La suspensión de las movilizaciones será hasta el 20 de julio, cuando se ha convocado a un concierto y una gran movilización en el Congreso «para entregar proyectos de ley.
El Comité Nacional de Paro en Colombia, el frente más visible de las protestas que estallaron el 28 de abril contra el presidente Iván Duque, le dio un respiro al gobierno al anunciar este martes la suspensión de las movilizaciones hasta el 20 de julio.
«Vamos a hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que hemos venido haciendo los miércoles en todo el país», dijo a Blu Radio Francisco Maltés, uno de los voceros de la organización que no representa a todos los sectores inconformes.
Para el 20 de julio, el Comité convocó a un concierto y una «gran movilización» en el Congreso «para entregar proyectos de ley», informó Maltés, también presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
Este tipo de iniciativas en el país pueden ser presentadas por miembros del Congreso o respaldados por firmas.
Sindicatos, estudiantes, indígenas y organizaciones sociales integran el Comité, surgido en 2019 y que dio origen al inédito movimiento de protestas contra Duque. Desde entonces mantiene la presión en las calles, con algunos intervalos.
Represión policial
La organización de manifestantes había suspendido este mes las conversaciones que mantenía desde principios de mayo con el gobierno, sin alcanzar ningún acuerdo para desactivar la crisis.
«Dado que el Comité del paro no representa a toda la población (…) que ha protestado, mantendremos todos los otros espacios con las otras representatividades», indicó este martes el consejero presidencial Emilio Archila, en un audio enviado a la prensa.
En pleno auge de contagios y muertes por covid-19, manifestantes toman a diario las calles para exigirle a Duque un cambio de rumbo a sus políticas, el cese de la represión policial y un Estado más solidario ante los estragos causados por la pandemia, que hundió en la pobreza a 42% de la población de 50 millones de habitantes.
Al menos 61 personas han muerto desde que comenzaron las protestas, según autoridades y la Defensoría del Pueblo (ombudsman), que vela por los derechos humanos. Dos de los fallecidos eran uniformados.
Duque desató la ira popular cuando quiso subir impuestos para, según el gobierno, financiar las ayudas a los más afectados por la pandemia. El mandatario desistió de su idea, pero la represión avivó todavía más el descontento.
De acuerdo al Ministerio de Defensa, cerca de 2.500 personas, entre civiles y miembros de la fuerza pública, han sufrido lesiones durante las movilizaciones.
Las protestas son en su mayoría festivas y pacíficas en el día, pero en las noches suelen volverse sangrientas, con fuertes choques entre civiles y policías.
La ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y oenegés internacionales han denunciado graves excesos cometidos por la fuerza pública.
Según Human Rights Watch, existen «denuncias creíbles» sobre 68 muertes en el marco de las protestas, de las cuales 20 ocurrieron al parecer a manos de policías, y entre ellas 16 fueron por balas disparadas con intención de «matar».
«Cambio de táctica»
El Comité le exigía a Duque una condena explícita a la brutalidad policial y disculparse por los excesos de la fuerza pública para sentarse a negociar.
De su lado, el gobierno pedía el fin de los bloqueos viales como condición para avanzar en las conversaciones. Los cortes de ruta se han ido disolviendo, aunque este martes persistían 15.
«Confiamos que el anuncio que se ha hecho hoy sirva para que todos los colombianos nos sigamos uniendo en la condena de todos los bloqueos y sobre todo de las nefastas consecuencias que producen», insistió Archila.
El Comité alegó falta de «voluntad política» por parte del gobierno y presentó el anuncio como «un cambio en la táctica» para continuar su «lucha en otros escenarios como es el arte, los conciertos».
Sin dar detalles sobre los proyectos de ley que serán presentados al Congreso el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, la organización aseguró que durante este mes recogerán los reclamos de la «comunidad».
En el poder desde 2018, el mandatario enfrenta la ira popular a un año de las elecciones de las que deberá salir su sucesor. Un eventual acuerdo con el Comité Nacional de Paro es visto como un paso hacia el fin de la crisis, aunque no una solución definitiva.
El gobierno le pedía a los voceros de los manifestantes parar las movilizaciones, cuando el país bate récords diarios de muertes por covid-19 y sus hospitales están bajo máxima presión.
