Los fondos de jubilación de la Caja de Seguro Social se encuentran en la mira de grupos empresariales que buscan instaurar administradoras privadas, una propuesta que debería encender todas las alarmas. La historia reciente nos advierte sobre los peligros de poner el bienestar de los trabajadores en manos de intereses privados.

El caso chileno es un ejemplo aleccionador. Desde 1981, su sistema de AFP ha sido objeto de críticas por generar pensiones insuficientes, perpetuar desigualdades y exponer a los jubilados a los caprichos del mercado. La falta de regulación efectiva ha permitido que las administradoras prioricen sus ganancias sobre el bienestar de los afiliados.

En nuestro propio país, los últimos cincuenta años están plagados de precedentes funestos en los negocios entre el Estado y el sector privado: ineficiencia, corrupción y enriquecimiento particular a costa del bienestar colectivo. Entregar los fondos de jubilación a estos grupos sería arriesgar el futuro de miles de trabajadores.

Es imperativo defender nuestro sistema de seguridad social. La codicia y la rapiña particular no deben determinar el destino de quienes han contribuido toda su vida laboral. El bienestar de nuestros jubilados no es negociable.