Según destaca el Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa correspondiente al período 2021-2022, en Panamá existen abiertos 586 expedientes por delitos en contra del honor, de los cuales 81 involucran a medios de comunicación. El dato resulta alarmante porque revela a las claras que el acoso judicial se ha constituido en un arma de uso frecuente para acallar a periodistas, críticos y activistas de derechos humanos. El conjunto de las normas legales y las instituciones de justicia convertidas en espadas de Damocles para perseguir, intimidar y acallar las voces de los adversarios y silenciar los pronunciamientos que no se acomodan a los intereses de quien hace alarde de su intolerancia y de su desprecio por la libertad de expresión.
Sin embargo, no se puede cerrar los ojos e ignorar la otra cara de la moneda. Porque para nadie es un secreto que algunos medios- demasiados, por cierto- constituyen las trincheras desde las cuales los propietario o accionistas defienden a mansalva sus particulares ambiciones y arremeten contra todo el que represente una amenaza para las mismas. En un escenario semejante, el periodismo- aquél que resulta valioso para la sociedad democrática- es una simple careta con la que se disimulan tan perversos fines.
La persistente crisis de los medios de comunicación, la caída del modelo financiero que les sostenía, y la profunda reconfiguración causada por la pandemia en todos los órdenes del mundo actual, sobre todo en lo político y lo social, marcan el camino hacia un nuevo periodismo: el de servicio, que no es otro sino aquel que buscar aportar valor y contribuir con el desarrollo de su audiencia y de la comunidad en la que se desenvuelve. El periodismo del patio tiene la palabra.
