La sustracción de municiones fue la señal que alertó a la unidad de asuntos internos del Servicio Aeronaval, sobre posibles irregularidades que estaban sucediendo dentro de la institución y fue lo que llevó al Ministerio Público a realizar unas pesquisas que dieron con el descubrimiento de un grupo criminal que se dedicaba al trasiego de drogas mediante la contaminación de contenedores en los puertos.

Seis ex gentes del SENAN fueron detenidos, los mismos que anteriormente habían sido dados de baja tras los resultados de la investigación por la pérdida de municiones y otras irregularidades.

Esta célula también tenía entre sus filas a un trabajador de la Autoridad del Canal de Panamá y un agente de seguridad del PSA Panamá, ubicados en el puerto de Vacamonte.

Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la red opera bajo las órdenes de alias Marshall, capturado en 2019 y que se encuentra detenido en el centro penal de máxima seguridad Punta Coco, donde están los 12 delincuentes de más alta peligrosidad del país.

Los fiscales lograron interceptar comunicaciones entre el cabecilla de esta célula criminal y Marshall, quien recibía informes de como avanzaban las operaciones.

Se conoció que este grupo introducía la droga al puerto de Vacamonte oculta en los cabezales de camiones articulados. Una vez el producto estaba en el puerto, los miembros quitaban los sellos de los contenedores con una cizalla, utilizada para cortar papeles, plástico, láminas metálicas o de madera. Luego procedían a contaminar los contenedores con la droga y les colocaban un sello parecido. La droga era enviada a Valencia, España.

Los exagentes del SENAN se encargaban de brindarles seguridad durante el traslado de la sustancia ilícita. Los fiscales tienen sospechas de que puede haber agentes de mayor rango vinculados a esta organización criminal.

Tras la operación Chivo, fueron aprehendidas 24 personas, a 20 de estas se les aplicó la medida cautelar de detención provisional por estar estrechamente vinculados a la investigación, mientras que otros 3 su vinculación era endeble por lo que se decretaron medidas cautelares de reporte periódico y prohibición de salida del país. Una última persona implicada se acogió a un acuerdo de pena con la fiscalía, donde se le sancionó a 74 meses de prisión (7 años).