Representantes de diversos gremios de periodistas del país presentaron ante la oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley para modificar la Ley 81 de Protección de Datos Personales.
La iniciativa ciudadana fue recibida por la secretaría de esta dependencia del Órgano Legislativo, a fin de que proceda con el trámite hacia la comisión que tendrá que decidir su adopta o no el documento.
La presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Griselda Melo, señaló que la Ley 81, representa un peligro para el ejercicio de la profesión del periodista en el país.
«Tal como está, la Ley 81 deja abierta las puertas para que se establezcan procesos judiciales contra los periodistas, quienes realizan un trabajo diario de recopilación de información. Lo que esta ley promueve es que haya coacción contra el periodista, una especie de censura contra él. Eso no puede ser, en un país que se dice estar en democracia», destacó la dirigente.
Indicó que después de más de cuatro meses de jornadas de trabajo, consulta y análisis junto con abogados y otros expertos de la Ley 81, se pudo producir un documento que propone algunos cambios a la norma.
«En lo que está plasmado en esa ley, no se hizo ninguna excepción con relación al trabajo de los periodistas; esto afecta el libre ejercicio de la profesión, la libertad de prensa y de acceso a la información. El periodismo hace un balance de la situación, de los acontecimientos en el país, y no puede ser controlada con normas que impliquen sanciones por lo que se publica. La Ley 81 es lesiva contra el ejercicio libre del periodismo y afecta la libertad de expresión en Panamá», aseguró Melo.
En la actualidad, el periodista Edmundo Dante Dolphy, del medio digital «La Verdad», enfrenta un proceso ante la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), quien lo multó con mil dólares por hacer público un documento (certificado matrimonial), como parte de una información.
Los gremios periodísticos exigen la modificación de los artículos 36 y 37 de la Ley 81, los cuales permiten que se inicie contra los periodistas procesos de demandas a través de reclamaciones civiles y pecuniarias, y además, facultan a la Antai para sancionar y remitir casos de este tipo ante la justicia ordinaria.
