta ocasión, incluyó también algunas juntas comunales y alcaldías.

Así que, en 2014, había que cambiar la estrategia. Ante el desgaste de imagen de la Asamblea, los diputados y las “partidas”, estas evolucionan a lo que hoy son millonarias planillas para nombramientos de “promotores deportivos y comunitarios, trabajadores manuales y comunales”, en las poblaciones de cada circuito.  Una estructura que hereda la función de servir como el vehículo para la desviación de fondos públicos hacia campañas electorales.

La Asamblea Nacional también restringe sus gastos

La Asamblea Nacional también recortará sus gastos. En un comunicado, el Órgano Legislativo informó sobre la suspensión de todos los viajes al exterior y el interior del país, así como el otorgamiento de viáticos.

Además, fueron suspendidos todos los nuevos nombramientos, así como las giras de las comisiones de trabajo, pago de horas extraordinarias, y la realización de seminarios y capacitaciones.

El Legislativo rebajó el consumo de combustible en un 50% para toda su flota vehicular, incluyendo a los vehículos asignados a cada uno de los 71 diputados; también se decidió la suspensión de todos los contratos de publicidad vigentes y la reducción a cuatro horas de uso para los aires acondicionados, incluyendo los que funcionan en el pleno.

En su comunicado, la Asamblea Nacional formuló un llamado al diálogo, y reiteró la disposición de hacer posible el acercamiento entre el Gobierno Nacional y los manifestantes, para evitar que la situación desborde en un caos social, de graves consecuencias para el país.

Burla y abuso fiesta de diputados con dinero del Estado

El presidente del Movimiento Político Unidad, Francisco Carreira , calificó como una burla y abuso en el uso de los fondos del Estado, un video viralizado en las redes sociales en la que aparecen un grupo  de diputados celebrando, tras la reelección de la junta directiva de la Asamblea Nacional,  con botellas  de marca de licor de la mejor calidad y en open bar.

Carreira expresó que mientras unos 300 mil panameños  se comen  un cable porque no tienen empleo y otros se ven obligados a limitar sus recursos económicos  por el alto costo del combustible  y los alimentos, pero hay  un grupo de diputados que se dan la gran vida con los impuestos que pagamos todos los panameños.

“Hay diputados  que hay que sacarles tarjeta roja’, porque le han fallado al pueblo”, sentenció.

El abogado que aspira a competir por segunda ocasión, por la libre postulación, a la Presidencia de la República, ha reiterado la necesidad de adecentar la Asamblea  en las próximas elecciones de mayo de 2024 y que para lograrlo se necesita una bancada de 40 diputados independientes, comprometidos con la Patria, a fin de acabar con la corrupción que afecta nuestro país.

Comisiones, el otro botín legislativo

De la pronta elección de los diputados que formarán parte de estas comisiones, depende que el Órgano Legislativo funcione en este nuevo período, y comience la discusión de una serie de proyectos aún pendientes, e incluso, se aborden los vetos presidenciales a varios de estos documentos.

Cada una de estas comisiones tiene su directiva a diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y no se espera que esto cambie; sin embargo, lo que parece moverse en el colectivo de gobierno es la posibilidad de que se produzcan algunos cambios de figuras, principalmente, en tres de estas comisiones.

En la instalación de la Asamblea Nacional el pasado viernes, el rumor de que este lunes habría movimientos en las directivas de las comisiones de Presupuesto, Gobierno, Economía y Finanzas y Credenciales mantuvo la atención de los expertos en los temas legislativos.

Considerada como la más importante de todas, la comisión legislativa de Presupuesto, por la cual pasan todos los movimientos económicos del Gobierno Nacional, incluido el Presupuesto General del Estado, ha tenido al perredista Benicio Robinson, presidente también del PRD, como su único presidente desde el 1 de julio de 2019.

Robinson es actualmente además el vicepresidente de la comisión legislativa de Gobierno, que tiene pendiente la discusión en primer debate del Proyecto de Ley 625, mejor conocida como la ley de Extinción de Dominio, un documento que mantiene dividida a la opinión pública.

