El impacto de la pandemia por Covid-19 en el empleo, ha ido deteriorando la situación económica y social de miles de familias panameñas. Las estimaciones realizadas por economistas y el sector gubernamental, coinciden en que la tasa de desempleo caerá en terreno negativo con dos dígitos. Un resultado de esto es que la informalidad escalaría un 50%, aumentaría la pobreza, y la desigualdad social. Un escenario sombrío en circunstancias inéditas que además está siendo presionado por la incertidumbre que causa la reactivación gradual de las actividades económica hacia la llamada “nueva normalidad”.
Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, en el programa Radar transmitido por TVN el pasado domingo, dijo que se ha registrado la suspensión de alrededor 200 mil contratos, cifra que no incluye los despidos y las suspensiones no registradas, y estimó la caída del empleo en un 20%.
La economista Maribel Gordón, coincide con esa estimación. En entrevista con este medio, explicó que el mercado laboral local está en un proceso de contracción, en términos de la generación de puestos de empleos, salarios y condiciones laborales, por lo que prevé un aumento exponencial del subempleo, porque las consecuencias económicas de la pandemia Covid-19 se traducirían en reducciones de las horas de trabajo y de salarios, agregó.
La tendencia del mercado laboral panameño antes de Covid-19, dijo Gordón, era hacia la informalidad. Los datos registraron un total de 716 mil 113 empleos informales no agrícolas, es decir, aproximadamente 45 de cada cien ocupados, tuvo un empleo informal. Un promedio nacional que, era superior en 7 de las 10 provincias del país. Y es que de acuerdo con la especialista, en los últimos cinco años, el 85% del empleo que se ha generado en Panamá ha sido informal.
Esta tendencia hacia la informalidad, como revela, superaría el 50%, lo que significa mayor precariedad laboral; es decir, inestabilidad, bajos salarios, no prestaciones de seguridad social, entre otras mermas en lo que se refiere a los derechos laborales. Como recordó, una mayor informalidad implica menores recaudaciones fiscales y pérdida de bienestar humano.
La apertura gradual de las actividades económicas hacia la “nueva normalidad”, plantea que las que, por su naturaleza, congreguen más personas y un posible aumento del contacto social, se reactiven de último. Se trata, fundamentalmente del sector de servicios, el motor de la economía panameña.
Gordón advirtió que el sector terciario ocupa el 67.9% de la población económicamente activa, es decir, 1 millón 303 mil 749 personas, y la mayoría de las empresas que han solicitado suspensión de contratos, operan en ese sector.
Para la economista, la reapertura en general está significando una disminución de derechos laborales porque las empresas están gestando este proceso con menor personal, jornadas laborales reducidas, reducción salarial, no prestaciones de seguridad social y no reconocimiento efectivo de derechos adquiridos antes de la COVID-19. Es decir, “se pretenden resarcir pérdidas a través de la disminución de los costos laborales, a pesar del rescate empresarial desde el Estado”, añadió.
Gordón estimó que el impacto en la economía de las personas será significativo, al ver disminuida su capacidad adquisitiva por el recorte de salarios o ingresos. La brecha entre salario y costo de vida – estimado antes del COVID-19 en aproximadamente mil balboas mensuales-, se duplicará en la medida que los salarios disminuyen y los precios de los bienes y servicios aumentan. En consecuencias, al reducirse el poder de compra de la mayoría de la población, la recuperación macroeconómica se inhibirá.
Ante este panorama incierto y negativo, Gordón concluyó que para mitigar los efectos negativos de la pandemia Covid- 19, el gobierno debe garantizar medidas de política económica que permitan preservar los empleos y salarios de los trabajadores, de lo contrario los niveles de pobreza en el país se incrementaran, y por ende la desigualdad social.
