Una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechada 9 de febrero de 2024, comunica que la Embajadora de Nicaragua en Panamá, Consuelo Sandoval Meza, fue convocada al Despacho Superior donde se le entregó la Nota DM-MIRE-2024-013186 de 9 de febrero de 2024, en la cual consta que la solicitud de salvoconducto para la salida del territorio de la República de Panamá del ciudadano panameño Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, ha sido denegada sustentando tal decisión en lo que dispone el artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933.
La Convención de 1928 establece en el artículo citado que:
“No es lícito a los Estados dar asilo en Legaciones, navíos de guerra, campamentos o aeronaves militares, a personas acusadas o condenadas por delitos comunes ni a desertores de tierra y mar./ Las personas acusadas o condenadas por delitos comunes que se refugiaren en alguno de los lugares señalados en el párrafo precedente deberán ser entregadas tan pronto como lo requiera el gobierno local./ Si dichas personas se refugiaren en territorio extranjero la entrega se efectuará mediante extradición, y solo en los casos y en la forma que establezcan los respectivos Tratados y Convenciones o la Constitución y leyes del país de refugio.”
El Despacho Superior de la Cancillería también recordó a la Embajadora de Nicaragua que, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, tiene la obligación de velar porque las instalaciones diplomáticas no sean utilizadas de «manera incompatible». Respecto a esto, advirtió que “toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal desde la sede diplomática y repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá, será considerada una injerencia en los asuntos internos de nuestro país y, por tanto, generará consecuencias diplomáticas”.
Por otra parte, en un mensaje divulgado por la red X (antes Twitter), el Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, señaló que “La concesión de asilo por parte de Ortega-Murillo al ex presidente panameño Ricardo Martinelli en Nicaragua es otra medida más para socavar el Estado de Derecho y subvertir la justicia. Los funcionarios gubernamentales que traicionan la confianza pública deben rendir cuentas”
