Desde 1990 algunos medios de comunicación (La Prensa, TVN, La Estrella, emisoras radiales) se han convertido en los eternos denunciantes de actos de corrupción gubernamental. ¿Qué efectividad han tenido estas denuncias? Ninguna.
De conformidad con el índice de corrupción publicado por Transparencia Panamá de 51 en el año 2001 hemos pasado a 101. Es decir, en 21 años hemos duplicado la percepción de la corrupción en Panamá. Qué eventos significativos han permitido que la situación se deteriore a esos niveles: en mi opinión, los excedentes del Canal de Panamá transferidos al Tesoro Nacional. Hay más corrupción en Panamá pues hay más plata en las arcas del Estado. Triste es esta realidad y observando la vida política nacional nos damos cuenta de que ya las denuncias no tienen un impacto en la clase política. Lo que diga La Prensa o la tv les sabe en buen panameño “a cake”. Seguir esta metodología para minimizar los actos de corrupción no ha logrado impacto alguno. Es más, podría inclusive decir que desviar los fondos del Estado para propósitos privados ha sufrido una transformación sustancial donde ni siquiera un mecanismo de revisión de los procesos legales de contratación y desembolso logran desnudar a los corruptos. Se puede robar cumpliendo estrictamente con la ley y los procedimientos legales establecidos. Y esas desviaciones de los fondos públicos se disfrazan mediante contratos accesorios, subcontrataciones, costos de financiamiento bancarios entre otros. Es común los negocios de transporte, personal de planilla, venta y alquiler de vehículos en muchas de las contrataciones públicas en manos de diputados, ministros y otros funcionarios. Claro, en un contubernio entre contratista afortunado y político. En otros casos, construcciones adicionales o mejoras efectuadas en proyectos paralelos explotados por funcionarios. Hoy en día como nunca, los diputados y funcionarios se ríen de las denuncias formuladas por los medios de comunicación. Saben muy bien todo efecto es temporal y pasa al olvido. Entonces, claro está, esa metodología para combatir la corrupción en Panamá es ineficaz y sin resultados.
¿Que podría limitar los efectos de la corrupción en Panamá? Hay varias acciones importantes. Primero. Se ha descuidado la innovación tecnológica para transparentar los procesos. Los programas tecnológicos pueden impedir a los funcionarios aplicar criterios de discrecionalidad y con ello se va estrechando el horizonte de la corrupción. Por ejemplo: la aprobación de planos en las instituciones municipales. Ningún funcionario puede retener un plano sin una disposición legal que no se haya cumplido y el proceso continúa a su siguiente fase automáticamente si se completan los requerimientos. Integrar a todos las instituciones involucradas en el proceso y abrir el acceso tanto para el público en general como para los supervisores jerárquicamente superiores haría todo proceso gubernamental transparente.
Mejorar los procesos de pago de las cuentas del Estado eliminando el “papel” y estableciendo límites de tiempo en la operación. La tecnología ayudaría enormemente a disminuir la corrupción, sin embargo, desde el 2009 la Autoridad de Innovación Gubernamental se ha quedado congelada en sus siglas. (AIG)
El otro factor importante es crear la oficina de responsabilidad profesional en cada institución inspeccionando la vida económica de cada funcionario y sometiendo los actos extraordinarios de adquisición, consumo o incremento patrimonial a un proceso de conocimiento y aprobación.
Estos funcionarios deberían ser de la Contraloría o de la Autoridad Nacional de Transparencia con facultades de penas disciplinarias.
Si bien algunos catalogan a la corrupción como un problema cultural de las sociedades, si en realidad quisiéramos erradicarla como política de buen gobierno debemos reeducar a la población para que entienda los efectos nocivos de la misma. Nos hemos acostumbrado a comer mermelada: todos quieren mermelada. Desde quienes aspiran a entrar al gobierno aduciendo participación en los torneos electorales apoyando a los triunfadores, como los grupos de presión que si bien no tienen acceso a la administración pública quieren mermelada para calmar sus ánimos. Empresarios, grupos gremiales, sindicatos, medios de comunicación, periodistas y políticos todos forman parte de ese conglomerado tentados por la mermelada del Estado.
