Ministerio de la Presidencia pagó por auditorias externas, según Carrizo

Durante la sustentación del presupuesto para el periodo fiscal 2022 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, anunció que se le pagó a una firma de auditores externos para tener un informe sobre el manejo de su ministerio.

Según el propio Carrizo, la firma de auditores independientes al Gobierno, dejaron plasmado en su informe que los recursos destinos en el Ministerio de la Presidencia para el manejo de la pandemia fue «íntegro y ajustado a derecho de tales recursos«.

También anunció que anunció para continuar con la transparencia, este año se presentará un segundo Informe de Aseguramiento, practicado por la firma internacional de auditoría BDO.

Presupuesto fiscal 2022

El anteproyecto de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue sustentado por Carrizo, quien dejó claro que el monto asciende a B/.209 millones, con una reducción una reducción de B/.2.8 millones con relación al asignado para este año.

«se trata de uno de los más bajos de los últimos cinco gobiernos para
el Ministerio de la Presidencia», José GabrieL cARRIZO.

El informe comparativo revela que en el período 2004-2009, el presupuesto promedio más alto del Ministerio de la Presidencia fue de B/.281.7 millones; en el período 2009-2014, fue de B/.1,664.2 millones; en el período 2014-2019, fue de B/.1,406.6 millones; mientras que en 2021 fue de B/.314.6 millones y para el próximo año será de B/.209.0 millones.

Contrataciones Públicas

Durante su discurso ante la Comisión de Presupuesto de la AN, Carrizo fue enfático en aclarar que la  Ley 22 de 27 de junio de 2006, sobre el compromiso de transparencia en las Contrataciones Públicas se ha modificado una sola vez en este Gobierno, mientras que en el periodo de 2014-2019, lo hicieron tres veces.

Dicho cambio fue para disminuir la discrecionalidad, se exigió la cotización en línea y, en general, se fortalecieron los procesos y la exigencia de presentación de garantías
para el Estado, lo que favorece la transparencia.

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