La igualdad democrática es un principio fundamental que sostiene que cada ciudadano debe tener el mismo peso en las decisiones colectivas, simbolizado por la máxima de que «cada persona es un voto». Este principio es crucial porque garantiza que cada individuo tiene una voz igual en el proceso democrático, independientemente de su estatus económico, educación, género, etnia o cualquier otra característica personal.

La importancia de que cada voto tenga el mismo valor radica en su capacidad para fomentar un sistema justo donde todos los ciudadanos son igualmente importantes en la toma de decisiones que afectan la comunidad en su conjunto. Este enfoque promueve una sociedad más equitativa al obligar a los líderes políticos a considerar las necesidades y deseos de todos los ciudadanos, no solo de aquellos que podrían tener más recursos o influencia.

Además, este principio de igualdad en el voto ayuda a prevenir la concentración del poder y promueve la rendición de cuentas, ya que los gobernantes deben ganar el apoyo de una amplia base de votantes para ser elegidos. Esto es esencial para evitar la tiranía de minorías y para asegurar que las políticas públicas reflejen los intereses de la mayoría.

En Panamá, las perversas aritméticas electorales del cociente, medio cociente y residuo pervierten ese principio de igualdad democrática, concediendo el triunfo a candidatos que no han recibido el aval de los electores y dejando por fuera a otros aspirantes con mayor cantidad de votos obtenidos. Este nefasto sistema tiene que extirparse si de veras aspiramos a una saludable democracia; una donde se respete la voluntad ciudadana expresada por medio del voto. En fin, una democracia libre de esos engendros aritméticos que se burlan de la voluntad popular.