Dentro de un breve lapso de apenas siete días, dos personas involucradas en la política nacional panameña caen abatidas por armas de fuego en plena calle. Uno, representante de corregimiento y presidente de un consejo municipal; el otro, candidato a vicealcalde en un importante distrito cercano a la capital del país.

En ambos casos, fuera del ámbito personal y familiar de los involucrados, la irrupción de la violencia criminal en el escenario político se ha dado ante la más absoluta indiferencia de la ciudadanía, las autoridades gubernamentales y, sobre todo, de los organismos de seguridad pública.

Panamá se había caracterizado por mantenerse al margen de este tipo de escenarios cuando el resto de los países vecinos era sacudido por esta violencia social y política; por lo que la actitud de indiferencia señalada resulta peligrosa porque abona el terreno para la normalización de estos comportamientos extremos.

Resulta de crucial importancia que las autoridades pertinentes realicen las investigaciones requeridas para deslindar responsabilidades y establecer las motivaciones detrás de tales eventos. La nación no se puede permitir pasar por alto la gravedad de lo ocurrido, lo cual contribuiría a darle más fuerza a las sospechas y a los señalamientos que desde hace un tiempo apuntan a la incursión del crimen organizado en la política del patio. La verdad de los hechos resulta obligatoria en momentos en los que el país se sacude por el descontento generalizado motivado, entre otras muchas razones, por la falta de transparencia en la gestión de quienes gobiernan.