Mientras que los diputados en nuestro país convierten la Comisión de Presupuesto en un ring de boxeo, internacionalmente la Asamblea Nacional de Panamá es catalogada como el cuarto parlamento más opaco de la región.
Así lo dejó ver el análisis realizado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) que está presente en 15 países a través de 32 organizaciones de la sociedad civil y desde 2010 evalúa y promueve mejores prácticas de transparencia y apertura legislativa a través del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL).
Esta es la segunda vez que nuestro país es evaluado, la primera fue en el 2016 cuando alcanzó un promedio de 44.33 sobre 100, mientras que en la medición 2020, la Asamblea Nacional de Panamá obtuvo un puntaje general de 35.2% que nos ubica por debajo de la media regional de 39.6%.
Entre algunas de las deficiencias mencionadas, se resalta que no cuenta con regulación específica sobre la transparencia y el acceso a la información; no hay un marco normativo que aborde gestión documental, datos abiertos, registro de declaraciones de intereses y patrimonio, registro de cabildeo o lobby, garantías para medios de comunicación, no es público el gasto de las bancadas o grupos de diputados, no dan a conocer sus propuestas técnicas para el ejercicio presupuestario, no existen mecanismos de participación con enfoque de género o de grupos vulnerables y que no hay mecanismos o herramientas electrónicas para realizar solicitudes de información pública y seguimiento.
Es por esta razón que la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, miembro de la Sociedad Civil y encargados de realizar la medición para Panamá, hacen un llamado pues resulta verdaderamente alarmante el bajo nivel de estructuras formales que garanticen la transparencia de la Asamblea Nacional.
Razón por la que instan a instituciones como la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y la Contraloría General de la República, a llevar a cabo acciones puntuales y directas para elevar los pobres estándares de gobernancia y transparencia que tenemos en la actualidad.
Lo países evaluados en esta medición fueron: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Dando como resultado una media regional de 39,6%, siendo Chile el país mejor evaluado con un puntaje de 59,6% y Venezuela el peor evaluado con un puntaje de 16,3%.
