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Etiqueta: voto

Números perversos

La igualdad democrática es un principio fundamental que sostiene que cada ciudadano debe tener el mismo peso en las decisiones colectivas, simbolizado por la máxima de que «cada persona es un voto». Este principio es crucial porque garantiza que cada individuo tiene una voz igual en el proceso democrático, independientemente de su estatus económico, educación, género, etnia o cualquier otra característica personal.

La importancia de que cada voto tenga el mismo valor radica en su capacidad para fomentar un sistema justo donde todos los ciudadanos son igualmente importantes en la toma de decisiones que afectan la comunidad en su conjunto. Este enfoque promueve una sociedad más equitativa al obligar a los líderes políticos a considerar las necesidades y deseos de todos los ciudadanos, no solo de aquellos que podrían tener más recursos o influencia.

Además, este principio de igualdad en el voto ayuda a prevenir la concentración del poder y promueve la rendición de cuentas, ya que los gobernantes deben ganar el apoyo de una amplia base de votantes para ser elegidos. Esto es esencial para evitar la tiranía de minorías y para asegurar que las políticas públicas reflejen los intereses de la mayoría.

En Panamá, las perversas aritméticas electorales del cociente, medio cociente y residuo pervierten ese principio de igualdad democrática, concediendo el triunfo a candidatos que no han recibido el aval de los electores y dejando por fuera a otros aspirantes con mayor cantidad de votos obtenidos. Este nefasto sistema tiene que extirparse si de veras aspiramos a una saludable democracia; una donde se respete la voluntad ciudadana expresada por medio del voto. En fin, una democracia libre de esos engendros aritméticos que se burlan de la voluntad popular.

El fantasma que acecha

Desde tiempos inmemoriales, la democracia ha sido esa esperanza dorada que promete dar voz al pueblo. Pero si echamos un vistazo al panorama actual de Latinoamérica, y especialmente a cómo las cosas se han estado desarrollando en Panamá, pareciera que esa esperanza está en juego. ¿Qué pasa cuando la democracia ya no parece ser tan brillante? ¿Cuándo, en vez de sentirnos representados, sentimos que se nos va la voz en el griterío político?

Si nos ponemos a contar, en la última década, varios países latinoamericanos han experimentado movimientos que muestran un desencanto hacia la democracia. Esta desilusión no es cosa de juegos. Mucha gente siente que aquellos a quienes confiaron su voto en las urnas, ya no los representan y que la corrupción y la desigualdad son la orden del día.

En Panamá, cuya historia democrática ha tenido sus altibajos, se comienza a escuchar el susurro de ese desencanto. Las manifestaciones de 2022, en donde miles clamaron por una justicia más transparente y contra la corrupción rampante, son un claro testimonio de esto. Y ahí es donde el fantasma autoritario asoma. Con el descontento brota la tentación de buscar soluciones rápidas, líderes «fuertes» que prometen poner orden a cualquier precio.

Por supuesto, no es de extrañar que, ante la frustración y la decepción, muchos busquen un cambio. Pero la historia nos ha enseñado que, cuando se cede poder en aras de la estabilidad, a menudo se paga un precio muy alto. Un gobierno autoritario puede traer estabilidad a corto plazo, y alguna serie de cambios que provoquen el aplauso popular, pero a la larga, los derechos y libertades del pueblo suelen ser los primeros en ser sacrificados.

Latinoamérica, y Panamá en particular, se encuentran en una encrucijada. Es esencial que reflexionemos sobre la dirección que deseamos tomar. No se trata de quedarse de brazos cruzados, sino de luchar por una democracia más robusta y representativa, en lugar de ceder ante la seducción del autoritarismo. Después de todo, como ciudadanos, tenemos no solo el derecho, sino también la responsabilidad de construir un futuro mejor.

TE rechaza cuestionamientos del informe de la Defensoría del Pueblo sobre las Elecciones Comarcales 2022

El Tribunal Electoral ha rechazado de forma categórica, versiones de la prensa basadas en un informe emitido por la Defensoría del Pueblo en el que se señala que hubo falta de personal de la institución en los centros de votación y que también se apreció la ausencia del Padrón de Consulta en las mesas de votación durante las elecciones del pasado 13 de febrero de 2022 en la Comarca Ngäbe-Buglé.

La institución ha informado que en los 337 centros de votación ubicados a lo largo de la comarca, el 88 % tenían entre una y dos mesas, mientras que el centro de votación más grande tenía solo seis mesas de las 493 habilitadas.

Para esta contienda electoral se contó con el personal asignado y con los insumos elementales para el desarrollo de las votaciones, prueba de ello es que todas las mesas funcionaron de forma ininterrumpida durante los comicios para la elección de las autoridades tradicionales y delegados al congreso comarcal. Lo mismo ocurrió en todas las juntas de escrutinio que desarrollaron el conteo de los votos de forma transparente.