Curiosamente, el diputado del PRD Raúl Pineda, quien es vicepresidente de la comisión de Presupuesto, también ocupa este cargo en la comisión legislativa de Comercio. Se sabe que el diputado de San Miguelito aspira a dirigir alguna de estas dos comisiones, aunque públicamente ha evitado hacer comentarios al respecto.

Para este lunes, el pleno también recibirá los informes enviados por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, de los proyectos que vetó por inconvenientes e inexequibles, entre los que se encuentran el 808, mediante el cual se crearía un fideicomiso para aliviar los altos costos del combustible en el país.

En esta misma condición, están los proyectos 796, que buscaba la creación del distrito ecoturístico de Bastimentos en la provincia de Bocas del Toro, el proyecto de ley 329, que regula situaciones de conflicto de interés en la gestión pública y el proyecto 726, que busca crear el Certificado Negociable para el pago de la prima de antigüedad a los servidores públicos.

Cambio Democrático expulsa a 15 diputados

La decisión tomada durante el proceso disciplinario seguido a estos diputados, destaca que la expulsión es «inmediata», y que los señalados pueden ejercer su derecho a apelar esta posición, en los siguientes cinco días al ser notificados.

La resolución establecida en la sentencia 01-32, de 13 de junio de 2022, firmada por Javier Rodríguez, presidente del tribunal de Honor y Disciplina de Cambio Democrático ordena la expulsión y revocatoria del mandato de los diputados Nelson Jackson, Arnulfo Diaz, Yanibel Ábrego, Lilia Batista, Alaín Cedeño, Leopoldo Archibold, José María Herrera, Hernán Delgado, Abelardo Antonío, Dalia Bernal, Génesis Arjona, Mayín Correa, Mercedes Gálvez, Mauricel Agrazal y Marylin Vallarino.

Los quince diputados han expresado públicamente su respaldo al ex presidente Ricardo Martinelli, quien ahora lidera el partido Realizando Metas; además se les señala por no haber acatado un mandato partidista sobre la votación en la Asamblea Nacional para la última elección de Junta Directiva, negando su apoyo a Ronny Araúz.

Diputados del CD enfrentan expulsión y revocatoria de mandato

El proceso a pedido del presidente del partido, Rómulo Roux, se fundamenta en que estos 15 diputados faltaron al mandato que se les había señalado, en la votación para escoger la directiva de la Asamblea Nacional.

Además, se les señala por haber abandonado los lineamientos de Cambio Democrático, sumándose como simpatizantes al partido Realizando Metas, liderado por el ex presidente Ricardo Martinelli.

El abogado de los diputados, Carlos Carrillo, explicó que el Tribunal Electoral debió haber detenido este proceso, que en estos momentos, a su juicio, viola principios constitucionales.

Carrillo señaló que se solicitará al Tribunal de Honor y Disciplina de Cambio Democrático el archivo del expediente contra los 15 diputados, y se desestime su expulsión del partido.

«Vamos a agotar todas las instancias que nos corresponden, porque se trata de un proceso viciado y carente de un sustento jurídico. Es un asunto que se encuentra jurídicamente al margen de la ley, y lo están llevando a base de poder, y no de la justicia», apuntó Carrillo.

Zulay pierde elección interna en el PRD

González derrotó ampliamente a la hasta este día presidenta del frente, la diputada Zulay Rodríguez, quien obtuvo en 31% de los votos, en lo que algunos expertos en temas políticos consideran un duro revés para Rodríguez, al tratarse de una elección dentro de su partido.

Rodríguez no hizo comentarios tras conocer el resultado, sin embargo, para algunos observadores del proceso interno del PRD, esta derrota supone que la política de San Miguelito no goza de la aceptación de una parte importante de los poderes de decisión en el partido.

Inmersa en numerosas polémicas personales, y otras en las que se ha opuesto a la línea política de su partido Zulay Rodríguez ha sido vista en numerosas ocasiones junto al ex presidente Ricardo Martinelli, otra de las razones que podría haber incidido en su derrota.

Por su parte, la nueva presidenta del Frente Femenino del PRD es una militante con más de 20 años de membresía en el partido, ha presidido la directiva de la Juventud del colectivo en la provincia de Chiriquí, además de haber sido parte del equipo coordinador en las tres últimas campañas electorales, la última en 2019, con la victoria de Laurentino Cortizo.

