La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, frente a los últimos delitos de femicidio ocurridos, y en seguimiento a lo expuesto en el comunicado del 29 de marzo de 2020, donde se alertaba a las autoridades del posible incremento de la violencia contra las mujeres, debido al estado de Cuarentena Total, producto de la pandemia de CoVid-19; realiza algunas recomendaciones al Estado, para fortalecer la acción en la materia.

Como Institución Nacional de Derechos Humanos, aplaudimos que la problemática de la violencia contra las mujeres, su prevención y atención, haya tomado mayor preponderancia en las comunicaciones oficiales del Estado. Instamos a continuar con esta práctica, ampliándola a todos los canales posibles de comunicación, en diversidad de horarios, incluyendo mensajes radiales, de texto, volantes informativas en establecimientos de expendio de medicamentos o alimentos; con la finalidad que la información también pueda llegar a las zonas rurales e indígenas o aquellas mujeres que producto de la violencia, no tengan acceso o se les dificulte acceder a los canales tradicionales de comunicación.

Reconocemos el esfuerzo realizado para contar con líneas de atención gratuitas, 24/7, para la orientación ante posibles situaciones de violencia; y la permanencia de los servicios especializados en violencia activos, para la presentación de las denuncias.

Exhortamos a todas las entidades involucradas, en particular al Ministerio de Seguridad, a redoblar los esfuerzos para atender los llamados de auxilio, dado que puede ser la única alternativa que tengan las mujeres o las personas que son testigos de la violencia, ante agresiones inminentes. Recordamos que los protocolos existentes, obligan a los Estamentos de Seguridad, como primeros intervinientes, a acudir al lugar de los hechos, trasladar a la víctima para atención médica, en caso que lo requiera, y posteriormente a la sede del Ministerio Público para la interposición de la denuncia; así como a la aprehensión de la persona agresora, para ponerla a órdenes de la autoridad competente.

Es importante, que la atención médica que deben recibir las mujeres víctimas de violencia, incluyendo en caso de delitos sexuales, como los tratamientos antirretrovirales y la anticoncepción oral de emergencia, para la prevención de embarazos; se establezca mediante una ruta clara, para que esta atención, no la ponga en riesgo de contraer el Covid-19. También que se pueda facilitar y/o brindar el apoyo, si se requiere, para la movilidad de las mujeres, en casos de violencia, a través de los Estamentos de Seguridad, en particular, en zonas apartadas, rurales o de difícil acceso.

Recordamos a las autoridades competentes, de la importancia de las evaluaciones médico legales oportunas, y la necesidad de aplicar las medidas de protección existentes en la Ley, de acuerdo al riesgo que presente la víctima, incluyendo el desalojo de la persona agresora y/o el traslado de la mujer sobreviviente, hijas e hijos, a los centros de acogida o albergues coordinados por el Estado, para lo cual, también se debe, de ser necesario, adecuar los protocolos existentes para minimizar cualquier riesgo de afectación mayor de la salud.

Finalmente, instamos a que la información detallada sobre los servicios disponibles y protocolos de actuación actuales, puedan ser informados de manera clara y oportuna a la población; y se mantengan en lugares visibles y de fácil acceso, en las páginas y redes de comunicación oficiales.

Como Institución Nacional de Derechos Humanos, reiteramos el llamado a la población, para que se convierta en “vecinos vigilantes”, para alertar a las autoridades ante cualquier hecho de violencia en el hogar; de manera de prevenir nuevas agresiones o desenlaces fatales, como los femicidios.