Uno de los más influyentes diarios del mundo entró de lleno en el debate por la libertad de prensa en Panamá.  Pero de una forma poco ortodoxa. Los hermanos Martinelli deben ser extraditados a Estados Unidos porque si regresan a Panamá serán juzgados por los mismos tribunales que ayudan a silenciar el diario La Prensa, dijo Mary Anastasia O’Grady, en un artículo en The Wall Street Journal.

Bajo el título “La prensa libre de Panamá bajo asedio”, el reconocido medio estadounidense, sin embargo, guardó silencio sobre la proclamación del triunfo el sábado del primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong, quien en forma autoritaria gobierna el país desde el 2004, luego de heredarlo de su padre Lee Kuan Yew, el dictador que por 31 años controló con mano de hierro esa ciudad estado con un saldo de un millón de muertos.

La prensa en Singapur está amordazada. Según el Índice Global 2020 de Libertad de Prensa, esa nación ocupa el puesto 158 de los 180 países examinados. Todos los grandes medios están controlados por el gobierno. Los canales de radio y televisión son propiedad de Temasek, la empresa estatal de inversiones, cuya directora ejecutiva es Ho Ching, esposa del primer ministro.

En el caso local O’Grady escribió el domingo que la detención la semana pasada en Guatemala de dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), se produjo luego de que un tribunal en Panamá congeló $ 1.1 millones en activos pertenecientes a La Prensa.

“Lo hizo a pedido de otro expresidente, Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), el demandante en un caso por difamación en 2012 contra el periódico. La orden marcó un asalto sin precedentes contra la prensa libre de la nación”, opinó la periodista estadounidense.

Añadió que “los dos acontecimientos destacan la fragilidad de la joven democracia de Panamá, que golpea muy por encima de su peso en lo que respecta a la corrupción”.  Especuló que los tribunales panameños intentan amordazar el periódico más grande del país en medio de una investigación de corrupción en Estados Unidos.

El Journal concede al expresidente Martinelli que todo el proceso se produce en el contexto de un ataque político para impedirle volver a presentarse en las elecciones del 2024. Respecto al expresidente Pérez Balladares sostiene que la demanda es por daños y perjuicios debido a la publicación de una investigación sobre acusaciones de lavado de dinero.

A Pérez Balladares “no le gustó la cobertura, y nunca fue condenado, pero informar las noticias no es un crimen en una democracia”, sostuvo el diario neoyorquino.

Los hijos de Martinelli vivían en Florida cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas los detuvo en noviembre de 2018 por infracciones de su visado. “Depositaron  un bono de $1 millón cada uno y pueden haber estado cooperando con las autoridades estadounidenses en la investigación de Odebrecht. Pero a fines del mes pasado huyeron de Estados Unidos”, dijo el Journal.

El 6 de julio fueron detenidos en Guatemala, y Estados Unidos solicitó su extradición. Mantienen su inocencia, y la familia informó en un comunicado que esperaban que los hermanos Martinelli regresen a su país natal.

“Panamá no extradita a sus ciudadanos, por lo que si los hijos de Martinelli no son extraditados a Estados Unidos desde Guatemala y en su lugar regresan a casa, su destino estará en manos de los mismos tribunales que están ayudando a silenciar a La Prensa. Las democracias rara vez sobreviven a tales abusos si se les permite pasar sin control”, argumentó el Journal.

 Realidad de Singapur

Sin embargo en el caso de Singapur, es el mundo al revés. No son los medios los que controlan la democracia, sino un régimen unipartidista de casi medio siglo en el poder el que mantiene un férreo control sobre los medios de comunicación.

Las elecciones de la semana pasada, las primeras celebradas en el Sudeste Asiático, en tiempos del coronavirus, permitió a  Lee, que cobra $1.6 millones anuales de salario, renovar su mandato como líder del Partido de Acción Popular, en el poder desde que la isla se independizó en  1965 de Gran Bretaña.

Como la votación es obligatoria, hubo una participación del 94% de los 2.6 millones de electores registrados y Lee obtuvo el 61% de los votos, lo que le permitió asegurar 83 de los 93 escaños del parlamento. Los otros 10 asientos se lo distribuyeron los tres débiles partidos opositores que, de acuerdo a analistas,  le hacen el juego al régimen para dar un cierto aire democrático.

La relación del poder con los medios de comunicación revela, además, graves sombras autoritarias. No solo porque el fondo de inversión Temasek, manejado por la esposa del primer ministro –cuya cartera según Forbes creció en los últimos 16  años de régimen de su marido hasta superar los $235,000 millones- controla la mayoría de medios de comunicación del país, sino porque los demás también están ligados al poder.

Singapore Press Holding, está en manos de un grupo privado, con estrechos vínculos con Lee. Además, el año pasado, el parlamento aprobó una ley contra las noticias falsas, desoyendo las críticas desde el exterior de organismos de derechos humanos que interpretaron la medida como una herramienta para reprimir la libertad de expresión y de prensa en Singapur.

El control sobre los medios por parte de Lee es una política heredada de su padre. Lee Kuan Yew, descendiente de inmigrantes chinos, mantuvo un brutal control político sobre cada aspecto del Estado, encarcelando y asesinando periodistas críticos del régimen. Según unas palabras del difunto dictador, quien murió en el 2015 a los 91 años de edad, recogidas por la cadena británica BBC: «En un país en desarrollo algunas libertades tenían que ser sacrificadas y el concepto occidental de la democracia liberal no podía aplicarse» en Singapur.