Dentro del PRD, es una de las lideresas y formadora de cuadros políticos, trabajando en la capacitación de mujeres con aspiraciones políticas.

Casi se prende la Asamblea

El conato de incendio ocurrió en una de las áreas destinadas a la dirección de Infraestructura, ubicada en el quinto piso de esta edificación, donde el cable suelto de una lámpara produjo un corto circuito.

La diputada Corina Cano indicó que la situación no fue advertida por los trabajadores del edificio legislativo, ya que la alarma contra incendios no funcionó en el momento que se produjo el inconveniente eléctrico.

«Hubo que llamar por teléfono a los departamentos para comunicarles de la emergencia, para que desalojaran el edificio», explicó la diputada.

Unidades del Cuerpo de Bomberos procedieron a atender la situación, desalojando a los trabajadores y haciendo las inspecciones correspondientes, antes de declarar la estructura apta para continuar funcionando.

El nuevo edificio de la Asamblea Nacional fue inaugurado en febrero de 2014, y fue construido mediante una inversión de 27.7 millones de dólares. Cuenta con oficinas para los diputados, salones de reuniones, un auditorio con capacidad para 150 personas, cafetería, un estacionamiento para 340 automóviles y otras facilidades.

Asamblea aprueba proyecto sobre educación sexual

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 657, que dicta normas para la protección de los menores de edad. Esta iniciativa propone  alternativas para reducir el embarazo en menores de edad, así como el abuso sexual, a través de la educación.

La iniciativa es una de las pocas que ha logrado el voto unánime de los diputados, tanto de gobierno como de oposición, con 50 sufragios a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

De acuerdo con la propuesta del diputado independiente Gabriel Silva, la estrategia para influir positivamente en esta situación son cursos, talleres, seminarios y demás propuestas educativas en los colegios públicos y privados, potenciando con ello los efectos positivos para reducir embarazos en los menores de edad, así como enfermedades de transmisión sexual.

Según el diputado proponente,  este programa de formación está dirigido, principalmente, a capacitar a los docentes con la finalidad de asegurar la calidad de la enseñanza que impartirán en las aulas de clases, por lo cual ese aprendizaje no podrá ser menor de 40 horas.

Esto, precisó Silva, «busca saldar una deuda histórica en materia de educación sexual temprana».

De lo que muchos hablan

El Proyecto ley 776, que modifica el Código Electoral, fue presentado por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral Heriberto Araúz  Sánchez el 9 de marzo de 2022, el mismo contemplaba inicialmente la modificación de 14 Artículos.

Recordemos que el Código Electoral fue aprobado mediante Ley 247 de 22 de octubre de 2021, publicado en la Gaceta Oficial No. 29403-A, de viernes 22 de octubre de 2021, y que posteriormente mediante Acuerdo del Pleno, descrito como Acuerdo N° 7-1 (De martes 15 de febrero de 2022), del Tribunal Electoral “QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO ELECTORAL Y ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL Y EN EL BOLETÍN ELECTORAL”, fue publicado en Gaceta Oficial No. 29482-A, el martes 22 de febrero de 2022.

Lo que nos permite concluir que solamente habían transcurrido unos días desde la publicación del texto único hasta la propuesta de reformas de 9 de marzo de 2022.

Lo que nos terminamos de entender es si existe una Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) que es un organismo consultivo permanente del Tribunal Electoral que se instala cada cinco años (después de cada elección general), con el fin de perfeccionar la legislación electoral, preparando un proyecto de Ley, basado siempre en los principios rectores de equidad, transparencia y rendición de cuentas, y que de acuerdo el Decreto Nº 42 del 2 de diciembre de 2019 se convocó y reglamentó la integración de la Comisión Nacional de Reformas Electorales 2020, tal cual se desprende del Boletín del Tribunal Electoral 4629 de martes 3 de diciembre de 2021, que dentro de sus funciones de acuerdo al Artículo 1, es “para coadyuvar con el Tribunal Electoral en la elaboración del proyecto de Ley de Reformas Electorales para las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2024”.

No debemos olvidar que esta Comisión evalúa con los partidos políticos, la sociedad civil, y otras organizaciones las buenas experiencias y las falencias del proceso electoral anterior.

