Panamá ha sido la sexta economía del mundo más afectada en el año 2020. La Cepal la ubica como el tercer país de América Latina con una mayor contracción del PIB: 11%.

En este contexto, y pasados 15 meses desde que se decretó el Estados de Emergencia por la pandemia de la COVID-19, las personas naturales con créditos de consumo, y las empresas; deben enfrentar sus compromisos financieros.

La banca a través de la Asociación Bancaria, solicitó que el Estado avale los créditos y pagos.

El economista, Ernesto Bazán, respondió a Destino Panamá, que esta opción no es una solución factible.

La catalogó de “terrible para el país porque es una carga que deben asumir las partes ”, subrayó.

No es una extensión a la moratoria

El alivio financiero que congeló los pagos debido a la restricción de liquidez, termina este 30 de junio.

El período para formalizar una reestructuración de los compromisos crediticios es de 2 meses, a partir de este primero de julio y finaliza el 30 de septiembre.

Los términos están definidos en la Resolución de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos SBP-GJD-0004-2021. 

Para tales efectos, las personas deben de forma obligatoria concurrir o contactar a la entidad bancaria, sustentar por escrito la restricción temporal de liquidez, y formalizar con el banco la reestructuración de la deuda.

Los requisitos para este proceso deben atender a la capacidad de pago del deudor. Esta debe ser evidenciada documentalmente, y señalarla de forma precisa, presente y/o prospectiva.

Debe ser cónsona con la situación económica del deudor, y este comprometerse con reducir el saldo pendiente en el plazo acordado.

El estrés financiero se suma a la incertidumbre de la pandemia

Bazán explicó que, el escenario que se presenta es “de muchísima presión para la banca, pero por sobre todo para las personas naturales”.

Este nuevo escenario lo tildó de “complejo”.

El especialista describió tres segmentos de deudores. Los que mantuvieron sus fuentes de trabajo y que son los clientes que los bancos ahora quieren captar.

Aquellos cuyos ingresos familiares se redujeron ya sea porque uno de sus miembros quedó cesante, y quienes con restricción de liquidez. .

Este último grupo, como detalló, será difícil que se comprometa a asumir un compromiso de pago, debido a la incertidumbre en el mercado laboral y económica.

La presión sobre estos últimos viene porque el período de gracia se acortó a seis meses.

La economía panameña fue la sexta del mundo más golpeada en 2020, con lo que la recuperación del empleo no se alcanzará en ese tiempo, resaltó el economista.

Si este escenario se extiende, los bancos reducirán sus utilidades porque tendrán que hacer provisiones.

Por su parte, las personas pasarán por un mayor nivel de estrés financiero y un impacto hasta sicológico, describió Bazán.

Sumado a esto, el consecuente deterioro del crédito, y el aumento de la deuda impulsada por los intereses.

La receta es una negociación integral

Las personas suelen tener hasta cuatro deudas de consumo. Una de ellas, como precisó Bazán, es la hipoteca.

El economista reseñó que, Panamá es el país de la región con más porcentaje de este tipo de préstamo.

Las deudas y créditos personales con descuentos directo, tienen una alta penetración precisamente por esta característica.

Además, se adicionan los créditos de autos que, son amplios con respecto a las realidades de otros países.

Por último, las tarjetas de crédito, un producto lanzado al mercado por una fuerte gestión bancaria durante 2010 y 2013.

Una de las opciones de acuerdo con Bazán, es llegar a una negociación integral con la entidad.

Esto quiere decir en términos simples, consolidar todas las deudas con una sola institución bancaria.

Lo importante es que el cronograma de pago se ajuste a lo que puede solventar el deudor, con el compromiso de no tomar nuevos créditos.

Con esta fórmula, como expuso, el cliente está en condiciones de cumplir con sus obligaciones.

Y, como apuntó se cuida el historial crediticio que necesitará en algún otro momento.

La alternativa de los que no pueden pagar

En el último segmento de deudores, están los que tienen una capacidad de pago nula.

El compromiso de pago para este grupo de deudores, está revestido de mucha incertidumbre, destacó.

Por lo que como propuso, la cuota de sacrificio debe recaer en los bancos.  Esto implica, listar a estos deudores en condición de morosidad, o de cobranza difícil.

Datos ofrecidos por Bazán, señalan que 100 mil familias no están al día en su compromiso hipotecario. Una cifra que se pondera como alta.

Sin embargo, a la banca no le interesa ejecutar las hipotecas, por razón financiera, de imagen y reputación.

Bazán recomienda que estas personas, concurran al banco para dejar documentada la nueva realidad socioeconómica, y los insta a buscar formas de autoempleo para recuperarse de forma parcial.

Panamá requiere de una ley de bancarrota para personas naturales

Finalmente, consultado en torno a si la Ley 81 del 31 de diciembre de 2009 que tutela los derechos de los tarjetahabientes es una alternativa para reestructurar el crédito, respondió que no es aplicable para todos los deudores.

Esto porque se trata de una protección parcial al beneficiar a un producto crediticio, y no a la totalidad de compromisos que tiene la mayoría de las personas en estos momentos.

El especialista planteó la necesidad de crear una ley de bancarrota para las personas naturales como la que tiene Estados Unidos.

Esta norma es un mecanismo para que no se ejecuten las propiedades.

Pero, esto implica que la persona no puede tomar más créditos, y queda registrado un antecedente.

Inmediatamente se reactiva laboralmente, ocurre lo propio con el cobro de la deuda, al estar todos los sistemas integrados.

El economista dijo que una normativa de este tipo, supera en beneficios a la Ley 81.

Finalmente aconseja, a las personas que han mantenido sus ingresos, mejorar las condiciones del crédito de consumo.

Mientras que a quienes tienen reducido el ingreso, optimizar sus condiciones de pago a través de la consolidación de deudas.

Por último, a quienes cuya capacidad de pago es nula; sincerarse con la entidad y buscar una autogestión que contribuya a mejorar sus ingresos.