A lo largo de los últimos 20 años, según anota el Atlas de la Escasez de Agua de la Unesco, en el mundo se han dado unos 37 conflictos internacionales por causa del mencionado líquido. Y, mientras no se logre un acuerdo que las comprometa, el fantasma de esas desavenencias seguirá amenazando a las 153 naciones que comparten ríos, lagos y aguas subterráneas.

Con ese objetivo surgió la Convención del Agua de la Organización de las Naciones Unidas: para prevenir y solucionar los desacuerdos transfronterizos que surjan a causa del agua dulce, estableciendo las normas y principios para su gestión equitativa, eficiente y sostenible.

Panamá cuenta con una media per cápita de unos 33 mil metros cúbicos de agua dulce, la cual supera casi seis veces la media mundial. Estos recursos son utilizados principalmente en la agricultura, la industria, la pesca, la navegación, la producción de energía hidroeléctrica y el abastecimiento humano.

Al suscribirse a la Convención, el país marca un hito y se convierte en el primero de América Latina en firmar y contar con el marco regulatorio para gestionar las cuencas fluviales transfronterizas – compartidas con Costa Rica y Colombia- cuya superficie representa cerca del 25 por ciento del territorio nacional.

El agua es un aspecto fundamental en torno al cual se han tejido la historia y las expectativas nacionales; contar con la normativa para zanjar las diferencias que puedan surgir con quienes se comparte, resulta de crucial importancia para la convivencia pacífica y la estabilidad de la nación.