Es decir, que de esta convocatoria debe salir, un documento consensuado para ser presentado a la Asamblea Nacional, con el fin de iniciar el debate sobre el nuevo Código que regirá para las elecciones de 2024.

La situación que generó malestar, fue una iniciativa que gira sobre el tema de revocatoria de mandato, y que no estaba incluida en la Propuesta del Tribunal del 9 de marzo, sino que fue introducida por los Diputados en los últimos días, para blindarse.

Hablamos del Artículo 438-A, puesto a último momento el pasado martes 15 de marzo y aprobado por la Comisión de Gobierno, el cual establece que “las decisiones que se tomen aprobadas por la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen, no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato, ni de expulsión de los diputados, inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados”.

Sobre este escenario es obligatorio señalar algunas consideraciones que expresamente dispone el Código Electoral en el Artículo 488, Capítulo XV, sobre Revocatoria de Mandato Sección 1.ª aplicable a Diputados Postulados por los Partidos Políticos:

“Artículo 488. El partido político al que se le haya adjudicado la curul podrá revocar el mandato del diputado principal o suplente que haya postulado, inscrito o no en el partido, en los casos siguientes:

  1. Por violación grave de los estatutos y de la plataforma ideológica, política o programática del partido. Las causales de revocatoria deberán estar descritas en los estatutos del partido y haber sido aprobadas por el Tribunal Electoral con antelación a la fecha de la postulación.
  2. Por renuncia al partido.
  3. Por haber sido condenado por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada, con pena privativa de libertad de cinco años o más.” (El subrayado es nuestro)

Por su parte, nuestra Carta Fundamental señala de manera expresa lo siguiente:

“Artículo 151. Los partidos políticos podrán revocar el mandato de los Diputados Principales o Suplentes que hayan postulado, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos y formalidades:

  1. Las causales de revocatoria y el procedimiento aplicable deberán estar previstos en los estatutos del partido.
  2. Las causales deberán referirse a violaciones graves de los estatutos y de la plataforma ideológica, política o programática del partido y haber sido aprobados mediante resolución dictada por el Tribunal Electoral con anterioridad a la fecha de postulación.
  3. También es causal de revocatoria que el Diputado o Suplente haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia.
  4. El afectado tendrá derecho, dentro de su partido, a ser oído y a defenderse en dos instancias.
  5. La decisión del partido en la que se adopte la revocatoria de mandato estará sujeta a recurso del cual conocerá privativamente el Tribunal Electoral y que tendrá efecto suspensivo.
  6. Para la aplicación de la revocatoria de mandato, los partidos políticos podrán establecer, previo al inicio del proceso, mecanismos de consulta popular con los electores del circuito correspondiente.

Los partidos políticos también podrán, mediante proceso sumario, revocar el mandato de los Diputados Principales y Suplentes que hayan renunciado a su partido.

Los electores de un circuito electoral podrán solicitar al Tribunal Electoral revocar el mandato de los Diputados Principales o Suplentes de libre postulación que hayan elegido, para lo cual cumplirán los requisitos y formalidades establecidas en la Ley”.

En este mismo orden de ideas, el Artículo 163 de la Constitución señala categóricamente limitaciones o prohibiciones para los Diputados.

“ARTICULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional:

  1. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución.
  2. Inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son de la privativa competencia de los otros Órganos del Estado.
  3. Reconocer a cargo del Tesoro Público indemnizaciones que no hayan sido previamente declaradas por las autoridades competentes y votar partidas para pagar becas, pensiones, jubilaciones, gratificaciones o erogaciones que no hayan sido decretadas conforme a las leyes generales preexistentes.
  4. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas o corporaciones.
  5. Incitar o compeler a los funcionarios públicos para que adopten determinadas medidas.
  6. Hacer nombramientos distintos de los que les correspondan de acuerdo con esta Constitución y las leyes.
  7. Exigir al Órgano Ejecutivo comunicación de las instrucciones dadas a los Agentes Diplomáticos o informes sobre negociaciones que tengan carácter reservado.
  8. Ordenar o autorizar otras partidas y programas no previstos en el Presupuesto General del Estado, salvo en casos de emergencia así declarados expresamente por el Órgano Ejecutivo.
  9. Delegar cualquiera de las funciones que le correspondan, salvo lo previsto en el numeral 16 del artículo 159.
  10. Dar votos de aplauso o de censura respecto de actos del Presidente de la República”.

