El fuero penal electoral en Panamá ha sido objeto de controversia y crítica a lo largo de los años, transformándose en un mecanismo que, en lugar de proteger la integridad del proceso electoral, ha derivado en un escudo de impunidad para ciertos actores políticos. Originalmente concebido como un privilegio para garantizar un terreno de juego equitativo durante los periodos electorales, su aplicación y alcance han mutado, permitiendo a los políticos y candidatos evadir responsabilidades legales y obstaculizar investigaciones por actos ilícitos.
Esta degeneración del fuero penal electoral ha tenido consecuencias perniciosas tanto para el sistema de justicia como para la democracia panameña. En primer lugar, el daño al sistema de justicia es palpable. La imposibilidad de procesar a individuos con fuero electoral sin un procedimiento especial no solo ralentiza las investigaciones, sino que, en muchos casos, conduce a la completa paralización de estas. Esto erosiona la confianza pública en las instituciones judiciales y alimenta la percepción de que existe una disparidad en el trato de los ciudadanos ante la ley, dependiendo de su afiliación política o poder económico.
Para la democracia, el impacto es igualmente grave. El abuso del fuero penal electoral socava los principios de igualdad, transparencia y rendición de cuentas que son esenciales para un sistema democrático saludable. Al ofrecer un escudo de impunidad, se incentiva la corrupción y se debilitan los mecanismos de control y balance entre poderes. El electorado, al observar cómo se manipula la justicia para beneficiar intereses particulares, puede experimentar una creciente desilusión y desconfianza hacia el proceso electoral y las instituciones democráticas en general. La necesidad de reformar el fuero penal electoral es imperativa para restaurar la fe en el sistema de justicia y fortalecer la democracia en Panamá. Una revisión exhaustiva que limite su alcance y asegure que no se convierta en un instrumento de impunidad contribuiría significativamente a reestablecer la equidad y la justicia, pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.
