En un fin de semana sumamente agitado, el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), con la mediación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), buscaban zanjar la única diferencia real existente: el salario de los trabajadores.

Hasta anoche, se buscaba la manera de evitar la huelga, anunciada para este lunes 4 de abril, cuyas consecuencias serían muy negativas para la economía, no solo del sector construcción, sino de la economía del país, por ser uno de los principales activistas de todo el movimiento comercial en Panamá.

Mientras los empresarios reiteraron su llamado a mantener la negociación sin una paralización de labores, el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, mantenía la posición de huelga.

Para este lunes, se espera que los obreros realicen manifestaciones en varias de las principales calles y avenidas de la ciudad capital y las cabeceras de provincias, produciendo congestionamientos vehiculares y el consecuente descontento de otro sector de producción: los trabajadores de la empresa privada y del sector público.

En un análisis de la situación, el economista Francisco Bustamante señaló que la huelga traerá consecuencias muy negativas en todo sentido. «Me parece peligrosa la posición del Suntracs. Los más afectados son los trabajadores no sindicalizados, los que no tienen empleo y sufren de un problema. Hay un grupito que dice que la vida está muy cara; pero la vida está muy cara para todos», señaló.

A su vez, la sanción del Proyecto de Ley 756, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí, pone un nuevo punto de conflicto, ante la notable oposición que generó la reelección de Etelvina de Bonagas en la rectoría del centro de estudios superiores, hasta por dos períodos adicionales.

La docente Yaneth Valenzuela señaló que ante esto, la campaña para evitar la reelección de Bonagas será constante, hasta las elecciones para renovar las autoridades administrativas, que se deben realizar el próximo año.

Por otra parte, los transportistas de Panamá Oeste y de rutas del interior del país están divididos en cuanto al acuerdo logrado con la Autoridad de Tránsito Terrestre, de otorgar 8 millones de dólares en concepto de subsidio, por el alto costo de la gasolina y el diesel.

Varios grupos han objetado el acuerdo y han advertido que este lunes no prestarán el servicio, afectando en gran medida a quienes necesitan transportarse hacia sus trabajos, y en otros casos, en busca de atención médica.

Mientras tanto, el Gobierno Nacional mantiene su postura de mantener lo acordado con los transportistas el viernes último, así como continuar en plan mediador en el litigio que se mantener en el sector de la construcción.