Todo esto significa, que lo aprobado por la Asamblea a través del Proyecto Ley 776 de 18 de marzo de 2022, específicamente en el Artículo en discordia, nos referimos al 438-A, tal cual se desprende de lo contemplado en nuestra Carta Magna en los Artículos 151 numeral 1 y 2, y el Artículo 163 numeral 1, es inconstitucional.

La medida pretende rotundamente, sacudirse a los partidos políticos, así como los parámetros contemplados en sus estatutos de cada colectivo que pudieran amenazar la estabilidad de los Diputados si se opusieran a sus líneas políticas.

El problema no se limita, a que los diputados se vean obligados a cumplir las decisiones internas de su colectivo, sin derecho a oponerse o enfrentarse a ellas. El problema es mayor, ya que la Constitución Política lo contempla, cuando procede la revocatoria de mandato, y que una ley no puede ir por encima de la Constitución.

Debemos tener claro que este Proyecto de Ley debe pasar a ser sancionado y promulgado por el Presidente de la República, según lo contempla el Artículo 166, Artículo 168, y 184 numeral 1 de la Constitución.

Ante el supuesto, que el Proyecto de Ley fuese objetado por el jefe de gobierno, se deberá cumplir los pasos que la propia Constitución señala para tal menester, en los artículos posteriores a los descritos en renglones superiores.

Algunos círculos políticos y de la sociedad, señalan que todo parece ser una estrategia encaminada para que sea la Corte Suprema de Justicia quien determine la constitucionalidad o no del Artículo 438-A. (Véase el Artículo 171 de la Constitución Política)

Conscientes, que los fallos de la Corte podrían demorar años en darse, existe el criterio que lo Diputados apuestan a dicha posibilidad, para que aquellos que podrían ser procesados ya se les haya vencido el periodo.

Lo cierto es, que para que se pueda invocar esta excepción contemplada en el Artículo 438-A, debe ser ley de la República. Contrario sensu, somos del criterio que es viable cualquier proceso de revocatoria de mandato, hasta antes que ese Proyecto Ley sea ley de la República, ya que no es de interés social, ni tiene carácter retroactivo.

Al final queda en manos del Presidente, la suerte de este Proyecto de Ley que le recuerda su compromiso constitucional, descrito en el Artículo 181 que establece:

Artículo 181. El Presidente y el Vicepresidente de la República tomarán posesión de sus respectivos cargos, ante la Asamblea Nacional, el primer día del mes de julio siguiente al de su elección y prestarán juramento en estos términos: “Juro a Dios y a la Patria cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la República”. (el resaltado es nuestro)

Asamblea aprueba revocatoria de mandato de diputados

Con 43 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 776, que modifica y adiciona artículos al Código Electoral, y además reforma las normas de revocatoria de mandato a los diputados.

De igual forma, el pleno legislativo dio luz verde a tres nuevos miembros de la junta directiva del Canal: Dora Pérez Balladares Boyd, Luis Navas Pájaro y Laury Melo, junto con otras ratificaciones en instituciones públicas.

La aprobación de este documento se produjo con el rechazo de los diputados independientes y cinco del partido Cambio Democrático, y los cuestionamientos de miembros de la sociedad, quienes estiman que el artículo sobre la revocatoria de mandato a los diputados, que con lo aprobado ya no estaría en manos de los partidos políticos, podría violar la Constitución Política, aparte de que otros señalan que lo adoptado beneficia a un pequeño grupo de diputados.

El punto de conflicto lo constituye la modificación propuesta en el artículo 438-A, presentada por la diputada del partido Cambio Democrático, Yanibel Ábrego, la cual impide que los partidos políticos puedan revocar el mandato de sus diputados, ni expulsarlos del colectivo, por decisiones que tome la mayoría de su fracción parlamentaria.

