Torrijos, quien fue señalada por trabajadores del sector pesquero, por supuestamente haber otorgado licencias de pesca de palangre, cuya emisión fue suspendida en el año 2019, negó categóricamente las acusaciones.
«Lo que está sucediendo es que hay más embarcaciones de lo que el recurso existente requiere; se han hecho auditorías por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos, certificando el fiel cumplimiento del compromiso que tiene Panamá contra la pesca ilegal», aseguró la funcionaria.
Torrijos explicó que las sanciones por pesca ilegal se han triplicado con la nueva ley y en lo que va del año llevan 18 casos abiertos.
Agregó que todas las licencias expedidas antes de que se hiciera público el Decreto Ejecutivo que suspendió su emisión, están debidamente registradas en la página electrónica de la institución, con el nombre de la embarcación, el del propietario y su registro certificado.
En enero de este año, la agrupación de pescadores presentó ante el Ministerio Público una denuncia por abuso de autoridad, corrupción de servidores públicos, extralimitación de funciones y asociación ilícita para delinquir, ante la emisión de estas licencias en la ARAP.
