Todos quieren un cambio y sin embargo no saben cómo el cambio puede enrumbar al país. Opinamos sobre todo lo que nos disgusta, pero desconocemos las causas de muchas de nuestras decisiones políticas. Creemos en la Constituyente como la fórmula para promover un cambio, pero no estamos seguro de que debe contener esta constitución para lograr los cambios necesarios.
No nos damos cuenta, pero al final, por encima de los Estados, ya existen unas estructuras oligopólicas creadas para direccionar a los Estados según unos parámetros económicos y culturales aceptados por los países más desarrollados.
Ni la soberanía es hoy lo que era, ni el derecho es lo que era. Tampoco el Órgano Legislativo crea leyes surgidas del consenso nacional ni ejerce algún control sobre la dirección económica del país. Como la política y la economía hoy son globales, le han roto el esquema mental a millones de ciudadanos que apenas conocen algo de su país, su provincia, su distrito, su corregimiento o su barrio.
Pero en esta apertura democrática de los espacios públicos todos somos expertos en todo y creemos sin análisis, sin visión, sin entendimiento, sin estudio o lectura, tener la absoluta verdad de lo que está ocurriendo. Estamos tan enredados y confundidos que nos preocupa el endeudamiento público y obviamos nuestras propias finanzas personales. Estoy seguro que, tras un análisis patrimonial, si tenemos casa financiada, tarjetas de crédito, préstamos personales, nuestra condición financiera es peor a la del Estado. Pero nadie ve eso. Si no es así hágase su propio análisis y sume todas sus deudas y compárelas con su estado patrimonial y descubrirá como se verá si se ve obligado a hacerle frente a todas. Entrará en una situación de insolvencia. Es más, estoy seguro que una reducción del flujo dinerario mensual le mueve el piso y lo hace colapsar. Pero esto no es lo más importante. Lo importante es Fitch, Standard & Poor, Moody y todo lo que puedan decir las calificadoras de riesgo para beneficio de sus acreedores del Estado. Es decir, la opinión de las calificadoras no va en función de lo que se debe, sino en la capacidad del Estado de poder asumir nuevas deudas. Entonces hay una especie de oxímoron en este planteamiento.
Alguien muy sabiamente me decía: pueden existir todas las leyes, pero si no está en el presupuesto es letra muerta. Una gran verdad. Nada vale asignarle un porcentaje del presupuesto a la educación o a la salud si al elaborar el presupuesto no se incorporan los montos establecidos.
Una nueva constitución requerirá jerarquizar los derechos sociales como un reducto protegido de las afectaciones de los poderes públicos, donde, por razón de la contención del gasto, no se sacrifique la educación, la salud y la seguridad pública para cumplir con otras tareas públicas de menor jerarquía.
En vez de ahorrar para contener el gasto público, se ahorra para garantizar tales obligaciones primarias del Estado tomando en cuenta un límite infranqueable de los presupuestos nacionales.
Hoy el campo económico está supeditado a patrones y conductas impuestas por las instituciones financieras internacionales, las agencias crediticias que califican el riesgo y las nuevas agrupaciones de países desarrollados como el G7, G8 y G20. El objetivo es lo económico visto desde el punto de vista de los acreedores y no desde la condición humana y su necesidad de proyectarse en condiciones saludables y optimas frente a la sociedad. Si no sigues los patrones establecidos te presionan la avalancha de medios informativos económicos internacionales influenciando en gran medida las veletas periodísticas de nuestros países que como papagayos van repitiendo el discurso dominante. Las decisiones económicas en el campo político están limitadas por considerarse al político como estructuralmente incapaz de gestionar racionalmente los recursos financieros en beneficio de sus propios ciudadanos. Por ello, las políticas públicas, por muy originales que pueda desarrollar cualquier partido y líder político, se encuentran castradas desde su enunciación por imposibilidad de ejecución.
El modelo económico liberal aunado a su mundialización esta hoy en día por encima de la Constitución de los Estados. Igualmente, el comercio internacional y la inversión extranjera. El Estado puede hoy quitar los bienes a sus ciudadanos y maltratarlos a su entera discreción, pero ¡ay que desestabilice una inversión extranjera para que observe las consecuencias económicas onerosas que pagará por tales actos! La discriminación económica existe y el derecho que pasa por nuestros órganos legislativos ya viene sazonada, condimentado y listo para consumir por decisiones que tomaron otros a niveles supranacionales foráneos.