El diputado del partido Panameñista, Luis Ernesto Carles, vaticinó un veto presidencial «por inexequible» de este proyecto, señalando que el artículo incluido viola la Constitución Política.

«Si existe la voluntad política de hacer las cosas bien, el presidente Cortizo debe vetar este proyecto y devolverlo al pleno de la Asamblea para eliminar el artículo sobre la revocatoria de mandato», precisó Carles.

Junta directiva del Canal

Al margen de esto, la Asamblea Nacional ratificó a los nuevos miembros de la junta directiva del Canal: Dora Pérez Balladares Boyd, Luis Navas Pájaro y Laury Melo, y ratificó los nombramientos de Eddie Araúz como director del Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv), Raúl Guizado y Dayra del Carmen Carrizo como miembro y superintendente de la Junta Directiva de la Superintendencia de Sujetos No Financieros respectivamente.

Se enciende el debate en la Asamblea por ley que reorganiza la Unachi

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 756, que modifica la Ley 4 de 2006, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), en medio de un intenso debate y fuertes cuestionamientos por parte de las bancadas opositoras.

Uno de los que criticó el hecho que la rectora de la Unachi, Etelvina de Bonagas, no estuviera presente en el pleno durante el debate, fue el diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien aseguró vio a la rectora hablando «con al menos una docena diputados en salón Chanchoré, «susurrándoles al oído».

«Como aprobamos un proyecto del futuro de la Unachi, sin la rectora aquí… Lo que el país no sabe es que la rectora no ha tenido la valentía de venir a esta Asamblea públicamente… a decirles ¿qué? Yo la quiero escuchar, si son propuestas, si son planes, si es lo que a ella le falta por hacer, yo la quiero escuchar. Pero si es ofrecer puestos políticos, como los que tienen algunos en el gobierno, que cobran en la Unachi sin dar clases y son gobernadores o están trabajando en otras entidades del gobierno, entonces yo no quiero saber». dijo Vásquez durante su intervención en el debate.

Al reclamo del diputado del 8-6, se unieron los de la bancadas panameñista e independiente. Exigían la presencia de la rectora para hacerle algunas preguntas.

En medio de la discusión, los diputados de Cambio Democrático se retiró del hemiciclo, por lo que se decretó un receso.

Tras la pausa de más de un hora, lo que permitió reuniones y llamadas de la bancada oficialista, el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, llamó a votación electrónica.

Al final, anunció la aprobación en segundo debate, sin especificar la cantidad de votos a favor.

 

 

 

 

Aprobado en tercer debate proyecto que decreta el 20 de diciembre Día de Duelo Nacional

Con 56 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley No157, que adopta medidas de concientización nacional sobre el 20 de diciembre de 1989 y dicta otras disposiciones, entre ellas el Día de Duelo Nacional y el descanso obligatorio.

En esta fecha, el pabellón nacional será izado a media asta en todo el territorio nacional y se prohíbe la transmisión y proyección de música estridente en todos los medios radiales y televisivos, estatales y privados.

Igualmente, el expendio, consumo y venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, a partir de las 12:01 a.m. del 20 de diciembre hasta las 12:01 a.m. del 21 de diciembre.

Además, los centros educativos del país deberán realizar actos públicos donde se resalten las causas, motivos y consecuencias de los hechos ocurridos en esa fecha.

Trinidad Ayola, de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de diciembre, recordó que es una historia muy triste para Panamá y principalmente para el barrio de El Chorrillo que no se puede olvidar.

La discusión de este anteproyecto de ley busca dignificar a las víctimas de este lamentable suceso de nuestra historia nacional.

Aprobado en tercer debate proyecto de ley que autoriza pruebas rápidas de COVID-19

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No.752 que autoriza la importación, comercialización, distribución y uso de pruebas rápidas no invasivas para el uso doméstico para la detección de la COVID-19 (Sars Cov 2).

La diputada Kayra Harding, proponente de la ley, explicó que la norma se enfoca en mantener la trazabilidad de estas pruebas para ofrecer la seguridad a la población desde el Ministerio de Salud.

Uno de los objetivos de este proyecto de ley, es brindar una alternativa para que las personas puedan de manera inmediata realizarse una prueba sin tener que exponerse a largas filas o pagar altas sumas de dinero.