Osman Valdés, director de Organización Electoral indicó que los cerca de 3 mil 500 funcionarios asignados a esta elección comarcal ejecutaron una labor efectiva, a pesar de las dificultades geográficas y climáticas de la región. Agregó que en los centros de votación con más de tres (3) mesas en donde se requirió de un documento de consulta para orientar a los electores, la institución habilitó personal con terminales de computadora para brindar información a los votantes.

Redacción

En el carrito

Los atisbos, que han sido muchos y muy frecuentes durante los últimos meses, insinúan una campaña electoral que en nada será diferente de las anteriores. Con su abundante surtido de promesas, negociaciones por espacios electorales, alianzas con el foco puesto más en los intereses partidistas que en las necesidades ciudadanas, su infaltable cuota de populismo y demás yerbas acostumbradas, nada hace prever que los problemas legados por la pandemia cambiarán el tono y la tesitura del próximo torneo electorero.

Como siempre, los problemas, las necesidades y las expectativas populares serán tomadas en cuenta sólo para construir sobre ellas la maraña de promesas y castillos en el aire que sean necesarios para ganar simpatías y procurarse el voto ciudadano. La ausencia de auténticos planes de desarrollo y de estrategias para afrontar las grandes cuestiones comunitarias y nacionales seguirá como nota característica de estos eventos que han terminado por servir a unos pocos en detrimento del bienestar de los muchos.

Para muestra el botón de los altos precios de los medicamentos. Cada vez son más los personajes que se suben a ese carrito buscando protagonismo y ganar simpatías: algunos con ya confesadas intenciones de optar por primera vez a algún puesto de elección y otros para seguir obteniendo beneficios del que ocupan.

Como resulta evidente, los altos precios de las medicinas es un problema de vieja data, al igual que el resto de las cuestiones más graves que afronta el país. Y la nota destacada es la ausencia de propuestas y acciones concretas que se hayan planteado o ejecutado para resolverlas. Corresponde a los electores examinar responsablemente a quienes desde ya se proponen como los redentores nacionales- y a los que vayan surgiendo – para madurar un juicio crítico que apunte a una verdadera renovación del ejercicio y la gestión política; donde destaque el respeto a la ley, la eficiencia administrativa y, sobre todo, el olvidado paradigma del “interés general”.

La igualdad sin aritméticas

Hoy sería complicado, por no decir que imposible, practicar la democracia directa tal como se hacía en Grecia y la Roma clásicas, donde las instituciones políticas estaban organizadas alrededor de una asamblea a la que acudían los “ciudadanos” para decidir colectivamente los asuntos de gobierno. Solamente el elemento demográfico constituye, en estos tiempos, una barrera infranqueable para semejante práctica: decenas de miles de personas reunidas en cualquier asamblea intentando imponer sus criterios o recomendaciones, resulta una escena inimaginable. El resultado evidente, además de la prodigiosa batahola, sería un perenne e insuperable desacuerdo donde cada cual buscaría su interés en particular o el de sus parientes y amigos cercano sin lograr acuerdos. Como respuesta para superar esos inconvenientes surgió la democracia representativa; aquella en la cual se escoge a un grupo de “ciudadanos” que representarán y abogarán por los intereses colectivos de sus electores: aquellos otros ciudadanos que por medio del voto depositan en ellos su confianza.

La base de esta representatividad reside, desde los orígenes, en el concepto de “un ciudadano, un voto” y en que ese voto tiene el mismo valor que los del resto de los electores: ninguno vale más que otro. Sin distinciones de raza, fortuna, color, sexo ni de cualquier otra: cada voto es igual a los del resto. He ahí el corazón de la democracia como sistema de gobierno fundamentado en el principio moral de la igualdad política.

Pero, algo no camina bien cuando en ese gobierno “representativo” se asignan puestos a unos candidatos sobre otros a pesar de obtener menos votos. Cuando quedan por fuera de la asamblea candidatos que, en las urnas, obtuvieron más votos que algunos de los sentados en las curules se atenta contra el principio y el corazón de la democracia. Se requiere atender el sistema de repartición de los puestos porque, a pesar de las buenas intenciones y las preocupaciones en torno a la “representación” de las minorías, el proceso ha degenerado caminando a contravía de la igualdad en las urnas. Lo único que han logrado estas aritméticas electorales es sacar del sombrero del mago decenas de miles de votos “fantasmas” que conceden curules a quienes no cuentan con la confianza ciudadana expresada en el sufragio. El tema requiere considerarse atentamente, libre de intereses políticos y partidistas: hacia esa exigencia apunta el descontento ciudadano expresado consistentemente en las últimas semanas.